PGR ofrece recompensa por trabajadores del SAT desaparecidos
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Martes 31 de Julio de 2018 6:29 pm
+ -La PGR ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, trabajadores del SAT desaparecidos en junio de 2016 en Tlatlaya, Estado de México.
La Procuraduría General de la República (PGR) ofrece una recompensa de hasta un millón 500 mil pesos a quien o quienes proporcionen información veraz y útil, que coadyuve a la localización de Saúl Ortega Montiel y Hugo Arochi Roa, trabajadores del Servicio de Administración Tributaria (SAT) desaparecidos en junio de 2016 en Tlatlaya, Estado de México.
Ambos notificadores acudieron al municipio mexiquense, ubicado al sur de la entidad, a realizar actividades laborales, sin embargo el SAT perdió contacto con ellos y desde el 16 de junio de 2016 no se sabe nada de ellos.
La Unidad Especializada en Investigación de Delitos en Materia de Secuestro (UEIDMS), adscrita a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), inició una investigación por el delito de secuestro y los que resulten en agravio de Ortega Montiel y Arochi Roa, de 37 y 50 años, respectivamente.
De acuerdo con las autoridades, los notificadores viajaban en una camioneta tipo pick up doble cabina Dodge Dakota, modelo 2011, color plata, con matrícula de circulación 707 XNW. Hasta el momento no se tienen indicios sobre su paradero, reconoce Manzur.
La PGR precisó que la información que aporten los particulares sobre los hechos será recibida en Paseo de la Reforma, número 75, primer piso, colonia. Guerrero, delegación Cuauhtémoc; al correo electrónico denunciapgr@pgr.gob.mx; o a los números telefónicos (55) 53-46-38-67 y (55) 53-46-00-00, extensión 3868, en la Ciudad de México, y 01-800-831-31-96 desde cualquier parte del país.
Aclaró que el ofrecimiento y entrega de recompensa no será aplicable a los servidores públicos con funciones relacionadas con la seguridad pública, administración de justicia y ejecución de sanciones penales, así como de sus cónyuges o parientes consanguíneos hasta el cuarto grado, por afinidad o civiles.
EL UNIVERSAL
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