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Sentido Común



PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

Venganza pura


Lunes 03 de Septiembre de 2018 8:07 am


El incentivo para cometer venganza es directamente

proporcional a la debilidad del Estado de Derecho.

Álvaro López Sánchez

 

LA ira es la respuesta natural al agravio, es completamente normal sentirnos enojados cuando consideramos que se nos ha tratado de manera injusta, así como es igualmente entendible que, ante un atropello, busquemos obtener una reparación del daño. Sin embargo, el enojo o el dolor son sentimientos subjetivos que no nos proporcionan una medida justa que satisfaga nuestra pérdida, por lo que el castigo interpuesto podría provocar otra injusticia igual o peor a la que se nos cometió originalmente, habiendo sucedido un acto de venganza y no de justicia.

¿Cómo podemos reparar el daño que se le cometió a alguien? Si el daño fue material, la devolución de la cosa, o el pago monetario adecuado deberían de ser suficientes, pero queda el antecedente de la inclinación de una persona a delinquir, por lo que quizás el daño haya sido satisfecho a la persona agraviada, pero permanece la ofensa a la sociedad, por lo que se vuelve necesaria una sanción corporal.

Más complicado es todavía cuando el daño es irreparable, por ejemplo, ¿cómo se puede reintegrar una vida? ¿Cómo se le regresa un hijo a una madre, o una esposa a un esposo? ¿Cuánto vale una vida para reparar el daño con dinero? ¿Cómo se valoran las sonrisas, los abrazos, los besos, las ideas? ¿Cómo se puede llenar la pérdida que deja la muerte de un ser querido? Sería absurdo esperar que un puñado de monedas satisfaga el dolor de alguien, pero igualmente absurdo sería pedir que se privara de la vida a un familiar de la persona responsable de la muerte del cónyuge del agraviado como una medida de satisfacción. No es suficiente otorgarle a la persona ofendida el acceso a la justicia, sino determinar la proporción de la sanción a implementar, con el delito cometido.

Para poder garantizar una medida justa es que existe el Contrato Social, en el cual la gente renuncia a ciertas libertades que tendría en el estado de naturaleza, para someterse a una autoridad, normas morales y lineamientos legales. De esta forma, las personas ceden la administración de la justicia al Estado, para así garantizar que cada delito sea sancionado a través de un proceso justo, con una pena proporcional al delito cometido, no con un afán de venganza, sino de disuasión del crimen y de reinserción social. Al someterse a una autoridad y ceder su libertad para vengarse, también adquieren la protección del Estado, al punto de que, si llegaran a cometer un delito ellos mismos, recibirían un tratamiento justo y de acuerdo a la falta cometida, sin ser ajusticiados sumariamente por un individuo agraviado, o por una multitud enojada. Esto, al menos en teoría.

La administración de la justicia no es lo mismo que la venganza, pero la correcta persecución de los delincuentes y las sanciones impuestas, disuaden este deseo al dar a las personas agraviadas una sensación de satisfacción, así como la seguridad de que no serán agraviados nuevamente por esta persona. La impunidad, por otro lado, no permite que la gente pueda sentir que se le hizo justicia, dejándola en una situación de frustración, que en un momento dado puede detonar de manera violenta. Cuando esta situación se hace recurrente y ante el aumento de la delincuencia, la gente deja de confiar en las autoridades y cae en un hartazgo que les lleva a romper de forma tácita el pacto social. Aristóteles enseñaba a sus discípulos cómo “la naturaleza aborrece el vacío”, por lo que esa sed de justicia puede llevar a que la ciudadanía decida tomarla por propia mano.

La semana pasada comenzó a circular por redes sociales el linchamiento de dos personas a las cuales se les acusaba de haberse robado unos niños. De acuerdo a los reportes, dos hombres, de 53 y 22 años, fueron detenidos en la comunidad de San Vicente Boquerón, en Acatlán de Osorio, Hidalgo, y llevados a los separos por tomar en la vía pública. De manera inmediata comenzaron a distribuirse mensajes en las redes electrónicas, convocando a la población a hacer justicia contra estos dos hombres, a quienes acusaban de “robachicos”. La gente llegó a la comandancia y sacó a estas personas por la fuerza, a quienes rociaron con gasolina y prendieron fuego en la vía pública, mientras aplaudían y filmaban la escena con sus teléfonos celulares. Los pobladores también incendiaron la camioneta en que viajaban.

Reportes de las autoridades han confirmado que los hombres asesinados por la turba no eran responsables del robo de menores, sino que se trataba de dos campesinos de una comunidad vecina que habían sido detenidos por una falta menor, y acusados injustamente por la población, quienes decidieron lincharlos y asesinarlos de una manera espantosa, sin darles siquiera la oportunidad de defenderse.

Lo ocurrido es injustificable, pudiendo encontrar una explicación en las ejecuciones sumarias de la Edad Media, cuando quemaban o torturaban en público a las personas, con la intención de atemorizar a la población y así disuadir el crimen, debido a la poca capacidad que tenían para perseguir a los delincuentes. La gente en México está harta de no ver resultados ante la creciente criminalidad por la falta de acción de la Policía, que por incapacidad o negligencia le ha negado su derecho a la seguridad y el acceso a la justicia. Lo ocurrido en Acatlán de Osorio, Hidalgo, es una regresión al Estado de Naturaleza, en donde la gente ha roto el pacto social, desconociendo la labor de las autoridades, para satisfacer sus pulsiones al más burdo estilo del Señor de las Moscas, en actos que distan mucho de buscar justicia, sino tan sólo venganza.