Razones
JORGE FERNÁNDEZ MENÉNDEZ
Descentralización y austeridad concentran poder
Martes 17 de Julio de 2018 8:14 am
EN 2 semanas desde su triunfo
electoral del pasado 1 de julio, Andrés Manuel ha anunciado una serie de
cambios que transformarán profundamente el sistema político construido en las
últimas décadas, en algunos casos en forma cosmética, en muchos otros en forma
radical. En los hechos, lo que tendremos el
próximo 1 de diciembre es un gobierno altamente centralizado en torno al
Presidente de la República, que concentrará en sus manos y en la de su
estructura más cercana, un poder como no ha tenido ningún otro Mandatario desde
los años 70. Ese proceso se escenifica en cuatro movimientos centrales: el plan
de austeridad, la descentralización de las Secretarías, la designación de
delegados federales únicos en cada entidad y la creación de una Secretaría de
Seguridad Pública con unos poderes inéditos. Los cuatro procesos están
concatenados y se alimentan recíprocamente. Cada uno de ellos merece, por otra
parte, un análisis pormenorizado, pero veamos primero el cuadro general. En el llamado plan de austeridad, nos
encontramos con medidas de todo tipo, que van desde las administrativas hasta
las de diseño de gobierno, acompañadas de otras que significarán ahorros pero
también controversia tanto en lo operacional como en lo laboral. Nadie puede
oponerse, por ejemplo, a que el Presidente se reduzca su salario, pero al
hacerlo se reduce también significativamente el salario de toda la
administración, no sólo la de alto nivel. Sin excepciones, será difícil que
personal calificado acepte algún cargo realmente especializado. Existe, además,
un altísimo porcentaje de personal no sindicalizado trabajando en distintas dependencias
que, con los nuevos lineamientos, perderá el trabajo o verá reducido su
ingreso. Ya son muchos los trabajadores que están hablando de que si concretan
estas medidas comenzarán a pedir amparos colectivos. En ese sentido, llama la atención el
anuncio de que no sólo se reducirán las Subsecretarías, sino que habrá cinco
asesores por Secretaría y que nadie, salvo secretarios o en algunos casos
subsecretarios, tendrá acceso siquiera a una secretaria. Todo eso implicará, se
anunció, el despido del 70 por ciento de los trabajadores de confianza. Será,
sin duda, por lo menos en términos presupuestales, un ahorro importante, pero
el costo en eficiencia puede ser muy alto, habida cuenta que en esos
trabajadores de confianza es donde suele recaer el verdadero trabajo de fondo,
no el burocrático de las Secretarías. Ese proceso se acompaña de otro: la
anunciada descentralización de Secretarías de Estado. Esteban Moctezuma,
próximo secretario de Educación Pública, ya anunció que desde diciembre
instalará esa dependencia en Puebla. El diseño de descentralización de
Secretarías se quiso implementar en el gobierno de Miguel de la Madrid, después
de los sismos de 1985, pero luego del ensayo de la instalación del INEGI en
Aguascalientes se desechó por las tensiones sociales y laborales que generaba,
además de los evidentes costos económicos. Por ejemplo, hoy la SEP (sin contar
maestros) tiene 40 edificios y 17 mil trabajadores en la Ciudad de México.
Suponiendo incluso que la mitad de la dependencia se fuera a Puebla, estamos
hablando del traslado de 8 mil ó 9 mil familias, sin contar con el equipamiento
de por lo menos una docena de diferentes oficinas o su equivalente, con
equipos, comunicaciones e infraestructura. Pero, además, descentralizar así el
gobierno resta eficiencia: puede haber áreas a descentralizar en todas las
dependencias (incluso algunas estratégicas, por ejemplo en Puebla, ciudad
universitaria por excelencia, podría estar una Subsecretaría de Educación
Superior), pero el gobierno como tal, los secretarios y principales
funcionarios, en todo el mundo tienen una sede común. Por lo pronto, la toma de
decisiones se concentrará en los pocos funcionarios que se quedarán junto al
Presidente en la Ciudad de México. Los Secretarios que aterrizarán en los
estados no llegarán solos. En la reunión de la Conago, el candidato ganador de
la Presidencia anunció que para reducir las delegaciones federales en los
estados (hay entidades en las que existen 20 ó 30 delegados), se designará a un
delegado federal que llevará la coordinación de todo el Gobierno Federal. En el
papel suena muy bien, y será un ahorro importante, pero en términos políticos
será muy complejo, porque en los hechos, esos delegados ya designados, en su
enorme mayoría son los dirigentes o ex candidatos locales de Morena, y se
transformarán en un gobierno paralelo: tendrán presupuestos muy altos, toda la
interlocución con el Presidente, en muchos casos Congresos locales de su propio
partido y una capacidad de operación e interlocución sin contrapesos.
Pero falta otro engranaje que debe ser
explicado con mucho mayor detenimiento: la nueva Secretaría de Seguridad
Pública que se quedará no sólo con la seguridad cotidiana y policial, sino
también con la seguridad nacional, la inteligencia, la prevención civil y
muchas otras áreas, convirtiéndola en el ente central del gobierno, junto con
Hacienda, y quizás la Cancillería.