LUNES POLÍTICO

Lunes 03 de Septiembre de 2018 8:02 am

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TLCAN, optimismo excesivo

 

LUEGO de anunciarse que México y Estados Unidos habían concluido la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte –sin la indispensable entrada de Canadá–, hubo un ambiente de optimismo que parece excesivo tras conocerse algunos detalles del acuerdo preliminar y opiniones de dirigentes empresariales.

Tanto funcionarios del gobierno de Enrique Peña Nieto como representantes del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador –que participaron en calidad de observadores–, elogiaron con optimismo el pacto y el proceso de negociaciones.

Uno de los puntos clave es el de la industria automotriz, que interesaba sobremanera a Donald Trump para, argumentó, regresar empleos a Estados Unidos. De entrada, ha ganado posiciones. Primero, logró el acuerdo del origen de las partes, que establece que para que un auto se comercie sin aranceles en Estados Unidos debe tener por lo menos 75 por ciento de sus partes fabricadas en cualquiera de los tres países firmantes del TLCAN.

Y no sólo eso, entre 40 y 45 por ciento de los componentes de un vehículo deberán manufacturarse por trabajadores con salario de más de 16 dólares (310 pesos) por hora (48 mil pesos mensuales), lo que pondrá a la industria automotriz mexicana en el dilema de seguir o no con sus plantas en México, pues la mano de obra barata es uno de los atractivos principales que interesa a las marcas.

“México cedió a las peticiones del presidente Donald Trump, lo cual es desafortunado, calificó Arturo Rangel, presidente de la Comisión de Comercio Exterior de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), pues argumentó que dada la relevancia del acuerdo comercial y que servirá por un periodo de 16 años, se optó por resolverlo vía fast track ante la coyuntura política de ambos países para no alargar la incertidumbre” (El Economista. 31/agosto/2018).

Por el Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón también criticó el acuerdo preliminar en el ramo automotriz. Y por la Coparmex, Gustavo de Hoyos dijo que México no puede pagar salarios de 16 dólares la hora. Guillermo Rosales, de la Asociación Nacional de Distribuidores de Automóviles, subrayó que nuestro país no está en condiciones de alcanzar los porcentajes de componentes regionales.

Además, Estados Unidos mantiene el arancel de 25 por ciento al acero que exporte México. Una incongruencia.

A Trump le urgía un acuerdo con México, aunque éste sea preliminar, de cara a usarlo como propaganda en las campañas electorales intermedias. La votación será en noviembre próximo. Los republicanos corren el riesgo de perder mayoría en al menos una de las dos Cámaras. El viernes, Trump notificó al Congreso que pretende un acuerdo comercial nuevo, por lo que deben pasar al menos 90 días para que lo autoricen y tiene 30 para presentar el texto completo.

Por eso le urgía que Canadá se incorporara. La razón es que Trump no está autorizado por el Congreso a suscribir un acuerdo bilateral; debe ser trilateral, Canadá incluido. Sin embargo, Chrystia Freeland, ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, dijo que sólo firmaría un tratado que fuese bueno para su país y llamó a Estados Unidos a “no enrocarse” en sus posiciones.

El viernes, tras 2 horas de pláticas, la posibilidad de un acuerdo se esfumó. Canadá nunca cedió en asuntos agropecuarios ni en las reglas de renegociación.

El sábado reciente, Donald Trump volvió a criticar a Canadá y aseguró que no habría necesidad de mantenerlo en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, de no llegar a un trato justo para su país.

A través de Twitter señaló: “No hay necesidad política de mantener a Canadá en el nuevo NAFTA. Si no se produce un acuerdo justo para EE.UU. tras décadas de abuso, Canadá va a quedarse afuera. El Congreso no debería interferir en estas negociaciones, si no, directamente voy a terminar con el NAFTA y vamos a estar mucho mejor”. Sin embargo, ayer domingo, funcionarios canadienses cercanos a la renegociación señalaron que no responderán a esos tuits. Después de 4 días de receso, el miércoles próximo se reiniciarán las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá. Sigue en suspenso el TLCAN.

Más que el comercio, a Trump le urge la política electoral, por eso ha hecho propaganda con el acuerdo bilateral y llamado a México un gran amigo y aliado, el mismo país a cuyos habitantes agravió llamándolos criminales y violadores. Un día después, volvió a afirmar que México pagará la construcción del muro en la frontera entre los dos países. El secretario de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray, replicó que no será así.

Entre los puntos acordados, el que mejor resultado tendría es el agropecuario. México ha sacado algunas ventajas, aunque básicamente se mantiene como hasta ahora.

Paradoja: la única certeza es la incertidumbre. Más allá de la reacción coyuntural de la especulación bursátil, que lo mismo puede saltar de gusto que derrumbarse por un motivo mínimo, y la apreciación coyuntural del peso ante el dólar, no puede hablarse con bases firmes de un acuerdo preliminar beneficioso o perjudicial del todo porque no lo han publicitado ni Trump ni Peña Nieto, salvo generalidades. El texto íntegro se desconoce. En cualquier caso, no se puede firmar un acuerdo sin Canadá; para un bilateral con México, Trump deberá recibir autorización de un Congreso que, llegado el plazo, podría no ser de mayoría republicana.

Todo se ha movido en el terreno de la propaganda política de Trump, Peña Nieto y López Obrador, quien sostuvo que el pacto garantiza la soberanía nacional sobre el petróleo. Garantizarlo es asunto de nuestra Constitución, no de un acuerdo comercial preliminar bilateral.

También a Andrés Manuel le urgía un pacto, así sea preliminar, que le descargara de la responsabilidad de negociar y entrar al terreno de la rispidez y la confrontación con Trump cuando tiene la urgencia de comenzar el reacomodo interno desde el 1 de diciembre.

Hay un optimismo excesivo, mucha propaganda política, pocas certezas y demasiada espuma.

 

 

Promesas olvidadas

 

LOS compromisos para erradicar la pobreza en que viven millones de mexicanos y el combate a la corrupción en todas las esferas de la función pública, fueron ejes articuladores de la campaña del entonces candidato Andrés Manuel López Obrador.

Una y otra vez, el hoy Presidente electo regresó, en sus discursos proselitistas, a esos temas; pero además, la promesa de actuar contra los corruptos y aliviar la situación de los sectores más desfavorecidos -primero los pobres-, ha sido sello distintivo de su trayectoria política, desde que era Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Sin embargo, desde que el tabasqueño asumió su rol de candidato ganador, primero, y Presidente electo después, evita referirse, en sus posicionamientos, a la pobreza y el necesario castigo a los servidores que expoliaron los recursos públicos.

Sus intervenciones en diversos eventos y entrevistas con los medios de comunicación son más moderadas, ya no se refieren a la mafia del poder ni tocan la enorme desigualdad social en México. Aquellas encendidas alocuciones contra los grupos de poder y la injusticia que generan, son cosa del pasado.

En las últimas semanas, otros asuntos captan la atención y ocupan la agenda del Presidente electo, tales como la consulta sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, la derogación de la reforma educativa y los múltiples nombramientos de sus futuros colaboradores.

Las claves de la victoria electoral de López Obrador pueden encontrarse en sus compromisos de emprender políticas públicas para revertir la situación de más de 50 millones de pobres, así como de instrumentar medidas que reviertan los altos índice de corrupción gubernamental.

Durante su campaña, el hoy Presidente electo adelantó que otorgará pensión a todos los adultos mayores, para lo cual deberá invertir aproximadamente 120 mil millones de pesos; además de que implementará otro sistema de apoyos para que los jóvenes estudien y trabajen, lo que costará alrededor de 100 mil millones de pesos más.

No obstante, como muchos otros compromisos de Andrés Manuel, los relativos a esos dos programas que serían piedra angular de su gobierno, siguen en el aire, pues no existe un proceso claro de cómo se obtendrían recursos para fondearlos y ejecutarlos.

Aun más grave es que el diseño de esas políticas públicas ya no es prioridad de su equipo compacto; no hay un operador visible que se responsabilice de cristalizar las promesas destinadas a mejorar la calidad de vida de los segmentos más vulnerables de la población.

El tema de la corrupción se encuentra profundamente vinculado al abatimiento de la desigualdad social, pues el mismo Presidente electo afirmó que los actos deshonestos de los funcionarios significan un monto cercano a los 500 mil millones de pesos. No hay forma de saber si esa es la cantidad aproximada siquiera, o si es más o menos.

Como si fuera un procedimiento automático, el tabasqueño afirmó que ese dinero que se ahorrará el Gobierno Federal, al actuar con honestidad, será destinado al financiamiento de los programas sociales.

No sólo en campaña, sino también en los últimos 12 años, López Obrador sostuvo que en nuestro país, el gobierno en todos sus niveles lo ejercía una banda de pillos, sujetos que contaminaron las instituciones y envilecieron la vida pública.

Ese tono y la constante alusión a la deshonestidad de quienes ejercen el poder también desaparecieron tras las elecciones del 1 de julio. No hay más confrontación con las cúpulas, aun cuando esa actitud le redituó al lopezobradorismo millones de votos.

Si los cimientos del nuevo proyecto de Nación se sustentan en la renovación de la gobernanza, parece ilógico que el Presidente electo ya no hable de meter a la cárcel a quienes desviaron recursos públicos y se enriquecieron a costa del dinero público.

Claramente, los mexicanos respaldan al próximo gobierno en esos dos objetivos: erradicar la pobreza y eliminar la corrupción, sin embargo, parece que, tras su victoria en las urnas, Andrés Manuel se olvidó de esos compromisos. Ya es tiempo que muestre la estrategia y medidas específicas para cumplir su palabra.

 

 

Contrapeso legislativo

 

CON las elecciones del pasado 1 de julio hubo una recomposición de fuerzas políticas a nivel federal y local, con lo cual se fortaleció la democracia y los ciudadanos esperan cambios positivos que se traduzcan en un mayor bienestar colectivo.

En Colima, la coalición de Morena ganó la mayoría del Congreso del Estado, al obtener 15 de los 16 distritos electorales, más un diputado por la vía plurinominal, con lo cual tendrá 16 curules; es decir, ya tiene asegurada la mayoría simple (absoluta) y solamente necesitará un voto más para lograr la mayoría calificada, la cual no tardará mucho tiempo en alcanzarla comprando a uno de los diputados; pronto sabremos su nombre y apellido.

En una democracia, lo mejor es que el titular del Poder Ejecutivo (sea a nivel estatal o federal) no tenga mayoría de su partido en el Congreso del Estado, porque eso lo obliga a presentar iniciativas impecables o bien, que entre a negociar con la oposición la creación de nuevas leyes o enmiendas a las ya existentes.

El hecho de que el Mandatario no tenga mayoría en el Legislativo en Colima no es inédito, pues en tiempo del entonces gobernador Fernando Moreno Peña se conformó en el Congreso la conocida Legislatura 52, la del empate (1997-2000), donde había 10 diputados priistas y 10 de oposición.

Ello obligaba a que hubiera una constante negociación del Ejecutivo con los legisladores, para poder destrabar las iniciativas, las Leyes de Ingresos y Egresos y la calificación de las cuentas públicas.

No obstante, se vio la necesidad de establecer un número impar de tribunos para evitar tal empate, y es por ello que se reformó la Constitución, la Ley Electoral y la Ley Orgánica del Congreso, para pasar de 20 a 25 diputados, en la 53ª Legislatura (2000-2003). Por cierto, nunca se informó porqué decidieron 25 y no 21 ó 23, aunque al parecer ese número favorecía a quien lograra la mayoría, como sucedió con los priistas en 2000. Dieciocho años después ese atrevimiento se volvió contra el gobierno tricolor.

El flamante gobernador priista José Ignacio Peralta Sánchez no tuvo mayoría de su partido al iniciar su gobierno en febrero de 2016, pues el PAN, con sus 12 diputados y su aliada de MC, tenía mayoría absoluta, sin embargo, luego de varios desencuentros dentro de la fracción albiazul, los legisladores Nicolás Contreras, Javier Ceballos y Luis Ayala, en junio de ese mismo año abandonaron la bancada y se declararon independientes.

Los tres tribunos decidieron integrar la fracción Nuestro Compromiso por Colima, misma que ha funcionado como bisagra y ha fortalecido las negociaciones en la Legislatura para la aprobación de leyes.

Peralta Sánchez había logrado la mayoría absoluta en el Congreso con los ocho diputados del PRI, dos del Verde, uno de Nueva Alianza, uno del PT y los tres independientes, con los cuales había encontrado coincidencias.

Sin embargo, lo que sucedió es inédito, pues inició su gobierno sin tener mayoría en la Legislatura; desde junio de 2016 logra tenerla y ahora la pierde para su último trienio, porque a partir del próximo 1 de octubre esa mayoría la tendrá la coalición de Morena en la nueva Legislatura.

No obstante, eso tiene una parte buena, porque obligará al Ejecutivo y Legislativo a dialogar, negociar y acordar las iniciativas de ley que beneficien a los colimenses.

Una de las principales funciones que tendrán los diputados entrantes será la aprobación del paquete fiscal de 2019, que contiene el Presupuesto, las leyes de Ingresos y Egresos del Gobierno del Estado y las leyes de Ingresos de los Ayuntamientos.

Si no se logran acuerdos entre el Mandatario y los diputados en la aprobación del Presupuesto de 2019, lo que procede es que se aplica el mismo gasto del año anterior.

Con sus 16 diputados, la coalición de Morena tendrá mayoría simple y estará muy cerca de lograr la mayoría calificada, conformada por 17 legisladores.

Los dirigentes de Morena y el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, siempre criticaron el mayoriteo del PRI y el PAN en el Congreso de la Unión y en las Legislaturas estatales.

Habrá que ver cuál será el comportamiento de los tribunos morenistas en las Cámaras de Diputados y Senadores y en los Congresos estatales donde tendrán mayoría.

A nivel federal, el próximo coordinador de los senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, ha señalado que buscarán negociar con todas las fuerzas políticas, pero si no logran acuerdos, aplicarán su mayoría.

Si los ciudadanos ven que Morena avasalla en el Congreso de la Unión y en Colima, empezarán a desencantarse de ese partido, pues estarían comprobando que sería lo mismo que el PRI y el PAN.

Habría sido bueno que a nivel federal López Obrador no tuviera mayoría en el Congreso de la Unión, pues existiría un sano equilibrio, y en una democracia debe haber contrapesos, para evitar los gobiernos autoritarios.

 

 

Alcalde irresponsable

 

VAYA irresponsabilidad del presidente municipal de Armería, Ernesto Márquez Guerrero, al dejar sin el servicio de agua al municipio, con los graves riesgos de salud que eso implica.

Hace varias semanas que no han podido pagar el adeudo con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de 2 millones 250 mil pesos, lo que ha provocado la suspensión del suministro de energía eléctrica y con ello los pozos abastecedores de agua han dejado de funcionar, quedando miles de armeritenses sin el vital líquido, durante algunos días.

El mediodía del miércoles 8 de agosto, le tronó el problema al edil, cuando gran parte de la cabecera municipal y varias comunidades se quedaron sin agua.

El miércoles de la semana pasada, escuelas del municipio decidieron suspender clases por la falta del vital líquido, pues no es correcto tener a cientos de niños y adolescentes en un sitio insalubre.

El secretario de Educación del Gobierno del Estado, Jaime Flores Merlo, informó que en Armería hay 51 escuelas, entre preescolar, primaria y secundaria, a las que acuden más de 6 mil 500 estudiantes, pero el desabasto ha afectado sólo a seis planteles que tuvieron que suspender clases.

Buena medida de la SE, pero el Ayuntamiento no debe seguir esperando que otros le resuelvan los problemas o que se tengan que cerrar todas las escuelas del municipio para actuar.

Tiene ésa y prácticamente todas las comunas, deficiencias graves en la recaudación, pues en el caso de Armería, la morosidad es de 47 por ciento, lo que se traduce en 43 millones de pesos. Si hicieran un buen trabajo de recaudación, habría dinero suficiente para no tener estos problemas.

Ni siquiera los descuentos en recargos e intereses aprobados por el Congreso del Estado han servido para que se mejore la recaudación, pero no se trata únicamente de culpar a los contribuyentes que por diversas circunstancias no han podido cubrir sus pagos, sino de implementar buenas campañas de recaudación para mejorar las finanzas de la Comisión de Agua Potable.

Si desde que se aprueban la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Ingresos, el Ayuntamiento sabe cuánto tiene que pagar a la CFE, ¿por qué no prevé ese gasto?

Es increíble también que ninguna autoridad, como el Congreso del Estado o el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig), que califican las cuentas públicas, llamen a cuentas y sancionen a los Alcaldes que hacen en sus municipios lo que les viene en gana.

Hay visibles deficiencias en la prestación de servicios públicos en varias demarcaciones, a pesar de que esa es la principal responsabilidad de las comunas.

El desorden se agudiza en la parte final de las administraciones municipales, donde las autoridades salientes parecen estar más ocupadas en tratar de maquillar las cifras o en pensar en bonos de partida, antes que en la prestación de servicios públicos de calidad.

Por eso hay tantas deficiencias e irregularidades como la falta de alumbrado público, la pésima recolección de basura, las patrullas en pésimo estado para proteger a los ciudadanos, o como es el caso, dejan a miles de personas sin agua. Todo eso, por Ayuntamientos irresponsables y la pasividad de otras autoridades. Nadie está al pendiente y quienes sufren las consecuencias son los habitantes de esos municipios.

Otro vicio de los alcaldes es pretender que los gobiernos federal o del estado les resuelvan sus deficiencias. Ernesto Márquez, por lo pronto, ha pedido el auxilio del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para pagarle a la CFE.

Ese no es el camino, como tampoco lo es que los ediles pidan cada año que los ayuden a cumplir el pago de aguinaldos en diciembre, y recurren al adelanto de participaciones para cubrirlos.

El Mandatario estatal ha hecho bien en negarse a prestarles a los Ayuntamientos y buscar otros mecanismos para que ellos sean responsables de pagar del dinero que les prestan para los aguinaldos.

Los ediles que están por asumir las administraciones municipales deben tomar nota de todas estas anomalías, para no caer en los mismos vicios y errores, sobre todo, para entender que su principal función es cumplirle a la población con los servicios públicos.