Jueves 16 de Agosto de 2018 7:59 am

---

Centralismo

 

EL sábado de la semana pasada, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió en la Ciudad de México con los próximos 32 delegados estatales y 264 delegados regionales que formarán parte del Gobierno Federal en las entidades del país, estructura que pondrá fin a la representación unitaria por cada Secretaría de Despacho, como existen en la actualidad.

Si bien en un principio se dijo que estos representantes del gobierno lopezobradorista serían “coordinadores”, el término cambió a “delegados” para evitar caer en la ilegalidad, pues la Constitución faculta al Presidente de la República a nombrar delegados en las entidades federativas, no coordinadores.

En Colima, la diputada federal electa, Indira Vizcaíno Silva, fungirá de delegada estatal del Gobierno Federal. Ella tendrá tres delegados regionales: Rafael Barbosa Hernández en los municipios de Colima, Villa de Álvarez, Cuauhtémoc, Coquimatlán, Comala e Ixtlahuacán, y Marco Antonio Rodarte Quintana, en Manzanillo, Tecomán, Armería y Minatitlán. A este grupo se sumará otro delegado regional que atenderá comunidades indígenas, sin límite de acción territorial.

Terminar con la corrupción en las delegaciones estatales es un buen propósito del gobierno de López Obrador, sin embargo, la duda surge cuando no hay explicaciones claras sobre cómo pretende aterrizar y hacer funcionar las delegaciones estatales. Es imposible que una sola persona sea experta en todos los ámbitos de la administración pública federal y que tenga el tiempo para analizar y autorizar programas o apoyos a sus subordinados, que necesariamente tendrán que consultarla.

Al concentrar las delegaciones federales, cientos de miles de personas a nivel nacional se quedarán sin empleo, lo que generará un problema adicional a los muchos que tiene el país. Además, será imposible la eficiencia de las súper delegaciones regionales con el trabajo de sólo personal sindicalizado y de base.

En Colima operan 42 delegaciones federales que, ciertamente, son una exageración. Muchas de esas oficinas pueden fusionarse o de plano desaparecer, pero hay otras que por su importancia deberían permanecer.

La próxima secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, dijo que en la nueva forma de hacer gobierno se pretende garantizar la entrega directa, sin intermediarios, de los programas sociales que se ajustan a las necesidades de cada familia. E Indira Vizcaíno anunció el próximo inicio del levantamiento de censos en la población colimense para conocer sus necesidades. Al parecer desconocen que el INEGI cuenta con toda la información que innecesariamente habrán de recabar.

Concentrar el poder público federal en unas cuantas personas no persigue el único interés de ahorrar dinero y acabar con la corrupción, sino proyectar política y electoralmente a quienes ocuparán esos puestos. López Obrador considera que hay delegados que se despacharon con la cuchara grande, lo cual es totalmente cierto, pero entonces, ¿Morena carece de gente honesta y confiable para los puestos de las delegaciones?

Lo que se percibe con claridad es que Andrés Manuel y su partido político están creando una estructura oficial para preparar candidatos y una clientela electoral con miras a la contienda de 2021, por lo que, en automático, Vizcaíno Silva se convertirá en precandidata del próximo Presidente de México a la gubernatura, mientras los delegados regionales se promoverán para otros cargos federales, estatales y municipales. Eso, siempre y cuando funcionara la estructura propuesta, en caso de que se llevara a cabo, lo cual podría no suceder en ambos casos.

Más que trabajo, la labor de estos personajes será la grilla y, en vez de eficiencia, habrá retraso en la entrega de apoyos y la puesta en marcha de programas institucionales, debido a la tardanza en la toma de decisiones.

Ya en su calidad de gobernador electo de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez se pronunció contra la centralización de funciones que pretende López Obrador, por atentar contra el Federalismo. Dijo no conocer a ningún Gobernador que requiera de intermediarios para platicar con el Presidente de la República o con los secretarios de Estado, por lo que descalificó la representación que en esa entidad tendrá Carlos Lomelí, quien, por si fuera poco, fue su competidor en la contienda por el Gobierno del Estado.

Mal también esa decisión de nombrar delegados estatales a personajes que compitieron en procesos electorales y perdieron con gobernadores en funciones o electos. Eso servirá para confrontarlos de manera permanente, cuando bien pudo enviarse, por ejemplo, a Lomelí a otro estado o a Delfina Gómez a otra entidad, no dejarla en el Estado de México.

El gobernador de Campeche, Alejandro Moreno Cárdenas, también está contra los delegados estatales, y le sugirió a López Obrador manejar sus facultades federales con respeto, para que reciba el mismo trato en los estados.

Ningún otro Gobernador ha dicho algo sobre este tema, ni se espera que lo hagan a través de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), pues su presidente, el chiapaneco Manuel Velasco Coello, está sometido al Presidente electo y pronto asumirá una curul en el Senado de la República, misma que no debió otorgarle el Partido Verde por la vía plurinominal, pero menos la autoridad electoral.

A como están las cosas en el PVEM, no se duda que muy pronto se sume en el Congreso de la Unión a la bancada morenista, por así convenir a sus intereses económicos y políticos.

De hecho, la Conago ya no tiene razón de ser, pues no sirve, como en sus inicios, como factor de equilibrio de los gobiernos estatales y el federal. De continuar, primero tendría que plantearse en su seno cuál es la postura que asumirán los Gobernadores frente al centralismo que impondrá López Obrador por medio de las delegaciones estatales en todo el país.

Ya se verá si luego de asumir el cargo, los próximos delegados estatales y regionales encuentran pillerías –que las debe de haber– en las delegaciones federales y si las denunciarán o se quedarán callados. A partir de eso podrá definirse si, como se dice, el centralismo pretende frenar la corrupción o se trata, como se infiere, de sólo tener el control político, administrativo y económico del Gobierno Federal concentrado para fines electorales.

 

Secretario geocéntrico

 

COMO el trabajo está lejos de ser una de sus virtudes, al secretario de Fomento Económico del Gobierno del Estado, Carlos Domínguez Ahedo, le ha dado por contar chistes.

La más reciente de sus gracejadas es la construcción de un “aeropuerto geocéntrico” a la mitad del territorio del estado de Colima, proyecto que le atribuye al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, quien al respecto no ha comentado una palabra. Ni mucho menos moverá un dedo por una idea tan absurda, seguramente.

Según Domínguez Ahedo, Colima necesita ese aeropuerto, que sería el tercero en la entidad. Arguye que de esa manera, construido en el centro del territorio, serviría mejor. Deficiente en el uso del lenguaje y en la exposición de las ideas, pretende suplir la ausencia de resultados de trabajo con ocurrencias sin lógica. ¿Para qué se necesita una nueva terminal aérea, si las dos que hay apenas funcionan por la escasez de vuelos? Son muchas las aerolíneas que han entrado al mercado de Colima y han salido a toda velocidad por la carencia de clientes. ¿Cómo va a haber viajeros, si las razones para volar a Colima son pocas?

Si Domínguez Ahedo hubiese hecho bien su trabajo, el de atraer inversiones privadas a Colima y crear condiciones para la instalación de empresas, entonces sí habría muchas personas con necesidad de volar a Colima desde diversos puntos del país y a la inversa. Pero no. El secretario de Fomento Económico se ha pasado los ya 2 años y medio casi del gobierno actual viajando a costa del erario estatal a Europa, Estados Unidos y Asia, para supuestamente interesar a inversores en Colima. Ni una empresa ha atraído. Eso sí, es un experto en contar historias de que capitales coreanos, alemanes, chinos, etcétera, “se interesan” en nuestro estado. Mentiras y baladronadas.

Tampoco puede ser “geocéntrico”. No porque lo sueñe a mitad del estado adquiere esa calidad. Se dice que algo es geocéntrico cuando está relacionado con el centro de la Tierra, del planeta tierra, no del territorio del estado de Colima. Ese yerro nos da una idea de que la versión de Domínguez Ahedo es pura chacota, nada serio, pura palabrería en un intento por cubrir su ineficiencia como funcionario.

Ahora bien, si la desproporcionada “idea” de construir un tercer aeropuerto “geocéntrico” en Colima prosperase, ¿qué destino se dará a los otros dos, el de Buenavista y el de Playa de Oro? ¿Los convertirían en pistas de arrancones de autos de carreras? Como si el dinero sobrara en el país para gastarlo a lo tonto y desdeñar inversiones que en su momento fueron elevadas, como la de ambas terminales aéreas.

Esas dos obras se hicieron en su momento pensando en la relación con Jalisco. El de Manzanillo, por la costa sur y el corredor turístico de ambos estados que no termina de prosperar. Y el de Buenavista, obra gestionada por Griselda Álvarez, para servicio de la capital y los municipios del norte del estado, así como también para los del sur de Jalisco. Después de varias décadas, apenas se sostienen y son rentables con escaso margen. Aerolíneas van y vienen, tanto nacionales como extranjeras. Luego, emigran, vuelan, porque no tienen suficientes personas interesadas en venir por avión a Colima. Los extranjeros encuentran pocos atractivos turísticos; los empresarios no tienen muchas ocupaciones aquí; el turismo viene sobre todo por tierra y varios miles fugazmente por barco. El resto de quienes vuelan lo hacen por razones de trabajo –muchos por labores de gobierno–, educación, espectáculos y atención médica. Con dos o tres vuelos al día, cuando mucho, es más que suficiente para conectar a Colima con la capital del país.

La afirmación de Carlos Domínguez de que el aeropuerto de Guadalajara “se está acercando” y eso dejará sin aerolíneas a Colima, es otra de las mentiras del funcionario. Ni se está acercando físicamente, porque no se mueve, ni metafóricamente, porque la distancia y la velocidad posible desde Colima es la misma, poco variable. Con un poco de inteligencia, el funcionario entendería que para la gente de Colima abordar un avión en Guadalajara implica un alto costo y muchas molestias, desde varias horas de desplazamiento por carretera hasta los imprevistos de todo viaje, casetas, gasolina, etcétera. Es una alternativa, sólo en emergencias.

Si hubiera trabajado, el “geocéntrico” secretario de Fomento Económico hablaría de resultados, no de planes a futuro sin sustento real alguno. Ni siquiera un hotel nuevo en Manzanillo se ha construido. Y no por falta de dinero, sino porque el turismo, aunque ha subido en número, todavía puede atenderlo la oferta hotelera actual, que por ahora está sobrada.

 

Financiamiento a partidos

 

ES un acierto la iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para reducir 50.76 por ciento el financiamiento ordinario a los partidos políticos, sólo en años no electorales, con el objetivo de generar ahorros a favor de los estados y la Federación.

La enmienda fue enviada al Congreso del Estado, el cual aprobó enviarla al Congreso de la Unión. Esta iniciativa la mandó Peralta Sánchez al Legislativo desde enero de 2017, y apenas el pasado lunes los diputados la desempolvaron y aprobaron turnarla al Congreso Federal. Se desconocen los motivos por los cuales los tribunos decidieron frenarla, pero qué bueno que ahora la retomen, pues es una propuesta que si la aprueba el Congreso de la Unión no solo beneficiará a Colima, sino a todo el país.

La enmienda propone reformar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Partidos Políticos. Plantea que el financiamiento se fije cada año multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 33 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización (antes salario mínimo).

El artículo 41 fracción II inciso a) de la Constitución Mexicana, establece que el financiamiento a los partidos se fijará anualmente multiplicando el número total de ciudadanos inscritos en el padrón electoral por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida y Actualización.

Ignacio Peralta argumenta que los partidos ejecuten sus actividades con fuentes de financiamientos racionales, acotadas, transparentes y fiscalizables.

Asimismo, que el dinero destinado a los institutos políticos ha generado menoscabo a las finanzas públicas de la Nación por lo altamente cuantioso, por lo que deben estar sujetos a límites más razonables, de auténtica austeridad.

Además, el sistema de financiamiento a partidos debe adecuarse a la realidad económica del país, para que dé como resultado una distribución de fondos apegada a una política de austeridad para todos los órdenes de gobierno.

El 1 de junio del año pasado, el Congreso de Jalisco aprobó la reforma electoral propuesta por el diputado independiente Pedro Kumamoto, que reduce el financiamiento a partidos. Así, en años electorales el dinero a los partidos se repartirá según los votos válidos que obtengan en la elección inmediata anterior, por el 65 por ciento del valor de la Unidad de Medida.

En años no electorales el dinero se repartirá conforme al padrón electoral, por el 20 por ciento de la Unidad de Medida.

Kumamoto argumentó que en año no electoral Jalisco podrá ahorrarse unos 181 millones de pesos, pero en los años electorales se estarían ahorrando 193 millones de pesos.

El pasado 25 de julio, la diputada Alicia Barrientos, de Morena, presentó una iniciativa de reforma al Artículo 41 de la Constitución encaminada a reducir en 50 por ciento el financiamiento a partidos.

Sostuvo que Morena rechaza los mil 500 millones de pesos que le corresponderían para el próximo año, y propone disminuir el monto a la mitad para todos los institutos políticos.

Desde que asumió la gubernatura, Nacho Peralta anunció su plan de austeridad, pues el gobierno anterior de Mario Anguiano había dejado un desastre financiero que debía recomponerse y transparentarse en este sexenio.

La iniciativa de Peralta Sánchez, de reducir el financiamiento, enviada en enero de 2017, es anterior a la aprobación de la enmienda en Jalisco y de la que recientemente presentó Morena en la Cámara de Diputados.

Seguramente en el Congreso de la Unión será tomada en cuenta la propuesta del Mandatario colimense, pues está bien sustentada y coincide con la de Morena y de otros abanderamientos que también se han pronunciado a favor de la reducción del financiamiento.

En un país como México, con graves carencias económicas en más de 50 por ciento de la población, la democracia no debe ser tan cara y se deben terminar prácticas nefastas como la compra de votos.

 

A la Postre

 

LENTO se ha visto el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Ayuntamiento de Colima, que encabeza Arturo León Alam, al no actuar para impedir que el Ayuntamiento remate el predio ubicado en el fraccionamiento Primavera Hills.

La comuna emitió la tercera convocatoria para la subasta del terreno de más de 12 mil metros cuadrados y le ha bajado el precio a 34 millones 200 mil pesos, 4 millones 200 mil pesos menos de como empezó la oferta. Según ha mencionado la regidora María Elena Abaroa, quien se opone a la venta, su valor comercial es de aproximadamente 50 millones de pesos.

Al ser acreedores preferentes por el adeudo de 90 millones de pesos que el Ayuntamiento tiene con el gremio, el Sindicato debería presentar una Anotación Preventiva en el Registro Público de la Propiedad en la que manifieste la denuncia que existe contra la comuna por esa deuda y así lograr un embargo precautorio sobre el terreno en mención, para que Insúa no pueda venderlo.

De concretarse la venta, el sindicato tendrá parte de responsabilidad, al no acelerar ese proceso y quedarse en simples declaraciones.

Se reunió el secretario de Movilidad, Belisario Arrayales López, con diputados locales que lo citaron para preguntarle por qué la dependencia a su cargo no ha hecho algo para evitar que taxis privados que se solicitan a aplicaciones tecnológicas, sigan operando ilegalmente.

Le entregaron al funcionario estatal un documento en el que enlistan 610 unidades que dan ese servicio al margen de la ley, en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez. Y Arrayales no pudo más que reconocer que todos los vehículos que actualmente trabajan con esa modalidad lo hacen ilegalmente.

Esa pasividad del Secretario pone en riesgo a usuarios de taxis privados, pues no cuenta con ningún seguro que lo proteja en caso de accidente.

Arrayales López les dijo a los diputados que solamente dos empresas han sido autorizadas: Chofer Pro y Andar. Pero aclaró que una cosa son esos permisos a las empresas y otra a los automóviles, de los cuales, reiteró que ninguno tiene autorización.

De nada ha servido la cacareada Ley de Movilidad, si finalmente, en este como en otros aspectos, no la respeta ni siquiera la autoridad. Según esa legislación, en el estado sólo puede haber 4 por ciento de taxis privados, en relación al total de los conocidos como amarillos; en números, deberían ser solamente 80 unidades.

Si en la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez hay 610 y se sabe que en Manzanillo hay muchos más, ¿qué espera la Semov para detenerlos?

Se menciona el inminente cambio en ésta y otras secretarías del Gobierno del Estado, y hay quienes perfilan a Enrique Rojas para hacerse cargo de la Semov. Si se queda Belisario Arrayales o se va, se debe desterrar de ahí la modorra.

Desatinadas han sido algunas de las propuestas del alcalde electo de Colima, Leoncio Morán Sánchez, para conformar el gobierno que encabezará a partir del 15 de octubre. Si bien el coronel Gabriel Barreda Cárdenas es un hombre preparado, con experiencia y capacidad para ser director de Seguridad Pública, por lo complejo del rubro, debió pensarse en alguien con mayor vitalidad y menor edad para enfrentar el reto. Otra propuesta es la de María Cristina González Márquez como contralora, dado que en su paso por el Osafig, durante buena parte del sexenio de Mario Anguiano, no salió bien librada.

Se inaugura hoy el Parque Metropolitano de Tecomán, uno de los compromisos pendientes de los que asumió el presidente Enrique Peña Nieto (otro es la culminación de los 6 carriles de Manzanillo a Jalisco). Instalado en un área de 19.5 hectáreas será un sitio de esparcimiento para los tecomenses. Se inició al comenzar la administración federal de Peña Nieto y lo entregará el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez. También inauguró Peralta Sánchez el Paseo del Río Colima, en la capital del estado. En este caso se trata de un parque lineal que mejora a la zona sur de la ciudad.

Para no variar, Enrique Michel Ruiz volvió a enredarse con sus propias palabras, al mencionar: “Por qué razón el Diario no habla de la deuda que dejo (sic) Nacho el (sic) Ayto.?”. Ignacio Peralta dejó la Alcaldía en 2012. Enrique Michel formaba parte del Cabildo. Todo lo que dijo sobre la deuda de Peralta Sánchez, lo publicamos. Michel Ruiz sostenía que el pasivo era de más de 100 millones de pesos. La tesorera municipal lo desmintió y le precisó que la deuda de corto plazo era de 61 millones, incluidos 35 millones a pensiones y 19 millones de un crédito con Banobras. A cambio, la comuna tenía cuentas por cobrar por más de 100 millones de pesos, dijo la tesorera Águeda Solano. Nacho Peralta terminó su periodo de alcalde en 2012. Los 3 años siguientes fue coordinador de proyectos especiales de Enrique Peña Nieto, en la transición, y luego subsecretario de Comunicaciones. Desde hace 2 años y medio es Gobernador. En ese lapso, hemos publicado cuánto han expuesto los involucrados en las administraciones municipales, incluso la intención de Peralta Sánchez de auditar el periodo de alcalde de Mario Anguiano, siendo éste Gobernador en ese momento. Se detuvo. Y también publicamos el señalamiento de Leoncio Morán respecto a la deuda que dejó el mismo Enrique Michel, de quien fue sucesor: 40 millones de pesos. Luego se descubriría que fue mucho más, según lo dijo el propio Locho Morán la primera vez que fue Alcalde. También nos ocupamos de todos los sucesivos ediles, incluido el actual, Héctor Insúa García, a quien el sindicato de empleados municipales ha acusado de desviar dinero de pensiones, de cuotas sindicales y de pago de créditos. Eso es lo que molesta a Michel Ruiz, la crítica a quien él quería como Alcalde otra vez, pero perdió por ser un pésimo gobernante, de lo cual no tenemos culpa.