Emiten recomendación a Sinaloa por desplazamiento forzado de personas
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Martes 10 de Octubre de 2017 1:43 pm
+ -La CNDH emitió una recomendación dirigida al gobernador de Sinaloa, al fiscal y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, por ser omisas en el desplazamiento forzado interno de 2 mil 38 personas a causa de la violencia que se vive por el crimen organizado.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación dirigida al gobernador de Sinaloa, al fiscal y a los alcaldes de Sinaloa de Leyva y Choix, por ser omisas en el desplazamiento forzado interno de 2 mil 38 personas a causa de la violencia que se vive por el crimen organizado.
El organismo que encabeza el ómbudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, consideró que hubo violaciones en los derechos de las personas que fueron desplazadas entre los años 2012 y 2015.
La recomendación 39/2017 es dirigida al gobernador Quirino Ordaz Coppel; al Fiscal General estatal, Juan José Ríos Estavillo, y los Presidentes Municipales de Sinaloa de Leyva, María Beatriz León Rubio y de Choix, José Lindolfo Reyes Gutiérrez.
"Aunque diferentes autoridades municipales y estatales conocieron la situación del desplazamiento forzado como consecuencia de la violencia que impera en esas localidades, omitieron protegerlas, con lo cual vulneraron sus derechos humanos a la seguridad personal, al acceso a la justicia, a la libertad de circulación y residencia, y a no ser desplazado forzadamente", sostuvo la CNDH.
Pidió a las autoridades antes mencionadas que diseñen e implementen un programa de reparación integral colectiva, que brinde a las personas desplazadas condiciones dignas de vida y puedan restablecer sus medios de subsistencia, llevando a cabo un diagnóstico sobre la situación actual de esas personas, y se les brinde atención médica y psicológica.
Realizar un censo que confirme cuántas personas fueron desplazadas de esos municipios de enero a mayo de 2012, y en todo el estado; que diseñen e implementen dos campañas de información, una para comunicar a esas personas cuáles son sus derechos y a quién pueden acudir para la protección de los mismos, y otra dirigida a servidores públicos que tengan contacto con ellas para sensibilizarlos sobre la obligación que tienen de garantizar y proteger tales derechos.
EL UNIVERSAL
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