De la transparencia y otros demonios

Jueves 16 de Agosto de 2018 8:04 am

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LOS recientes nombramientos de magistrado, magistrados anticorrupción e integrante del Infocol, abonan a la más añeja y anquilosada tradición de oscurantismo, arbitrariedad y falta de interés en que los asuntos públicos sean ventilados a la luz de la sociedad y no en los pasillos de las componendas partidistas que propician, sin lugar a dudas, la corrupción.

Y voy a empezar diciendo algo: Mario de la Madrid, Yarazeth Villalpando y Andrés García me parece que tienen suficientes méritos como para haber sido propuestos, y en un proceso abierto, tal vez obtener las posiciones que ahora ostentan. En cuanto a Juan Manuel Figueroa y a Francisco Yáñez Centeno, no los conozco lo suficiente, pero ya fue ampliamente criticado el nombramiento de Francisco, por haber sido juez y parte en el proceso, y aunque se hubiera excusado de participar, el punto es que el conflicto de interés se extiende a todos los integrantes de la comisión, por la relación con el seleccionado.

La falta de transparencia, máxima publicidad y sobre todo el cambio de paradigmas de nuestra sociedad, atenta hoy y exigente de las acciones y decisiones del poder, contrapuesta a la sociedad agachona que heredamos, donde el Presidente de la República era objeto de culto y veneración, situación que llegó a niveles francamente ridículos durante el mandato de José López Portillo. A escala micro, la situación se repetía con el Gobernador de Colima, llegando a su extremo con Fernando Moreno. Hoy, una sociedad crítica y actuante, exige y espera que el Gobernador no negocie “en lo oscurito” con los “líderes” de los partidos que integran el Congreso, ni que entregue una responsabilidad en el Sistema Anticorrupción para congraciarse con el futuro Presidente de México, a través de una de las familias que han resultado beneficiadas políticamente con esta nueva “transición”.

El juez octavo de Distrito en Materia Administrativa de la CDMX, Fernando Silva García, ya resolvió un amparo contra el Presidente de México –cosa impensable hace algunos pocos años–, en el que protege a los integrantes del Comité de Participación Ciudadana del SNA, obligándolo a cumplir estrictamente sus obligaciones constitucionales en materia de nombramiento de los magistrados anticorrupción.

Como afirma Silva García: “El cumplimiento de la Constitución no está sujeto a negociaciones políticas, de lo que se sigue que ningún poder organizado y regulado puede ubicarse por encima del Derecho…”. Más adelante dice: “En el presente juicio de amparo se cuestiona que el Ejecutivo federal para transparentar y justificar la idoneidad de las personas que designó para ocupar el cargo de Magistrados Anticorrupción y que sometió a consideración del Senado de la República para su ratificación, se limitó a transcribir el currículum vitae de las personas, señalando la experiencia profesional de cada uno de ellos”. Fue lo mismo que hicieron aquí.

Silva García se coloca en la posición que le corresponde: la de juez. Recordando a Baltasar Garzón, el camino es arduo y lleno de escollos, pero alguien tiene que dignificar el papel de juez y poner sus capacidades al servicio de la sociedad.

Así es que Silva García exige que el Presidente y el Senado deben “rendir cuentas a la sociedad y justificar el perfil ético y profesional adecuado de los Magistrados Anticorrupción que ha decidido nombrar para el funcionamiento del Sistema Nacional Anticorrupción, deberes que se desprenden de una interpretación teleológica y sistemática de (…) la Constitución Federal”, lo que, como obligación constitucional que se establece, obliga también al Gobernador de Colima.

Amparos ya hay varios y se darán más. El Gobernador y los diputados deben entender que el procedimiento requiere de transparencia, máxima publicidad y demostración absoluta e indubitable de la idoneidad de los elegidos para cumplir con las responsabilidades que se les otorgan. La sociedad no aceptará ni un ápice menos, ya no es el México de López Portillo ni el Colima de Moreno Peña, este es el país que exige que la vida pública de las instituciones se cumpla impecablemente y sin más compromiso que obedecer el mandato del pueblo.