Difusión ciudadana
MILTON DE ALVA
Fiscal carnal
Sábado 14 de Julio de 2018 8:47 am
Sin justicia, sólo hay divisiones, víctimas y opresores. Napoleón Bonaparte LA inseguridad pública en México rebasa ya todos los índices en las últimas 2 décadas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la cantidad de personas asesinadas en los 5 primeros meses de 2018 asciende a 13 mil 298, teniendo un promedio de entre 90.7 a 93.2 asesinatos diarios. Aunado a ello, salen a la luz más casos de corrupción y desvíos de recursos por la clase política que le cuesta a este país, según diversos medios de comunicación, 9 por ciento del PIB. Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) estima que el costo a consecuencia de la corrupción por trámites vehiculares, de educación pública, registro civil o contacto con autoridades de seguridad pública es de alrededor de 7 mil 217 millones, equivalente al 0.4 por ciento del PIB. Ante tal panorama, la sociedad civil organizada presionó a las autoridades y representantes populares para que tomaran cartas en el asunto, de tal manera que se tornó indispensable la instauración de una política pública general que atacara este cáncer, dando origen al Sistema Nacional Anticorrupción, que entre otras cosas, traía consigo la implementación de un nuevo modelo de justicia administrativa, la creación de una Fiscalía general que sustituyera a la PGR y a diversas fiscalías especializadas, resaltando una que investigará directamente los casos de corrupción. En contexto, el Fiscal General tendría plena autonomía, con un periodo fijo en su cargo y diversas facultades de investigación y persecución de los delitos que más aquejan al país; la intención primordial era que su nombramiento debiese ser autónomo, sin designación directa del Poder Ejecutivo, ello para evitar el cobro de favores o la parcialidad de su actuación, como históricamente ha ocurrido. Con la intención del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, de dar pase automático a Raúl Cervantes, actual procurador general, para que fuese el nuevo Fiscal General de la República, la oposición política en la Cámara de Diputados no se hizo esperar, frenando lo que se denominó un #FiscalCarnal, con el argumento que esa designación directa conllevaría un trato parcial y de protección para los amigos y compañeros del gobierno en turno. Después de ello, el Presidente envió una nueva propuesta donde elimina el pase automático y deja a lo dispuesto por el artículo 102 de la Constitución, lo que resulta, de cualquier manera, un nombramiento a modo de la clase política. En nuestro estado, no vivimos algo distinto, pues el 4 de noviembre de 2015 se emitió el decreto número 8, mismo que traía consigo diversas reformas a la Constitución local, entre ellas la relativa a convertir la Procuraduría General de Justicia del Estado en una Fiscalía General, y lo más lesivo, la designación de un Fiscal a modo del gobierno actual. Asimismo, con la implementación del Sistema Estatal Anticorrupción quedarían pendientes los nombramientos de los nuevos magistrados del Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa, instancia que ya cuenta con una ley vigente, con la ilegal operatividad del otrora Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Además, están vacantes dos magistraturas del Supremo Tribunal de Justicia y un espacio en el organismo garante del Infocol. En tal virtud, circuló en el ambiente político y mediático que el día de ayer viernes 13, para variar, el Congreso del Estado otorgaría los nombramientos en cuestión, en una especie de madruguete, pues ninguno de ellos se sujetó al escrutinio público ni se tomó en consideración a la totalidad del Poder Legislativo en reuniones previas, mismo que con su mayoría de los todavía priindependientes, PT, Nueva Alianza y Verde, una vez más pueden servir como mero trámite. Hasta la hora que un servidor escribe, sólo se sabe que los diputados fueron citados a una sesión a las 4 de la tarde. Si bien es cierto que desde noviembre del año pasado se publicó el decreto que otorga la facultad al Ejecutivo de designar libremente por única ocasión al Fiscal General, también es cierto que en ese mismo ordenamiento se otorgó un año para la publicación de la Ley Orgánica de la Fiscalía, disposición que desde marzo de este año se expidió por el Congreso, la cual, al parecer, no ha sido publicada hasta el momento. Ello no resulta un impedimento para su promulgación y entrada en vigor, pues el segundo párrafo del artículo 41 de nuestra Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Colima es muy claro al señalar que “Transcurrido este último plazo, sin que el Ejecutivo haya realizado la publicación, la ley o el decreto, se tendrán por promulgados para todos los efectos legales…”; el plazo a que se hace referencia feneció en abril pasado. Consecuentemente, tenemos un Supremo Tribunal con vacantes, un Tribunal de lo Contencioso que debe modificarse, una Procuraduría con encargado de Despacho, y un Gobernador que hasta el momento no ha mostrado la voluntad política que se adapte a estos nuevos tiempos de transición democrática. *Ex diputado local del PAN
