Un triunfo por la gobernabilidad
PAOLA FÉLIX DÍAZ
Jueves 19 de Julio de 2018 8:07 am
LOS múltiples
problemas del país dan cuenta precisa de la dimisión del Estado para cumplir
con las funciones primigenias que le impone un régimen democrático,
constitucional y de Derecho. La
discrecionalidad permeó desde la cúpula hacia todos los niveles de gobierno,
echando raíces profundas que avanzaron sin control hasta formar un enredijo
perverso que dio paso a la corrupción, impunidad e ingobernabilidad. La pobreza, la
violencia y el mal uso de los recursos públicos son la más acabada expresión de
la otrora clase dominante en el poder público. El triunfo del 1 de julio fue
del y para el pueblo, que decidió poner fin a prácticas indeseables que
resultaron en la peor crisis ética de la historia del México contemporáneo. En respuesta a
dicha decisión, Andrés Manuel López Obrador y el equipo de transición hicieron
públicas las primeras acciones sobre las que transitará el nuevo plan de
gobierno para dar cauce a una adecuada articulación política, económica y
social. Un Proyecto de Nación que tiene como eje prioritario a los mexicanos y
como objetivo central estabilizar al país para lograr la gobernabilidad. En este orden de
ideas, se planteó un Estado eficaz y eficiente, capaz de alcanzar las metas
propuestas en un tiempo razonable y al menor costo posible, como primer paso
para dar respuesta a una de las principales exigencias ciudadanas: resolver el
problema de la calidad de la acción gubernamental, a través de la
institucionalización de prácticas y procesos que erradiquen el dispendio, la
simulación, las complicidades y los privilegios que han obstaculizado el acceso
mayoritario de la población a mejores condiciones de bienestar y desarrollo. Así, el proyecto
avanza por dos rutas paralelas y de manera simultánea. Por un lado, se encara
el desafío de eliminar el Estado obeso, burocrático y corrupto; por el otro, se
gesta el Plan de Pacificación que devolverá la confianza y certeza a la
ciudadanía. Acabar con la corrupción, los privilegios, la impunidad, la pobreza
y la violencia para abrir paso a la honestidad, la transparencia y la paz, es
una condición necesaria para que la igualdad y la justicia sean una realidad
cotidiana. Como lo señaló la
próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, la violencia no se va
a combatir con más violencia; se hará uso de todos los instrumentos legales; se
instrumentará una política pública integral y un programa de justicia
transicional. Habrá amnistía y una ley de reducción de penas, pero no para
quienes hayan cometido actos violentos; se atacarán las causas de la pobreza;
se darán becas a los jóvenes; se crearán comisiones de la verdad integradas por
asociaciones civiles, líderes eclesiásticos y organismos internacionales; se
buscará amparar a niños cooptados por el crimen organizado, campesinos
productores de droga o presos políticos; se intensificará la reconstrucción de
las instancias de procuración e impartición de justicia, sobre todo a nivel
local; se consultará a las víctimas; se hará uso de la unidad de inteligencia
financiera para combatir el lavado de dinero y el narcotráfico; y se
fortalecerá la figura de extinción de dominio. No queda duda que
las acciones de Andrés Manuel López Obrador tendrán como asidero la legitimidad
del triunfo electoral y la voluntad del pueblo. Establecerá la gobernabilidad a
través de nuevas reglas que garanticen el bienestar económico, el acceso a la
justicia y la paz social. El próximo
Presidente de la República envió a la clase política y gobernante del país un
mensaje claro: no tolerará ningún acto de corrupción. Él mismo podrá ser
juzgado por este y otros delitos graves, se acabará el fuero, la austeridad
será un principio fundamental en beneficio del bien colectivo y los privilegios
agonizarán hasta convertirse en un cadáver que, junto al del viejo sistema,
será devorado por los mismos gusanos. *Diputada federal
y activista social
Twitter: @LaraPaola1
