Dos a cero
ARNOLDO VIZCAÍNO RODRÍGUEZ
Martes 14 de Agosto de 2018 8:20 am
A finales del año
anterior, concluyó el juicio promovido en mi contra por la Administración
Portuaria Integral (API) y la Procuraduría General de la República (PGR), que
me demandaron por la presunta comisión del delito de sabotaje, por haber
protestado, junto con más de 300 gentes, en la puerta principal del puerto de
Manzanillo. La jueza fue
contundente en su dictamen contra de la API y la PGR, donde me exonera de
cualquier responsabilidad. La PGR, no contenta con la tunda recibida, apeló la
sentencia ante la magistratura, pero la magistrada los remató con magistral
exposición. Nuevamente, el
viernes que acaba de pasar, la PGR fue ridiculizada por el también juez federal
que conoció y resolvió sobre el caso de Juan José Ávila, quien fue acusado por
la concesionaria de la autopista Cuyutlán-Manzanillo y la PGR, del delito de
ataque a las vías de comunicación, por haber participado en la liberación de la
caseta. En efecto, el señor Ávila fue total y absolutamente exonerado, y la PGR
fue puesta contra la pared, pues tanto el defensor del acusado como el propio
juez, le hicieron ver que si quería perseguir delincuentes, actuara en contra
de quienes interpusieron la demanda, pues ellos, en contubernio con las
autoridades de la SCT, han venido saqueando impunemente al pueblo desde hace
muchos años, cobrando un derecho de peaje que no debieran cobrar, si actuaran
con apego a la justicia y el derecho. En efecto, la
primera concesión que se otorgó a la empresa, y que en estricto sentido es la
única legal, le autorizaba cobrar peaje por 9 años y 3 meses, a partir del 9 de
noviembre de 1990; esto es, la autopista debió liberarse a partir del 9 de
febrero del año 2000. Pero ¡no!, 2 años después, el 17 de diciembre de 1992, el
secretario de la SCT, Andrés Caso Lombardo, les autorizó que en lugar de que la
concesión fuera por 9 años y 3 meses, mejor fuera de 14 años. No obstante, el
31 de mayo de 1994, todavía tiempo de Carlos Salinas, el secretario de la SCT,
Emilio Gamboa Patrón, autorizó que en lugar de 14 fueran 24 años de dicha
concesión. Pero las cosas no
pararon ahí, si así hubiera sido, desde noviembre de 2014 ya no pagaríamos por
el uso de la autopista. La mata siguió dando, y en los tiempos de Fox, en
febrero de 2016, Pedro Cerisola, secretario de la SCT, les autorizó que su
concesión mejor fuera por 30 años, para que venciera en noviembre de 2020. No
obstante, el 25 de febrero de 2011, a finales del calderonismo, siendo Dionisio
Pérez Jácome secretario de la SCT, resolvieron, para que se acabara la tos,
otorgarles otros 30 años, para que venza hasta a 2050, porque esa concesionaria
tiene un tramo en Tlaxcala que opera presuntamente con pérdidas, porque los
lugareños hábilmente evaden la caseta, y entonces los concesionarios y las
autoridades resolvieron que la gente de Colima pague (copeteado) lo que los
astutos de Tlaxcala evaden. Por eso en sus
alegatos, el brillante y honesto abogado Rafael Vanegas, dice: “Nos encontramos
ante una gran farsa, la PGR pretende encarcelar a Juan José Ávila por protestar
contra empresarios voraces que en contubernio con la SCT, se dedican a saquear
al pueblo. Sí, nos encontramos ante la comisión de delitos graves, pero
cometidos por empresarios corruptos, en contubernio con diversos secretarios de
la SCT”. ¿De qué manera se
atacó a las vías de comunicación y qué daños se le provocaron a la Nación
liberando la caseta? Lo que debiera hacer la PGR, en cumplimiento con su
obligación constitucional, es llevar a juicio, hasta encarcelar (y que resarza
el daño) a todos estos empresarios y a sus cómplices de la SCT, como los ex
secretarios Andrés Caso Lombardo, Emilio Gamboa Patrón, Pedro Cerisola y Weber,
Juan Francisco Molinar Horcasitas y Dionisio Pérez Jácome (+), y claro, liberar
para siempre la caseta de Cuyutlán. AMLO tiene en las autopistas una gran
tarea.
*Presidente de
Productores Unidos por Colima, A. C.
