LUNES POLÍTICO

Lunes 20 de Agosto de 2018 7:07 am

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Ni ruinas ni éxito

 

RECIBIRÁ el gobierno de Andrés Manuel López Obrador una seguridad pública “en ruinas”, sostuvo Alfonso Durazo, quien será secretario de Seguridad Pública en la nueva administración.

Sin precisar por qué califica de ruinosa la seguridad pública, Durazo Montaño dio marcha atrás en varias promesas del futuro gobierno. Una de ellas es el perdón, que proclamó su jefe AMLO como condición indispensable para la pacificación del país. Durazo lo corrigió: el perdón “es un asunto personal” de cada familiar de víctimas o las víctimas mismas (cuando sobreviven, claro), para alcanzar la paz interior. Es decir, el futuro secretario de Seguridad Pública asume funciones de consejero emocional.

Después, explica que las acciones de combate al crimen organizado irán por la vía de las finanzas. Esa es una buena estrategia si se lleva a cabo con precisión y rapidez, para atacar las empresas que lavan dinero y se abate el secreto bancario para esos casos tanto en Estados Unidos como en México.

En respuesta a Alfonso Durazo, acaso por sentirse aludido, el ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, culpó a los gobernadores y a la alcaldes del país del fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto, si bien por su parte, el secretario de Gobernación en funciones, Alfonso Navarrete Prida, defendió al régimen diciendo que al menos 110 de los 122 capos objetivos prioritarios de la persecución están en prisión o abatidos. Durazo Montaño había dicho que no se perseguirá a cabecillas del narco, sino sus finanzas, lo que es un error, pues deben hacerse ambas funciones.

Osorio Chong dijo que alcaldes y gobernadores se negaron a la formación del Mando Único de las corporaciones policíacas, cuando esa era una de sus tareas fundamentales. ¿Por qué ante la negativa se siguió enviando dinero a raudales a estados y municipios para invertir en seguridad pública sin que se revisara a fondo el destino de esos recursos financieros? ¿Por qué lo permitió Osorio, si los mandos locales se negaban a colaborar, según su versión?

Por otra parte, la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán Loera del penal de Almoloya de Juárez, de máxima seguridad, evidenció a Miguel Ángel Osorio y el sistema carcelario que de él dependía. La recaptura del jefe del cártel de Sinaloa se debió a la DEA y la Marina, no a Osorio Chong, quien se pasmó ante el acontecimiento, que expuso muchas de sus limitaciones para ocuparse de la seguridad pública, que se había reintegrado a Gobernación al arribo de Peña Nieto.

El entonces secretario de Gobernación se dedicó desde el principio del sexenio a labrarse una figura política de cara a su pretendida candidatura presidencial. Muchos cientos de millones de pesos fueron gastados en promoverlo. Medio país vio aquella propaganda ridícula y desproporcionada en que aparece el encargado de la política interna hablando ante niños escolares sobre la recaptura de El Chapo Guzmán.

También el país vio que a Osorio le quedaba grande el Palacio de Bucareli y que sus desplazamientos por el país a reuniones sobre seguridad pública y combate al narcotráfico fueron actos políticos-electoreros. Así ocurrió en Colima, por ejemplo, cuando vino a Manzanillo a un cónclave con los secretarios de la Marina-Armada de México y de la Defensa Nacional y ocho gobernadores de la región de centro y occidente para combatir al crimen organizado más allá de los límites geográficos de cada entidad. Ni una sola letra de lo ahí señalado pasó a los hechos, pero Miguel Ángel Osorio seguía en campaña. A varias regiones del país fue con el mismo cuento.

Tampoco la fracción de Morena en la Legislatura, ni del PT, se ha referido a la etapa en la que Osorio Chong era secretario de Gobernación.

La verdad es que las estrategias de Felipe Calderón y de Peña Nieto son idénticas y resultaron insuficientes, porque les faltó combatir con eficiencia las finanzas del crimen organizado. No fueron un éxito, pero sí enfrentaron a los cárteles. Y eso debe combinar el nuevo gobierno: perseguir capos y atacar las finanzas.

Además, es necesario atajar las vías de ingreso de los precursores químicos para fabricar drogas sintéticas y el contrabando de dólares en efectivo, como ocurre en el puerto de Manzanillo, insuficientemente vigilado por la Marina y Hacienda.

Otro camino es exigir al gobierno de Estados Unidos que atienda el problema de sus millones de consumidores, quienes con sus compras sostienen a los cárteles de las drogas y los hacen fuertes.

No será sencillo el trabajo de Alfonso Durazo y es mejor aceptar desde ahora que los resultados, si los hay, serán a mediano plazo. Pero no será con quejas como la expresada por él como se trabajará bien. Más bien, suena a curarse en salud. Y los dichos de Osorio son mentiras, justificaciones tras casi 6 años de indolencia y grilla.

 

Fiscal General

 

DESDE hace meses ha generado polémica el nombramiento del Fiscal General de México y lo mismo se replica en los estados, pues se trata de las figuras más importantes en la procuración de justicia a nivel federal y en las entidades.

El año pasado hubo fuertes debates en el Congreso de la Unión por la intención del presidente Enrique Peña Nieto de designar directamente al Fiscal General, intento motejado como el “fiscal carnal”.

Con las reformas a la Constitución, el Mandatario tenía el derecho de nombrar al Procurador General de la República y, en automático, éste se convertiría en el nuevo Fiscal General. El propósito de Peña Nieto fue nombrar a su amigo Raúl Cervantes.

El 16 de octubre del año pasado, Cervantes Andrade renunció como titular de la PGR y días después, Enrique Peña declaró que nunca buscó un Fiscal afín al Presidente de la República, sino a alguien de probada capacidad y preparación para desempeñar ese cargo.

Reconoció que en ese tiempo no se podía hacer el nombramiento por la efervescencia política que se vivía por las campañas electorales y la crispación que se había generado principalmente en el Senado.

Luego de que 17 estados aprobaron la reforma constitucional, la semana pasada la Comisión Permanente declaró la aprobación de esa enmienda que elimina el pase automático del titular de la PGR a encabezar la Fiscalía. Ahora se podrá iniciar en el Senado la discusión sobre otra Ley Orgánica de la Fiscalía General y el proceso para nombrar al nuevo titular.

A la actual Legislatura se le acaba el tiempo, por lo que la aprobación de dicha Ley Orgánica quedará en manos de Morena y aliados, que a partir del 1 de septiembre próximo tendrá mayoría en el Senado.

La Constitución establece que será hasta que se apruebe la legislación cuando la PGR podrá realizar la transición para convertirse en Fiscalía General de la República.

La minuta de la Ley Orgánica de la Fiscalía General elaborada por la Cámara de Diputados se encuentra en comisiones del Senado desde diciembre de 2014, sin embargo, en enero de 2015, PAN y PRD la frenaron por considerarla insuficiente para garantizar la autonomía plena del Ministerio Público.

Una vez que se apruebe la Ley Orgánica, se pondrá en marcha el procedimiento establecido en el artículo 102 de la Constitución, a fin de que el Senado le presente por lo menos 10 nombres de candidatos al Presidente de la República, de los que él conformará una terna y la devolverá a esa Cámara, que será la responsable de nombrar al Fiscal General.

Se eliminó el pase automático del “fiscal carnal” de Peña Nieto, pero ahora se allanó el camino para que llegue el “fiscal carnal” del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador. Uno de los nombres que suena es el del jurista Bernardo Bátiz, quien fue Procurador en el gobierno de López Obrador en la Ciudad de México, hace 12 años.

Enrique Peña hace bien en manejar este caso con el Presidente electo, lo cual se toma como una cortesía política del mexiquense que ha colaborado para que la transición del Ejecutivo sea tersa y se dé en los mejores términos.

Con la reforma a la Constitución y la Ley Orgánica, también se habrán de nombrar los fiscales Anticorrupción y contra la Trata de Personas, el primero, de gran importancia para la situación actual del sector público federal. Lo ideal es que queden bien armados los nombramientos y facultades de estos organismos, para que funcionen bien y de inmediato.

En el caso de Colima aún no se nombra al Fiscal General, pues el Ejecutivo y Legislativo decidieron esperar a que el procedimiento se resolviera primero en el nivel federal.

De acuerdo a la Constitución, en el estado, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez tiene la facultad de nombrar, por única ocasión, al Fiscal General. Lo puede hacer de esa forma o seguir el modelo aprobado por el Senado, es decir, que el Congreso local le proponga una determinada cantidad de candidatos, Peralta Sánchez elija una terna y la regrese al Legislativo, para que sean los diputados los que de esa tercia nombren al nuevo Fiscal General del Estado.

El Gobernador y el Congreso deben ser muy cuidadosos en este proceso electivo, pues la crisis de inseguridad que vive Colima requiere un Fiscal fuerte, incorruptible, con independencia administrativa, jurídica y probada capacidad para desempeñar el cargo de esa representación social.

 

El caos

 

UN caos heredará Héctor Insúa García al próximo alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez. En la comuna capitalina hay un cochinero en el ámbito financiero, un desorden administrativo y graves deficiencias en la prestación de servicios públicos, como quedó demostrado el pasado miércoles, cuando trabajadores del servicio de limpia se negaron a cubrir las rutas matutinas debido al mal estado de las unidades recolectoras de basura; problema que persistió el viernes, aunque no se cancelaron recorridos. Hoy podrían parar, si no se han reparado los camiones.

El panista tiene adeudos con los trabajadores sindicalizados, que por eso lo demandaron penalmente ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), dado que retener o desviar cuotas o dinero de los empleados públicos se castiga con cárcel, conforme al Código Penal vigente en Colima. Eso es lo que ha hecho Insúa.

Para el caso, es lamentable que ni el anterior procurador, José Guadalupe Franco Escobar, ni el actual encargado del Despacho de la PGJE, Gabriel Verduzco Rodríguez, avanzaran en la integración del expediente que corresponde a la denuncia presentada por el dirigente sindical, Héctor Arturo León Alam, los primeros días de marzo de 2017, es decir, hace año y medio.

A instituciones altruistas y necesarias para salvar vidas, como Bomberos y Cruz Roja, el todavía edil capitalino les debe aportaciones. La semana pasada, el delegado de Cruz Roja, Alberto Covarrubias Bermejo, dijo que desde hace un año, el gobierno de Insúa dejó de entregarles los 17 mil pesos mensuales a los que se comprometió. ¿Dónde está ese dinero? ¿No lo presupuestó?

Sin prestar servicios públicos eficientes y sí en cambio tener y mantener una ciudad sucia y descuidada, el Alcalde también se negó a brindar seguridad pública a los capitalinos. A los escasos policías habilitados para realizar tareas de vigilancia, los mandó a barrer jardines y a concentrarse en hacer la tarea de tránsito, levantando infracciones en operativos escondidos, dirigidos especialmente contra conductores de vehículos modestos.

Al menos en esto no mintió Insúa, cuando en campaña reconoció, en un foro de la Coparmex Colima, que no estaba convencido de que la capital necesitara una policía municipal para combatir la inseguridad, pues, según él y su mundo de fantasía, el problema debe atacarse ¡con festivales! De ese tamaño ha sido la desatención del edil a uno de los principales conflictos de los colimenses, como es la inseguridad.

Encima del cúmulo de graves errores, omisiones, arbitrariedades e ilegalidades que lleva a cuestas, el panista es mal perdedor, igual que lo fue su mentor político, Jorge Luis Preciado, éste, luego de ser derrotado en dos ocasiones consecutivas en la gubernatura, pues Insúa recurrió a tribunales electorales para impugnar el triunfo que obtuvo Leoncio Morán en las urnas.

Primero, el edil en funciones presentó un recurso de inconformidad porque, según él, fue difamado en el programa Ya se supo, de la estación radiofónica 98.1, propiedad del gobierno estatal. El caso lo rechazó la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

Está pendiente de resolverse otra inconformidad similar, donde Insúa se queja de “inequidad” en la contienda electoral, por parte de medios de comunicación. El mismo cuento carente de sustento utilizó Preciado Rodríguez al perder la gubernatura y por lo mismo fue desestimado por la autoridad electoral. El viernes el TEE le admitió a revisión de fondo su queja electoral. En este caso, la respuesta del Tribunal seguramente será negativa.

El gobierno municipal se termina el último minuto del 14 de octubre, pero Insúa García insiste en seguir causando daño y por eso ha puesto en subasta un terreno propiedad del Ayuntamiento ubicado en el fraccionamiento Primavera Hills, que en segunda almoneda del 6 de agosto tenía un precio base de 38 millones 475 mil pesos, pero como no hubo interesados, habrá una tercera puja el 3 de septiembre, donde el predio se rematará en 4 millones menos que la anterior ocasión.

Sorprende que la subasta siga su curso cuando la regidora María Elena Abaroa López ha manifestado que el predio cuesta por lo menos 50 millones de pesos, por lo que el edil lo está malbaratando. En tanto que Locho Morán consideró que esa venta representa un doble daño para los ciudadanos, pues el dinero que se obtenga, dijo, pretende usarse en pago de deuda, lo cual, además, es ilegal.

Falta saber las acciones legales que seguirá el Sindicato que preside León Alam, para reclamar ese predio como pago al millonario adeudo que tiene Insúa García con el gremio.

Del tema de la concesión que pretende otorgar el Ayuntamiento a un particular, previa autorización de la mayoría sumisa del Cabildo capitalino, del cual destaca Abaroa López por sus posturas a favor de la gente, se desconocen las irregularidades en que se estaría otorgando, como lo denunció públicamente la regidora de Movimiento Ciudadano.

Con tan malas cuentas que entregará, Héctor Insúa debiera mostrar un poco de dignidad y reconocer que perdió en las urnas porque es un mal gobernante, y después de su regiduría, si es que llega a detentarla porque antes podría parar en la cárcel, lo mejor que puede hacer es retirarse a la vida privada, porque no sirve para la función pública.

 

Relevos en comunas

 

EN la última semana de agosto, comenzará formalmente el proceso de entrega-recepción de las administraciones municipales de la entidad, en el cual juega un papel fundamental el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), que debe asesorar principalmente a los Ayuntamientos entrantes, sobre todo lo que les deben entregar sus antecesores.

Es un hecho que al menos en cuatro municipios, sólo problemas recibirán quienes empezarán a gobernar a partir del 15 de octubre. En Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, hay deudas millonarias con los trabajadores sindicalizados, quienes han denunciado penalmente a los alcaldes Héctor Insúa García, Yulenny Cortés León y Guadalupe García Negrete, respectivamente.

El cuarto Ayuntamiento con evidentes problemas es el de Cuauhtémoc, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró infundada la Controversia Constitucional que interpuso el municipio de Cuauhtémoc contra la destitución del alcalde Rafael Mendoza Godínez. Con ese resolutivo de la Corte, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE) está en condiciones de ejecutar la destitución e inhabilitación por 7 años para ocupar cargos públicos, que el Congreso del Estado impuso a Mendoza Godínez.

Hay que recordar que esa sanción sería por la ilegal participación del Alcalde en el proceso electoral extraordinario de 2015, a favor del entonces abanderado del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

En caso de que Rafael Mendoza sea destituido del cargo durante lo que resta de la presente administración municipal, asumirá la alcaldía su suplente, Moisés Morán Gallegos, quien ya ocupó ese cargo en el tiempo en que aquel solicitó licencia para buscar la reelección.

Para la siguiente administración, que entra en funciones el 15 de octubre, el cargo tendría que ser asumido por el suplente a Presidente Municipal, Julio Borjas Cárdenas, quien es comisario de Chiapa.

En los tres primeros casos (Colima, Villa de Álvarez y Tecomán) si se aplica la ley, es muy probable que los Alcaldes tengan que pagar con cárcel los desvíos millonarios de dinero de los trabajadores, por lo cual existen denuncias penales que inexplicablemente no han avanzado con la celeridad que los casos ameritan.

Para Colima y Villa de Álvarez, algo paradójico es que Héctor Insúa y Yulenny Cortés formarán parte de los Cabildos en sus respectivos municipios, cuando están denunciados penalmente por los trabajadores al servicio de los Ayuntamientos.

El Osafig debe revisar a fondo las cuentas públicas de estos gobiernos y señalar con precisión todas las anomalías en que han incurrido. Será una prueba de fuego para las fracciones parlamentarias de los partidos ganadores de la elección el aplicar estrictamente la ley.

Ahí se verá si van en serio y a fondo contra la corrupción, pues está comprobado por parte de los sindicatos, que los tres alcaldes en mención desviaron recursos de los trabajadores a otros rubros, lo que está penado por ley.

Tampoco se entiende por qué la Procuraduría General de Justicia del Estado ha dejado pasar tanto tiempo sin investigar y llegar al fondo de las denuncias presentadas por los gremios de trabajadores.

En marzo del año pasado, el sindicato de Colima presentó la denuncia; luego, en mayo del mismo año se interpuso la de Tecomán y en octubre la de Villa de Álvarez. Parece que todas las arrumbaron en un cajón, pues no se sabe si se han seguido los trámites correspondientes.

Si se aplica estrictamente la ley y se hace una investigación seria, seguramente Héctor Insúa, Yulenny Cortés y Guadalupe García tendrán que ir a prisión. Los dos primeros serán regidores, pero hay que recordar que ya no hay fuero, de ahí que sólo les quedará la vía de ir a la sombra, en estricto apego a la ley. En el caso de Lupillo, ya sin cargo público, tendrá que enfrentar la querella en su contra.