LUNES POLÍTICO

Lunes 23 de Julio de 2018 8:17 am

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Bandera blanca

 

CON la entrega, el viernes pasado, del túnel ferroviario de Manzanillo, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, cumplió los ocho compromisos que hizo con Colima siendo candidato presidencial.

Se levanta bandera blanca precisamente con una obra de gran magnitud, donde se invirtieron 2 mil 542 millones de pesos. El túnel de 450 metros de longitud y 8.5 metros de altura, atraviesa el cerro de San Pedrito, y permitirá el flujo de trenes las 24 horas del día, incluso de doble estiba, elevará la competitividad del puerto y permitirá triplicar el movimiento de carga por ferrocarril.

Los otros compromisos que Peña Nieto hizo como candidato y fueron entregados son el libramiento a Comala y otras de infraestructura vial para Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Armería, Minatitlán y Tecomán.

La ampliación a seis carriles de la autopista en los tramos Colima-Tonila y Colima-Manzanillo, hasta la altura de Los Asmoles. El Hospital Materno-Infantil y el IMSS, en Villa de Álvarez; la carretera Pez Vela-Jalipa, en Manzanillo, así como el Parque Metropolitano de Tecomán, que también fue concluido, aunque por motivos de agenda, no pudo entregarlo Peña Nieto oficialmente.

En su discurso, el titular del Ejecutivo federal afirmó que más del 95 por ciento de los compromisos en el país quedarán concluidos, lo que refleja que su gobierno tuvo muchas cosas buenas que, por las malas que también hizo, no han sido valoradas en su justa dimensión por los mexicanos.

Para Colima, además de esos ocho compromisos, una obra importante en materia de salud fue la construcción del nuevo Hospital General de Zona No. 1 del IMSS, en Villa de Álvarez, que además brinda servicio a derechohabientes de comunidades cercanas de los estados de Jalisco y Michoacán.

Hay, sin embargo, al menos dos obras igual de trascendentes en sus rubros que están pendientes y corresponde al Gobierno Federal concluirlas.

La primera es la Autopista Transvolcánica que será de gran utilidad para los automovilistas y que contribuirá a reducir el número de accidentes en los que se ven involucrados los tráileres (lo que también debe disminuir con la operación del túnel ferroviario).

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez debe intensificar las gestiones para que se termine esa carretera en lo que resta de la administración federal, lo antes posible.

La otra obra es la Presa El Naranjo, en el río Marabasco, que por diversos problemas legales se ha retrasado durante muchos años, pues hay que recordar que es un proyecto que data del mandato de Gustavo Vázquez Montes.

Problemas entre la empresa constructora y el gobierno de Jalisco tiene detenida una gran inversión, que en otras épocas también se frenó porque en su momento tanto el gobierno de Colima, en tiempos de Silverio Cavazos, como el de Jalisco, se negaron a aportar lo que les correspondía.

Como sea, es un asunto que el Gobierno de la República debe destrabar para poner en marcha esa magna obra que vendrá a beneficiar a agroproductores de la región y atender el problema de escasez de agua en Manzanillo.

Otra promesa que hizo el Ejecutivo federal y no cumplió, fue la rehabilitación de El Paraíso, en Armería, luego de los graves daños que dejó el paso del huracán Patricia, en 2015. Aunque en este caso, lo mejor sería reubicar a los prestadores de servicios turísticos y gastronómicos, pues cada determinado tiempo sus enramadas se destruyen por el paso de huracanes, y mantenerse ahí no es seguro.

También se debe reconocer a la administración de Peña Nieto que en los últimos meses ha dado buenos resultados el operativo Escudo Titán, de la Policía Federal, que ha disminuido los índices delictivos, principalmente en Manzanillo.

Lo mismo apoyos al sector primario, como el anunciado la semana pasada por el titular de la Sagarpa, Baltazar Manuel Hinojosa Ochoa, quien informó que en los próximos días, llegarán al estado 19 millones de pesos para productores de limón.

El presidente Enrique Peña Nieto celebró en Manzanillo su cumpleaños 52, el último con el cargo que detenta. Aseguró que seguirá trabajando intensamente hasta el 30 de noviembre, día que termina su sexenio.

 

Reconsiderar

 

EL Plan de Austeridad Republicana dado a conocer por el candidato ganador de la elección presidencial, Andrés Manuel López Obrador, tiene que ser revisado y corregido en puntos específicos e importantes, si es que como lo dice el tabasqueño, quiere encabezar un buen gobierno y cumplir sus compromisos de campaña para no fallarle al pueblo.

La descentralización del Gobierno de la República que implica el traslado de las Secretarías de Estado a entidades del país, generará un caos, pues junto con ellas deberán mudarse familias completas de funcionarios y empleados de todos niveles, con los consecuentes gastos y trastornos para ellos, a lo que se suma la reducción de salarios de mandos directivos.

Además, la entidad que reciba tan sólo una de las dependencias federales, como sería el ISSSTE -con 84 mil 242 trabajadores de base y 4 mil 137 personas con plaza de funcionarios- en Colima, verá rebasada su capacidad de respuesta ante la demanda de vivienda y servicios públicos a los empleados que lleguen de la capital del país, lo cual puede encarecer la vida de su población.

Aun cuando el proceso se lleve a cabo de manera gradual, como lo ha dicho Esteban Moctezuma, quien fungirá como secretario de Educación en el gobierno lopezobradorista, ello no exenta el sinnúmero de conflictos que incluso podrían perdurar por varios años, en afectación directa a la atención de la gente.

Reconstruir, no destruir las instituciones mexicanas, como dice el propio Moctezuma Barragán, no necesariamente implica correr altos riesgos.

La instauración de una Coordinación Estatal para desa-parecer las delegaciones federales es otro punto que se debe reconsiderar, pues si bien es cierto que estas oficinas han operado muchas de ellas en la opacidad, como lo dijo a Diario de Colima la Diputada federal electa de Morena, Claudia Yáñez Centeno, también es cierto que se puede atacar esa corrupción de otra forma, poniendo al frente de cada una dependencia a gente capaz y honesta, supervisada permanentemente a nivel central.

Si desaparecen las delegaciones se ocasionará un conflicto, dado que es humanamente imposible que una sola persona esté capacitada para conocer, ordenar y supervisar lo que tiene que hacer cada una de las áreas de la administración pública federal. Aparte, esa medida provocará más desempleo, cuando lo que debe proceder es un análisis personalizado por delegación y por área, para detectar el personal que se necesita y cuál no se requiere.

Valga decir que hizo mal López Obrador en nombrar a candidatos perdedores de anteriores o actuales elecciones estatales en coordinaciones estatales, como Delfina Gómez en el Estado de México, y Carlos Lomelí en Jalisco. La primera compitió y perdió por la gubernatura el año pasado, mientras que el segundo contendió este año para el mismo cargo en el vecino estado, y perdió. Al darles el poder del Gobierno Federal en esas entidades, impone su presencia y revive la rivalidad de los ex aspirantes con los Gobernadores.

Uno de los anuncios que más ha llamado la atención es la pretendida desaparición del Estado Mayor Presidencial (EMP), que tiene 2 siglos de existencia. Está integrado por 8 mil elementos de las tres Fuerzas Armadas: Ejército, Marina y Fuerza Aérea, adscrito a la Presidencia de la República y cumple tareas de seguridad, logística y transporte.

El EMP brinda protección al Presidente y a su familia; a los ex presidentes de la República, a secretarios de Estado, y a dignatarios extranjeros durante su visita al país.

Ni ahora que ya fue declarado candidato ganador de la elección ni cuando se le reconozca como Presidente electo y mucho menos cuando esté en funciones, López Obrador puede prescindir de una eficiente y confiable seguridad oficial, pues ya no se representa a sí mismo, sino a toda la Nación.

Si los 8 mil elementos del EMP se consideran demasiados, además de oneroso su presupuesto de 639 millones de pesos, como el que está ejerciendo este año, lo conducente es que se revise y se adelgace, pero que no desaparezca, pues en ninguna corporación de Seguridad Pública ni en las Fuerzas Armadas existe personal con los altos niveles de capacitación como los que ahí se concentran para proteger y cuidar al Presidente de México, indistintamente de cómo se llame, así como a su familia y Gabinete.

También, por elemental sentido de la seguridad del Jefe del Estado mexicano, López Obrador tiene que reflexionar mejor dónde vivirá con su familia, pues la idea de desechar la residencia oficial de Los Pinos y habitar en Palacio Nacional, además de contraproducente es inoperante, dado el caos que priva en el Zócalo capitalino y sus alrededores.

La austeridad republicana que propone el próximo Mandatario federal puede aplicarse, pero no al grado de poner en riesgo su seguridad, que es la del Estado mexicano, así como la funcionalidad de la administración pública.

 

Impronta de Peralta

 

CON una inversión de mil 200 millones de pesos en un periodo de 7 años contados a partir del presente, se construirá un complejo agropecuario –oficialmente llamado agroparque– para impulsar el desarrollo agropecuario, la investigación agrícola, ganadera y ambiental, así como la construcción de un rastro Tipo Inspección Federal que aliente el desarrollo de la ganadería de carne.

El anuncio lo hizo, la semana pasada, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, durante la gira del secretario de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca (Sagarpa), Baltazar Hinojosa Ochoa, quien se comprometió al envío de los dineros iniciales de la obra, que se ubicará en una superficie de 40 hectáreas en Los Asmoles, en las inmediaciones de la 20ª Zona Militar, cuyas instalaciones están en proceso de construcción, a la vera de la autopista a Manzanillo.

Esta es una obra de importancia para la economía del sector agropecuario del estado, que repercutirá en la economía general, pues el fomento a las actividades productivas del campo en investigación y desarrollo tecnológico fortalecerán la capacidad exportadora de Colima, que está despegando con éxito. Este agroparque será una de las obras relevantes del sexenio de Peralta Sánchez, quien tendrá la tarea de gestionar que el nuevo Gobierno Federal garantice la continuidad del proyecto.

El Mandatario estatal está marcando su impronta en varias obras de los primeros 2 años de su gobierno. Esto es destacable en un contexto de crisis de las finanzas públicas que recibió casi en ruinas luego del saqueo que durante dos administraciones que le precedieron se llevó a cabo.

Por eso destaca la adquisición y adaptación del Parque Ecológico La Campana, una extensión de 90 hectáreas adquiridas de oportunidad a un precio muy por debajo de su valor comercial, a pesar de que la crisis financiera pública golpeaba fuertemente a la administración en ese momento, pero había que aprovechar la oferta. Hoy, La Campana es un referente urbano ecológico, un extenso pulmón verde en el centro de una conurbación cada vez más extensa y compleja que amenaza con reducir la calidad de vida de sus habitantes si no se toman medidas como esa.

La Campana se está convirtiendo, además de una zona natural preservada, en un área de esparcimiento, de ejercicio, de paseo y de espectáculos, como el que se presentó el mes pasado con tres cantantes de renombre internacional y tres tenores colimenses. Ahí mismo, la zona arqueológica, también conservada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, está captando beneficios de equipamiento para recibir visitantes locales y foráneos, para conocer la antigua gran ciudad prehispánica que fue la Colima primigenia.

Este parque es también parte de las acciones que marcarán a la administración peraltista, como lo es también la mudanza de la 20ª Zona Militar de la Calzada Galván, donde aún se localizan las instalaciones castrenses, al predio de Los Asmoles, donde el avance de la edificación es notable.

El cambio dejará a la administración peraltista el predio urbano de la Calzada Galván, de gran valor estratégico. Actualmente, se diserta sobre el destino –o los destinos, porque puede ser múltiple– que se dará a la todavía sede castrense. Habrá opiniones diversas, pero en una coincide la mayoría de voces: debe ser un lugar público, sin espacio a la privatización ni a la concesión a particulares. Conservar la zona es de importancia para el medio ambiente y la calidad de vida de la capital del estado.

En Manzanillo, el sello de Peralta Sánchez se manifiesta ya en el rescate de la laguna del Valle de las Garzas, que los habitantes de la ciudad portuaria han reclamado con persistencia. Su llamado es atendido por el Gobernador, quien mediante gestiones y acciones propias, está en vías de empezar con la rehabilitación del importante cuerpo lacustre.

Otras obras sencillas, pero de gran utilidad social, son los andadores o parques lineales de Villa de Álvarez a Comala y de Suchitlán a Cofradía de Suchitlán, que son disfrutados por miles de personas. De la misma manera, resulta la terminación, con inversión federal y gestión estatal, del libramiento de Nogueras que entronca con la carretera de Comala a San Antonio, cada vez más transitada por razones agropecuarias y turísticas de la pujante zona norte del estado.

Esa es hasta ahora la huella de Peralta Sánchez. Seguramente continuará en esa ruta.

 

Mejorar el transporte

 

LA mejora del transporte público y la movilidad siguen siendo asignaturas pendientes en el estado, por lo que el gobierno de José Ignacio Peralta Sánchez debe enfocarse a resolver esta problemática en la segunda mitad que resta de su administración.

El jueves de la semana pasada, cientos de taxistas tradicionales adheridos a la CNOP protestaron contra los taxis piratas que prestan el servicio y no están regulados por la Secretaría de Movilidad (Semov).

El líder de la CNOP en Colima, Enrique Rojas Orozco, acompañado de decenas de taxistas, exigió a la Secretaría de Movilidad regularice las unidades de servicio ejecutivo particular. Conductores expresaron su descontento por el nulo interés del titular de la Semov, José Belisario Arrayales López, por resolver la problemática.

Como parte de la manifestación, se pegaron 500 calcomanías en taxis amarillos con las leyendas “Usa taxis legales”, “Fuera carros piratas”, entre otras. Rojas Orozco acordó una reunión con Arrayales López, para plantearle la problemática y exigirle soluciones.

Tienen razón los trabajadores del volante en exigir que el Gobierno del Estado haga respetar la ley, pues hay decenas de taxis de servicio privado que operan al margen de la norma.

De acuerdo a la Ley de Movilidad aprobada por el Congreso del Estado en enero de 2017, el porcentaje del servicio privado no debe rebasar el 4 por ciento del total de taxis amarillos.

Los choferes inconformes señalan que hay sólo dos empresas de servicio privado que sí han cumplido los requisitos para operar, pero hay un número indiscriminado de esas unidades, unas 500, que laboran en la clandestinidad.

Rojas Orozco denunció que el hecho de que estén circulando cientos de taxis piratas pone en riesgo a los habitantes, porque no hay certeza de quiénes operan esas unidades y la autoridad no tiene un registro formal de cuántas existen ni sus datos.

Exigen que la Secretaría de Movilidad informe cuáles son las empresas que sí llenan los requisitos, que se cumpla el porcentaje que la ley marca y también con el tipo de vehículo.

El año pasado, el gobernador Ignacio Peralta entregó 180 títulos de concesión de taxi a trabajadores del volante que cumplieron todos los requisitos señalados en la Ley de Movilidad. Fue una medida acertada para atender la demanda.

Sin embargo, es delicado lo que señalan los taxistas adheridos a la CNOP, en el sentido de que circulan más de 500 taxis piratas, lo cual representa una competencia desleal para quienes se encuentran regulares y atienden la norma.

Hay muchos aspectos que Movilidad debe corregir en el servicio de taxis, pues por ejemplo, todos los días hay carencia del servicio de 2 a 3:30 de la tarde, por el cambio de turno de todos los autos de alquiler. Los usuarios que necesitan el servicio, optan por llamar a Chofer Pro u otras compañías que puedan trasladarlos. Eso es lógico. Al desatender a sus clientes, los amarillos fomentan a su competencia.

La ex secretaria de Movilidad, Gisela Méndez, tuvo fuertes enfrentamientos con los taxistas y empresas concesionarias del transporte público, por lo que dejó en herencia problemas en la dependencia. En su momento trajo a Colima prototipos de camiones para renovar el parque vehicular, pero las unidades no convencieron a los transportistas, pues argumentaron que no eran los más adecuados para las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Manzanillo y Tecomán.

En noviembre del año pasado se incrementó la tarifa del transporte urbano en la zona conurbada de 6 a 8 pesos, con el compromiso por parte de los concesionarios de renovar y mejorar el parque vehicular, sin embargo, esto no se ha cumplido, pues en mayo se adquirieron 12 nuevas unidades y otras más fueron reparadas. En una gran mayoría, los camiones se encuentran en mal estado, por lo que el servicio es caro y malo.

Para resolver problemas de circulación vehicular y contaminación, en las ciudades con mejor calidad de vida de México y de otros países, se fomenta el uso del transporte público, pero de calidad, confortable y seguro.

En las ciudades de Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, se debe trabajar en esa dirección, pero se requiere una atención inmediata por parte del Gobierno del Estado a los problemas del transporte público.