JUEVES POLÍTICO
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Jueves 12 de Julio de 2018 8:41 am
¿Nueva democracia? SE ha elogiado en
exceso el proceso electoral que llevó a la votación del 1 de julio. Tanto es el
entusiasmo, que quien era acusado de antemano de pergeñar un “megafraude”, el
presidente Enrique Peña Nieto, terminó alabado como paladín de la democracia. “Proceso
electoral histórico”, “la más grande votación”, y otros apodos parecidos se
difundieron como si estuviéramos a las puertas de la democracia. Se agudizaron
los calificativos porque ganó Morena arrasando. Los mismos que anunciaban el
fraude, luego elogiaron el proceso. Fallaron “los profetas del fraude”, dijo el
consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, acusado, sobre todo por
Andrés Manuel López Obrador y sus seguidores, de ser cómplice de “la mafia del
poder” y frases similares. Por entrar a la
democracia estaba el país en 1988, cuando hubo “mano negra” para que Carlos
Salinas de Gortari obtuviera la Presidencia y asumiera en un ambiente de
ilegitimidad a pesar de obtener más de 50 por ciento de la votación.
Deslegitimado, Salinas creó el Instituto Federal Electoral en 1990, para en
2000 inaugurar los procesos electorales democráticos con el arribo de Vicente
Fox a Los Pinos, con la ayuda del presidente priista Ernesto Zedillo, a quien
le interesaba atajar el probable retorno del salinismo. En 2006, se
afianzaron los procesos electorales. Ganó la Presidencia un cuestionado Felipe
Calderón que llevó a las protestas de López Obrador y a continuar éste, en los
hechos, una campaña electoral comenzada al menos 2 años antes. Esa misma democracia,
permitió en 2012 el retorno del PRI a la Presidencia. Peña Nieto, en vez de
cambiar las prácticas tradicionales negativas de gobernar, las empeoró. También
tomó medidas impopulares. Recibiría el voto de castigo en la reciente elección. Fue un envión que
Peña Nieto dio a un López Obrador que entendió que con el PRD ligado a Los
Pinos no llegaría a ningún lado y fundó su propio partido, hace 4 años, con el
que comenzó, en los hechos, una campaña electoral que crecería al ritmo de la
inconformidad y la rabia ciudadanas contra el gobierno, el PRI, el PAN y el PRD
–más sus respectivos aliados– como representantes políticos de un sistema
agotado. A esa
inconformidad que congregó a porciones de todos los segmentos sociales para
darle a Morena y aliados un triunfo enorme en los comicios que impactó de tal
modo a todos, incluidos los obradoristas que ni en sueños esperaban un
resultado así, que llevó a los más entusiastas a calificar el proceso como
inaugural de la democracia. No es así, como lo dijimos arriba. Fue, sí, un
proceso atípico. Claro en sus resultados, pero no tanto en las causas. El PRI y
sus aliados se abstuvieron de la tradicional operación de movilización de
electores el 1 de julio; nunca respondió a las constantes acusaciones en
campaña y dejó a la intemperie a su candidato presidencial, José Antonio Meade,
bajo una tormenta que se convertiría en tsunami. Desde el
gobierno, la campaña de la Procuraduría General de la República contra la
candidatura del panista Ricardo Anaya cerró la pinza y creó la fórmula del
despegue de López Obrador hasta tornarse inalcanzable. Hay varias
interpretaciones de la pasividad e inoperancia priistas en campaña, desde el
acuerdo deliberado en las cúpulas o la soberbia y torpeza de tecnócratas que
nunca entendieron lo que sucedía en el ánimo popular mientras se tomaban
medidas que afectaban la economía en un ambiente de creciente inseguridad
pública y violencia, hasta una simple equivocación en la designación del
candidato oficial y la estrategia de la campaña. Como fuere, de
ninguna manera estamos ante el primer proceso democrático real. Esa es una
falacia. Llevamos casi 20 años en un sistema democrático que tiene fallas, pero
que se ha ido consolidando. Incluso, el INE se equivocó en este proceso, sobre
todo con las candidaturas independientes. Pero al final permitió deslegitimar a
“los profetas del fraude”, como les llamó el consejero presidente Lorenzo
Córdova. Y en democracia, se gana y se pierde; de eso se trata. No porque
arrasó López Obrador se legitima. Por lo contrario, Andrés Manuel llegó a la
Presidencia porque se lo permitió la democracia nacional. Él y su partido están
obligados a respetar esa misma democracia y fortalecerla, sean cuales fueren
los resultados en el futuro. Primeras incongruencias EL partido
Morena, junto con sus aliados PT y PES, ganó el 1 de julio no sólo la
Presidencia de la República, sino también cuatro gubernaturas, arrasaron
distritos federales, senadurías y Congresos locales en todo el país, con
excepción de Jalisco y Guanajuato, por lo que se ha convertido en la principal
fuerza política de México. Todo esto, le
permitirá a Morena cambiar el régimen de gobierno, como en campaña lo prometió
Andrés Manuel López Obrador. No obstante, en el Poder Legislativo federal no
alcanzarán los representantes de la coalición Juntos Haremos Historia para
modificar la Constitución, dado que no son mayoría calificada, lo cual es
beneficioso para el país. Tampoco podrá
hacerlo en los Congresos estatales, como en el de Colima, porque su mayoría no
puede llegar a 17 diputados (la ley permite un máximo de 16), que es el mínimo
que se requiere para reformar la Constitución, dada la conformación de 25
tribunos. Además, no tendrán un mínimo de seis Cabildos para que eso proceda,
en caso de que en el Legislativo encuentre aliados. Es positivo que
el próximo Presidente de la República y su partido no tengan mayorías en el
Poder Legislativo. En una sana democracia, el diálogo y los acuerdos entre
gobernantes y las distintas fuerzas políticas son lo mejor para la toma de
decisiones. A partir del 1 de
diciembre próximo, México empezará a transitar por un camino político nuevo,
pues a la fecha no se sabe cómo va a funcionar la administración federal de
López Obrador, quien prometió tanto en campaña, que cualquier falla o
contradicción le será señalada, lo que ya empezó antes de las 72 horas de
alzarse con el triunfo. A 11 días de
resultar ganador en las urnas, el tabasqueño ha caído en varias
contradicciones, pues algunos de sus compromisos de campaña no se pueden realizar
o se posponen para cumplirlos varios años adelante. Dijo que no
habría gasolinazos, lo cual fue desmentido la semana pasada por quien será el
secretario de Hacienda, Carlos Urzúa Macías, al referir que no puede haber
movimientos abruptos en el precio de las gasolinas, por lo que éste se
incrementaría una vez cada año, por la inflación. “En términos reales no va a
incrementar, pero en términos nominales sí”, explicó. Un par de días después,
Andrés Manuel secundó esa precisión y dijo que esa medida permanecerá durante
los 3 primeros años de su gobierno, para que luego los combustibles, al cuarto
año, bajen de precio. En esta materia,
expertos como Javier Díaz, gerente, analista y consultor de energía en América
para S&P Global Platts, dijo a Forbes México que es inviable construir dos
refinerías, como lo propone López Obrador, para poner fin a las importaciones
de gasolina y dísel, pues para eso necesita México producir más crudo, lo que
no está haciendo. Además, las
energías renovables son la proyección hacia el futuro, por lo que el petróleo
está pasando a un segundo término, y para efectos de consumo nacional sería
suficiente con que el próximo Gobierno Federal rescate las refinerías que ya
existen, las modernice y amplíe para ponerlas a producir. Si de
contradicciones se trata, mientras Carlos Urzúa prevé un crecimiento económico
anual de 2.5 por ciento, Andrés Manuel asegura que será de 4 por ciento. Del nuevo
Aeropuerto de la Ciudad de México que está en construcción, López Obrador dijo
en campaña que se cambiaría de lugar, después lo ofreció a manera de concesión
a empresarios. Al respecto, Urzúa Macías declaró que se analizarán tres
alternativas, aunque sólo citó dos: el modelo actual de financiamiento por
medio de tarifas aeroportuarias, pero “primero hay que ver cómo lo están
haciendo”; así como la opción de concesionarlo a inversionistas como Carlos
Slim. Aun cuando López
Obrador lo dijo, no será posible que inmediatamente las Fuerzas Armadas
regresen a sus cuarteles, pues a decir del próximo secretario de Seguridad
Pública, Alfonso Durazo, primero se erradicará la corrupción en las
corporaciones policíacas y se capacitará debidamente al personal para que pueda
combatir al crimen organizado. Un asunto al que
ya se enfrenta el siguiente gobierno, es la forma de designar al Fiscal General
de la República, asunto en el cual Andrés Manuel no se involucró en campaña,
pero que, sin embargo, organizaciones civiles, además de partidos políticos,
como MC y PAN, demandan reformar el artículo 102 de la Constitución y la Ley
Orgánica de la Fiscalía para garantizar que el Fiscal tenga autonomía. Frente a
ello, Alfonso Durazo ha dicho que tales cambios no son necesarios, según él,
para que el Fiscal provenga de la sociedad civil y sea autónomo. Un movimiento que
causó revuelo fue el repentino cambio de opinión de López Obrador respecto a
quien será el próximo Secretario de Relaciones Exteriores, ya que en campaña
dijo que el nombramiento recaería en Héctor Vasconcelos, con vasta experiencia
en la diplomacia e hijo del escritor, filósofo y político José Vasconcelos,
pero luego de ganar la contienda, el tabasqueño cambió de opinión. Fue la
cantante Belinda, quien informó que Marcelo Ebrard va a Relaciones Exteriores,
mientras que Vasconcelos irá al Senado. Si de veras quiere
cambiar y mejorar el sistema político y administrativo de México, el futuro
Presidente debe empezar con ser congruente en lo que dice y lo que hace, pues
de lo contrario le sucederán infinidad de tropiezos que significarán un alto
costo para los mexicanos. Promesas de ahorro UNA de las
principales propuestas de Andrés Manuel López Obrador es el plan de austeridad
que implementará en el Ejecutivo Federal a partir del próximo 1 de diciembre. El plan de ahorro
y reasignación del gasto público que incluye el recorte de sueldos de los altos
funcionarios, eliminación de prestaciones y un menor gasto en comunicación
social, se calcula en 105 mil 223 millones de pesos. Asimismo, se
economizarán 307 mil 493 millones de pesos en otros gastos como convenciones y
uso racional de servicios generales. Una de las
banderas de campaña de López Obrador fue bajarse el sueldo a la mitad de lo que
gana actualmente el presidente Enrique Peña Nieto y “sin prestaciones”.
Prometió que el Presidente, secretarios y subsecretarios, así como directores
generales, ganarán la mitad del sueldo vigente. Además, los
funcionarios ya no tendrán seguro de gastos médicos mayores, cuyo costo en 2016
ascendió a 4 mil 700 millones de pesos. “Hasta se pagan cirugías plásticas”,
denunció el tabasqueño en repetidas ocasiones. También se
cancelará el gasto en gasolina para funcionarios, lo cual representará un
ahorro de 156 millones de pesos, y se racionalizará la compra de combustibles y
vehículos. El plan de
austeridad señala que no estará permitido el gasto en comidas de servidores
públicos, porque representan un costo de 275 millones de pesos. La partida
destinada a viajes y viáticos se reducirá de 18 mil 703 millones a 9 mil 351
millones. Respecto a los
congresos y convenciones, la propuesta es bajar de 2 mil 741 millones de pesos
que se destinan actualmente, a 548 millones de pesos. Durante los
recorridos en el país, Andrés Manuel repetía en sus discursos que no puede
haber gobierno rico con pueblo pobre y expresaba que se inspiraba en Benito
Juárez. “Vamos a hacer un gobierno austero, sin lujos, el funcionario tiene que
aprender a vivir en la justa medianía, nada de prepotencia”. También repetía:
“Si bajar los sueldos de los de arriba para aumentar el sueldo de los de abajo
es ser populista, que me apunten en la lista, no me causa ningún problema”. Durante todos
estos años de campaña, ese discurso antisistema del fundador de Morena cautivó
a millones de mexicanos que el 1 de julio salieron masivamente a darle el voto. Gran parte de la
población se cansó de soportar a presidentes, gobernadores, legisladores y
funcionarios que se hicieron inmensamente millonarios y fueron cobijados con el
manto de la impunidad. Se dan vida de
magnates y el pueblo paga sus cuentas. El conflicto de interés de la Casa
Blanca de Enrique Peña Nieto, los negocios millonarios al amparo del poder de
los hijos de Martha Sahagún, entenados de Vicente Fox. La escandalosa
corrupción de más de una docena de ex gobernadores, etcétera, etcétera, acabó
por hartar a los ciudadanos. Se han quedado
para la historia de la ignominia imágenes del dirigente petrolero Carlos Romero
Deschamps, con su hija y su perro, en un jet privado, pagado obviamente con
dinero de Pemex. Todo ello y más
colmó la paciencia de la gente y fue en parte el combustible para empujar el
cambio en las elecciones del 1 de julio, donde hubo un aplastante voto de
castigo al PRI, PAN y PRD. En su discurso
del 1 de julio, López Obrador ofreció un ahorro de 800 mil millones de pesos
con las acciones que implementará contra la corrupción y recorte de lujos del
gobierno, que destinará para impulsar actividades productivas que se iniciarán
con el rescate del campo. Todos los días,
decenas de personas llegan con peticiones de empleo, ayudas económicas y de
toda índole, a la casa de la colonia Roma, en la Ciudad de México, donde Andrés
Manuel se ha instalado mientras asume el poder el 1 de diciembre. El martes escuchó
diversas propuestas y peticiones que le hicieron personas que lo esperaban
afuera de la vivienda y expresó: “vamos a ayudar a todos, pero me tengo que
organizar primero, nos tenemos que organizar”. En los actos
proselitistas fue reiterativo en su discurso de acabar con la corrupción e
impulsar el desarrollo económico con justicia social, para lograr el
engrandecimiento de México. “No les voy a
fallar”, ha sostenido. Eso es lo que esperan los mexicanos que votaron por él y
también quienes sufragaron por otras opciones. A la Postre LUEGO del triunfo
de la coalición Juntos Haremos Historia en la jornada electoral del 1 de julio,
los colimenses más cercanos al próximo Presidente de la República, serán los
Yáñez Centeno y Cabrera; César que es vocero de Andrés Manuel López Obrador y
Morena, y su hermana Claudia, ganadora de la elección a diputada federal por el
distrito 1. Ambos,
principalmente César, son de la entera confianza del político tabasqueño y
seguramente antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con Colima, los
tomará en cuenta. Luego vienen
políticos locales, como la ganadora de la elección a diputada federal por el
segundo distrito, Indira Vizcaíno, nombrada ayer por López Obrador coordinadora
estatal de su gobierno en Colima, esto es, se encargará de la desaparición de
las delegaciones federales y la integración de sus funciones en una sola. Este
cargo en apariencia coloca a Indira en competición con los Yánez Centeno, sin
embargo, quizás Vizcaíno Silva se sacó la rifa del tigre al recibir un encargo
de mucha confianza que podría convertirse en una entelequia. Es la antesala de
una confrontación política anunciada que sacará más chispas de las que nos
podamos imaginar, sobre todo cuando se trate de tomar decisiones políticas
trascendentes. Cuando renunció
al PRD, Indira buscó el cobijo de Morena, sin embargo, no se registró como
militante. Hubo meses en los que Vizcaíno Silva jugó, al mismo tiempo, en tres
frentes antagónicos: pertenecía al PRD, trabajaba en el gobierno priista de
José Ignacio Peralta Sánchez y apoyaba abiertamente las aspiraciones de López
Obrador, en Morena. Al parecer, esa
indefinición le acarreó animadversiones en Morena, las que se agudizaron cuando
se negó a ir en el segundo lugar de la fórmula al Senado y entonces Andrés
Manuel le ofreció la postulación en el PES. En seguida, suena
otro colimense, el senador Mario Delgado, a quien se ha mencionado como posible
director de Pemex en el próximo Gobierno Federal, cargo sumamente importante
que de lograrlo el político colimense, sería una muestra de la confianza que le
tiene López Obrador. Delgado Carrillo juega en la cancha política del próximo
secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Está también el
diputado federal Vidal Llerenas Morales, virtual alcalde de Azcapotzalco, quien
ha consolidado su carrera política en la Ciudad de México y en Morena. El ganador de la
elección a senador, Joel Padilla Peña, eterno dirigente del Partido del Trabajo
en Colima, querrá también acercarse a López Obrador, pero su espacio de acción
está limitado en comparación con otros políticos de la entidad. Le queda seguir
explotando los Cendis, que ha convertido en negocio familiar y de los que hay
quejas y demandas de trabajadores por incumplimiento de pagos. También tiene el
proyecto de impulsar otra universidad en el estado. De meterse en
serio al proyecto de una universidad, Padilla Peña se dará cuenta muy pronto
que no es algo fácil de concretar con el simple hecho de quererlo; se necesita
un fuerte respaldo económico y político, además de la suma de un gran equipo de
catedráticos para garantizar el funcionamiento de la institución y alcanzar un
buen desarrollo académico. En términos
coloquiales se diría que la vara está muy alta, pues el nivel de excelencia
alcanzado por la Universidad de Colima no se dio de la noche a la mañana, pues
está por cumplir 78 años de su fundación. La tormenta del
lunes pasado dejó 97 árboles derribados en la entidad. Los dos municipios que
resultaron con más daños fueron Colima y Coquimatlán; en el primero cayeron 36
árboles, además de ocho casas inundadas, un hundimiento de aproximadamente una
cuadra y media en la calle Orquídea, de la colonia Lázaro Cárdenas, dos
derrumbes y un vehículo dañado. En Coquimatlán fueron 36 árboles caídos, así
como dos vehículos dañados y tres casas perjudicadas en sus techos de lámina. Como siempre,
hubo inundaciones en calles y avenidas en la zona conurbada, por obras mal
planeadas y peor ejecutadas, mientras las autoridades lejos de dar soluciones,
se culpan unas a otras.
Por segundo año
consecutivo, Colima será sede de la Paralimpiada Nacional, del 23 de agosto al
5 de septiembre. La Comisión Nacional del Deporte (Conade) reconoce de esta
forma a nuestro estado por la buena organización en 2017 del segundo evento
deportivo amateur más importante del país.