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Austeridad republicana



SERGIO JIMÉNEZ BOJADO


Miércoles 05 de Septiembre de 2018 9:17 am


DE cara a la toma de protesta de Andrés Manuel López Obrador como presidente en funciones de México, el próximo 1 de diciembre, la futura administración federal alista el nuevo esquema presupuestal y organizacional de sus delegaciones de Programas Integrales de Desarrollo Social, que sustituirán a las múltiples delegaciones federales en las entidades del país.

Dejando de lado la polémica generada por esta novedosa figura, lo que se perfila es la eficiencia presupuestaria, el adelgazamiento de la plantilla de funcionarios de confianza y el ahorro que generará la supresión de delegados en los estados de la República.

Cabe destacar que la actual administración federal gastó, en 4 años, poco más de 19 mil millones de pesos en el arrendamiento de inmuebles que han servido como oficinas, pues según datos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), de 2012 a 2015, el desembolso en el pago de rentas creció en 71 por ciento, al pasar de 3 mil 424.6 millones de pesos a 5 mil 858.2 millones.

Es sorprendente la cantidad de recursos que se ahorrarían simplemente con darle un mejor uso a los espacios propios del Gobierno Federal, con el fin de que puedan albergar a dependencias que en determinado momento pudieran fusionarse para una mejor operación. Como ejemplos, Diconsa y Liconsa, que ya fue anunciado.

No se trata de hacer milagros, simplemente de llevar a cabo los esfuerzos y la planeación necesarios para seguir las medidas de austeridad propuestas por nuestro Presidente electo. Y así lo tendrán que hacer quienes el 1 de diciembre sean ratificados para esta importante encomienda de gobierno, de quienes esperamos sabrán tomar las mejores decisiones para hacer más con menos.

Mucho se ha dicho del papel que estos funcionarios de López Obrador desempeñarán, sin embargo, el nacimiento de esta figura es una decisión netamente presupuestal, con la firme intención de contribuir a la generación de ahorros suficientes para lograr los objetivos del proyecto de Nación. Los representantes de Andrés Manuel López Obrador en las entidades del país serán los encargados de garantizar que los programas de gobierno lleguen efectivamente a quienes los necesitan, y coadyuvarán únicamente en acompañamiento, nunca en complicidad, con los titulares del Poder Ejecutivo en los diversos estados; se acabó la práctica malsana de acordar estrategias, que lo que menos hacen es beneficiar a la población.

Es de vital urgencia dejar en el pasado el despilfarro de recursos públicos, es imperativo contar con un gobierno acorde a las necesidades de sus gobernados, y no una clase gubernamental que mire hacia abajo a quienes le confiaron las riendas de la Nación; hoy más que nunca, necesitamos que el erario sea manejado escrupulosamente y no más en privilegiar los lujos de funcionarios indolentes ante las necesidades del país.

En Colima, habremos de hacer lo propio, a través de nuestros diputados locales electos de Morena, quienes de cara a la integración de la LIX Legislatura del Congreso del Estado, ya trabajan en el diseño de la agenda legislativa y previendo las reformas necesarias para evitar el dispendio de recursos públicos.

Sólo como dato curioso, la renta de oficinas para la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Colima (CDHEC) cuesta 20 mil pesos al mes, es decir, 240 mil pesos anuales, únicamente por un organismo autónomo, ¿cuánto representará la renta de todas aquellas dependencias que no cuentan con un espacio propio? Ello nos lleva a destacar la propuesta precisamente impulsada por la CDHEC y algunas asociaciones civiles en la entidad: que las instalaciones de la actual Zona Militar pudieran ser habilitadas para dar cabida a este tipo de dependencias u otros organismos descentralizados, lo cual representaría un ahorro significativo. En consecuencia, ese gasto se redireccionaría a proyectos sociales.


*Presidente del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Colima