Jueves 19 de Julio de 2018 8:07 am

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Plan de Austeridad

 

EL domingo pasado, el ganador de la contienda presidencial, Andrés Manuel López Obrador, dio a conocer una lista de 50 puntos que comprenden el Plan de Austeridad Republicana que regirá en el Gobierno Federal a su cargo a partir del 1 de diciembre próximo, entre los que destaca que como Presidente de México ganará 108 mil pesos mensuales, es decir, 40 por ciento de lo que percibe el mandatario actual, Enrique Peña Nieto.

Tal monto, según la propuesta, será el tope salarial que puede percibir un servidor público en el país, esto, una vez que se reforme la Constitución para que tenga validez. Asimismo, se suspenden fueros y privilegios; ninguna Secretaría tendrá más de cinco asesores; sólo secretarios o equivalentes tendrán secretarios particulares, y únicamente dispondrán de choferes los secretarios y subsecretarios. Se acaban bonos y canonjías; se limitan viáticos al mínimo; no habrá partida para gastos médicos privados, tampoco caja de ahorro especial.

Sólo los encargados de la seguridad tendrán guardaespaldas; se reducirá la estructura de confianza en 70 por ciento de personal y del gasto de operación; se bajan sueldos de los altos funcionarios a la mitad de quienes ganan más de un millón de pesos anuales, de manera progresiva; nadie podrá usar aviones o helicópteros privados; se venderá la flotilla de aviones y helicópteros y sólo quedarán los destinados a seguridad, protección civil y traslado de enfermos.

Se cancelarán las pensiones a los ex presidentes de la República; los policías y militares no estarán al servicio de funcionarios o particulares sin plena justificación; los trabajadores de confianza trabajarán de lunes a sábado, cuando menos 8 horas diarias. Esto último va contra la Constitución que indica que el máximo laborable a la semana son 40 horas. ¿Les pagarán horas extras o los presionarán con el despido si no aceptan trabajar el sábado y gratis?

Las compras del gobierno se harán de manera consolidada, mediante convocatoria, con observación ciudadana y de la oficina de Transparencia de la ONU, organismo que también vigilará que los contratos de obra se hagan mediante licitación pública. Quita partida presupuestal para legisladores; el Estado Mayor Presidencial se reincorporará a la Sedena; la residencia oficial de Los Pinos pasará a ser parte del Bosque de Chapultepec, como espacio de arte y cultura; desaparecerán partidas para vestuario o cualquier gasto de protocolo y ceremonial dedicado al Presidente, colaboradores cercanos y familiares.

Estos son algunos de los puntos del Plan de Austeridad, muchos de los cuales responden a la demanda social de quitar excesos salariales y prebendas a la clase política de muy alto nivel, así como dar por terminado el dispendio de los bienes y recursos públicos de la Nación, de los cuales también se han beneficiado familiares de funcionarios.

Sin embargo, hay puntos que debieran reflexionarse, como dejar sin guardaespaldas a todos los secretarios de Estado, excepto a quienes se desempeñen en el área de seguridad. En ese nivel cuando menos, de secretarios, habría que repensar la propuesta.

Reducir el salario de los servidores públicos es acertado, como también lo es el principio de que ninguno debe ganar más que el Presidente de la República. Aquí, sin embargo, se debe considerar que el Ejecutivo es sólo un Poder, el que va a representar desde el 1 de diciembre López Obrador, mismo que no puede intervenir en los otros dos Poderes, el Legislativo y Judicial, que en su momento tendrán que definir si participarán o no en ese tema.

De entrada, los magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que perciben 651 mil pesos mensuales, se han pronunciado contra tal medida, bajo el descabellado argumento de que ese ingreso es necesario para poder otorgar soluciones independientes, según lo dijo su presidente Luis María Aguilar. En cambio, los consejeros del INE ya se manifestaron a favor de bajar sus salarios, que rondan los 174 mil pesos mensuales.

Los que necesariamente tienen que moderarse en sus “dietas” y prestaciones son los legisladores federales, a quienes para empezar Andrés Manuel propone quitarles el presupuesto que manejan a discreción y sin ningún sustento legal, que ha derivado en los truculentos moches. Ejemplo de los excesos en ese Poder es que cada uno de los 500 integrantes de esta Legislatura se irá con un bono de 900 mil pesos, sólo por concepto de un fondo de ahorro.

Está bien que en los altos niveles se reduzcan salarios y no en los de menor jerarquía, como se propone. Lo que debe cuidarse es que en el adelgazamiento de nómina no se atente contra el buen funcionamiento de la administración federal, porque entonces resultaría más caro el caldo que las albóndigas.

A la par de la austeridad republicana que propone Andrés Manuel, tiene que trabajar para dinamizar la economía nacional y generar empleos. De no ser así y por sólo obedecer al populismo, se caería en la irrealidad.

Convertir la residencia oficial del Presidente de la República, Los Pinos, en un espacio de arte y cultura del Bosque de Chapultepec, es un tema que debería de reflexionarse por la seguridad del Mandatario y su familia, como por las actividades múltiples que desarrolla cotidianamente. No es un lujo, sino una necesidad.

 

Relevos en el PRI

 

Con el relevo en la Presidencia del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PRI, luego de que René Juárez Cisneros dejó el cargo a Claudia Ruiz Massieu Salinas, quien se venía desempeñando como secretaria general, se da el banderazo para que también en los estados se renueven las dirigencias.

Es un error que el ex gobernador de Guerrero, Juárez Cisneros, haya dejado la dirigencia, pues era la persona idónea para conducir al Revolucionario Institucional en estos últimos 4 meses y medio que le quedan al gobierno de Enrique Peña Nieto.

Los resultados que tuvo el partido tricolor en la elección del pasado 1 de julio fueron desastrosos, sin embargo, no se puede echar la culpa a René Juárez. Inclusive, lo poco que logró rescatar este abanderamiento, en diputaciones locales y alcaldías, fue por la unidad que logró en el poco tiempo que estuvo al frente del CEN.

Seguramente si se hubiera mantenido a Enrique Ochoa Reza en la dirigencia nacional, los resultados habrían sido peores.

Al ver que la candidatura de José Antonio Meade no levantaba, que estaba estancada y con tendencia a la baja, el presidente Enrique Peña Nieto decidió, a destiempo, remover a Ochoa Reza y dejó las riendas del partido, el 2 de mayo, al experimentado político guerrerense, Juárez Cisneros.

Pero la elección ya estaba encima, muy poco podía hacer en menos de un mes para reanimar al PRI que había caído en un coma profundo, desde mucho antes de la elección.

Es lamentable que se haya dejado el CEN en manos de Ruiz Massieu Salinas, sobrina del ex presidente Carlos Salinas de Gortari, uno de los personajes más repudiados del país y de los principales responsables de la debacle de ese partido.

Dentro y fuera del tricolor se habla de que Salinas de Gortari sigue influyendo para colocar a un dirigente al que pueda seguir manipulando. Hay versiones de que el ex presidente tiene las manos metidas hasta en el PAN y los restos del PRD.

Igualmente deplorable es el nombramiento del ex gobernador Rubén Moreira en la Secretaría General del CEN, pues como lo señalaron priistas de Coahuila, el estado natal de Humberto y Rubén Moreira, es un premio a la corrupción.

Pero eso no es todo, la mayoría de los aspirantes a la dirigir el PRI están sumamente desgastados políticamente, como Manlio Fabio Beltrones, ex gobernador, ex senador y ex diputado federal, que ya lo lideró; Miguel Ángel Osorio Chong, ex gobernador y ex secretario de Gobernación; los mandatarios de Jalisco y Campeche, Aristóteles Sandoval y Alejandro Moreno, respectivamente. También los ex gobernadores Ivonne Ortega (Yucatán), Ulises Ruiz (Oaxaca), César Camacho (Estado de México) y el propio Rubén Moreira (Coahuila).

¿Con esos personajes quiere el PRI reagruparse, refundarse, surgir de las cenizas como un Ave Fénix? Es algo imposible.

Necesita caras nuevas, hacer a un lado a esos figuras carroñeras que hoy pelean el despojo priista. Requiere de gente honesta, comprometida, que entienda los nuevos tiempos de la política y las demandas ciudadanas.

Con el cambio a nivel nacional, se deben hacer los relevos de los Comités Directivos estatales y municipales, pues en el caso de Colima, el dirigente, Rogelio Rueda Sánchez, no hizo trabajo alguno a favor del partido ni de los candidatos. Debió salir de la dirigencia desde el año pasado porque se veía que no tenía ganas de trabajar, se echó en la hamaca a esperar el desarrollo de las campañas y la jornada electoral. Inclusive, se percibía proclive a otra tendencia partidista.

Los resultados están a la vista: el PRI no ganó ningún distrito de mayoría en la elección de diputados y solamente se quedó con dos de los ayuntamientos más pobres, Coquimatlán y Minatitlán.

Eso sí, se apuntó para ir en el segundo lugar de la lista de diputados plurinominales del PRI, por lo que seguramente alcanzará a entrar, de panzazo, al Congreso.

Los priistas rancios, cuyas figuras representan la corrupción e impunidad, presumidos, prepotentes, derrochadores del erario, ya no pueden ni deben tener cabida en el Revolucionario Institucional. Los electores les demostraron el 1 de julio que no los quieren y que cuantas veces se presenten en las elecciones, serán rechazados.

 

Zona conurbada

 

Por primera vez en el periodo democrático, la principal zona conurbada del estado, la que forman Colima y Villa de Álvarez, será gobernada por dos alcaldes de un partido de los llamados pequeños, Movimiento Ciudadano, que sin embargo creció notablemente (300 por ciento) en los comicios del 1 de julio.

Leoncio Morán, en Colima, y Felipe Cruz, en Villa de Álvarez, gobernarán a una población que, sumada, es de unos 300 mil habitantes, cerca del 45 por ciento del total estatal. La zona conurbada mantiene una interacción urbanística, social y política relevante, factor que le da mayor importancia a las acciones de gobierno.

Morán Sánchez y Cruz Calvario se encontrarán con los restos de dos administraciones casi en bancarrota a consecuencia de actos de gobierno de sus predecesores que hundieron las finanzas y desatendieron las tareas fundamentales de un municipio: los servicios y la seguridad públicos.

Recientemente, Leoncio Morán adelantó que al asumir el cargo, el 15 de octubre próximo, comenzará una auditoría a la administración de Héctor Insúa, el alcalde en funciones que buscó, sin conseguirla, la reelección. Los electores lo juzgaron y lo reprobaron. Días después, Morán e Insúa dialogaron en la Alcaldía. Fue un gesto de civilidad de Locho que el edil en funciones no entendió. En cuanto pudo, casi a escondidas, tramposo como es, el edil sacó de las oficinas municipales camionetas llenas de documentos oficiales, entre los que se encontraban paquetes de licitaciones de obras y servicios y otros papeles comprometedores que trata de ocultar, de cara a las indagatorias que planea Morán.

Locho dijo, al respecto, que con o sin tales documentos, la auditoría dejará al descubierto si hubo o no malos manejos, para proceder en consecuencia. De que hubo malversaciones, las hubo, porque las cuentas del Alcalde en funciones fueron siempre turbias y hasta deliberadamente se ocultaron. No lo dijeron sus adversarios políticos, sino el propio Insúa, quien reveló, por ejemplo, que los contratos de cantantes que participaron en el Festival del Volcán serían secretos para evitarles problemas fiscales a los artistas. Dos pecados en uno: ocultar información pública y colusión para evasión fiscal. Casi nada.

Y ese es sólo un ejemplo. Están además los actos pendientes de justicia penal por desvío de dinero de los trabajadores sindicalizados; el impago de dinero retenido a Pensiones; el fraude por impago a empresas comerciales que dieron crédito a trabajadores y que Insúa no liquidó a pesar de descontar los abonos al sueldo de los empleados. Más lo que saque a flote la auditoría. Locho dijo que con su llegada a la Alcaldía, se acomodarán las cosas, esto es, que se pondrá orden y se procederá contra probables desvíos de dinero público.

Si algo distinguió a Morán la primera vez que fue alcalde de Colima (2003-2006) es su honestidad y la eficiencia. Un manejo claro de los dineros le permitió sanear las finanzas destrozadas del Ayuntamiento anterior, a cargo del edil Enrique Michel Ruiz y la alcaldesa interina, Esthela Meneses Fernández. Pagó la deuda y al salir (octubre de 2006) dejó en caja 20 millones de pesos para los aguinaldos de ese año. Su sucesor, Mario Anguiano Moreno, los detectó y los buscó afanosamente y cuando los encontró, hizo el coraje de su vida porque estaban etiquetados para usarlos solamente en pago de aguinaldos, como los dejó Locho.

Antier, se informó que el Comité Directivo Municipal (CDM) de Colima del PAN, a cargo de Karina Ladino Ochoa, impugnó el claro triunfo de Leoncio Morán por presunta inequidad. Es evidente que detrás está la mano turbia de Jorge Luis Preciado por medio de sus testaferros. Le da miedo Locho. Lo hizo a través del CDM porque el Estatal no se prestó a la truculencia y se deslindó de inmediato. Insúa confirmó, al aceptar que se impugnara en su nombre, que es un títere de Preciado.

Felipe Cruz tiene una tarea muy parecida. Llega por tercera vez a la Alcaldía villalvarense, lo que habla de la imagen positiva que conserva entre los habitantes del municipio. Enfrentará el desastre que le dejará la presidenta municipal saliente, Yulenny Cortés León.

Cruz Calvario anunció que auditará la administración de Cortés León y de encontrar irregularidades, procederá conforme a la ley. Y vaya que puede hallar manejos turbios, como el colector pluvial de la glorieta de Los Perritos, el doble gasto en la avenida Ayuntamiento, los impagos a Pensiones y otros asuntos financieros más que se tendrán que aclarar para poner orden y hacer justicia. La tarea de Felipe es muy parecida a la de Locho.

A medida que cumplan esa labor y a la vez gobiernen de la mejor manera posible, la zona anaranjada de la conurbación le abrirá más posibilidades a Movimiento Ciudadano y a Locho Morán en particular, de fortalecerse de cara a la elección de Gobernador en 2021.

 

A la Postre

 

Se confirmó para mañana la visita a Manzanillo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, para inaugurar el túnel ferroviario, uno de los ocho compromisos de su administración con los colimenses, pero también una obra demandada durante muchos años por los manzanillenses y que desde hace varias semanas ya está funcionando.

Con el túnel se incrementará el movimiento de contenedores por tren y se terminarán los bloqueos del tránsito vehicular y peatonal en el centro de la ciudad porteña. Un beneficio adicional será que menos tráileres circulen por la autopista.

Sin duda se avanzará mucho en la convivencia puerto-ciudad, pues el crecimiento del movimiento de carga en esa terminal marítima deja más perjuicios que beneficios a los manzanillenses, ya que las obras de compensación de la Administración Portuaria Integral nunca han correspondido a las molestias causadas.

La de mañana será, seguramente, la última visita de Peña Nieto a Colima en su calidad de máxima autoridad del país. Queda a deber la ampliación de la autopista a Manzanillo-Guadalajara a seis carriles.

Mario de la Madrid Andrade rindió protesta ante el Congreso local como magistrado del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, cargo que dejó vacante la magistrada en retiro, María Concepción Cano Ventura.

Se trata de un Doctor en Derecho, con experiencia y trayectoria. Ha sido catedrático y director de la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima y goza de prestigio en el gremio de abogados, lo que le augura un buen desempeño.

Quienes mostraron el cobre desde antes de asumir los cargos para los que fueron electos son los próximos diputados de la coalición Juntos Haremos Historia, quienes la víspera del nombramiento de Mario de la Madrid, criticaron al Gobernador por enviar la propuesta a la Legislatura, argumentando que eso les correspondía aprobarlo a ellos.

Ya sabemos que la mayoría de quienes integrarán la LIX Legislatura no tienen preparación para ser diputados y llegarán a sus curules gracias a la ola López Obrador. Algunos ni campaña hicieron y fueron los primeros sorprendidos al ganar.

Pero de ahí a que antes de iniciar su labor en el Congreso muestren su ineptitud, es el colmo. La designación del magistrado del STJE estuvo apegada a la ley. Es facultad del Gobernador enviar la propuesta y de los legisladores aprobarla, como ocurrió. ¿O piensan los futuros tribunos que todo en el estado debe detenerse hasta que ellos lleguen a sus curules?

Otros nombramientos que hizo el Congreso del Estado, el lunes pasado, fueron los tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), que forma parte del Sistema Estatal Anticorrupción.

El TJA sustituirá al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que preside René Rodríguez Alcaraz. Los magistrados son Andrés Gerardo García Noriega (quien seguramente presidirá el Tribunal), Yarazeth Candelaria Villalpando Valdez y Juan Manuel Figueroa López.

Los dos primeros entraron en funciones al día siguiente de su designación y el tercero lo hará al día siguiente de la conclusión del periodo para el que fue nombrado René Rodríguez, el 24 de octubre de este año.

Andrés Gerardo García pasó casi inédito en la Consejería Jurídica del Gobierno del Estado. De él se recuerdan más pifias que aciertos, como la del procedimiento para la designación de Procurador General de Justicia del Estado, al inicio de la administración.

Yarazeth Villalpando tampoco tuvo un desempeño adecuado en su breve paso como oficial mayor del Congreso del Estado, cuando el PAN era mayoría, pero luego de que el albiazul perdió el control de la Legislatura, fue destituida. Ambos tienen pasado panista que, no obstante, fueron propuestos por el Gobernador.

Juan Manuel Figueroa ha laborado en cargos públicos en áreas jurídicas de varios ayuntamientos, secretario técnico del Infocol y antes del nombramiento era asesor jurídico de la Oficialía Mayor del Congreso del Estado.