Jueves 06 de Septiembre de 2018 10:17 am

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SE le llama parlamento. Es el sitio para hablar. Proviene de parábola y en latín se modificó a paraula (como aún se conserva en lenguas romances como el catalán) y a palabra, en español. En términos políticos, el parlamento, Congreso o Legislatura, es la institución para deliberar los asuntos de interés general, de la colectividad, de la Nación.

Por tanto, debe ser terreno de libertad para expresar ideas, proponer leyes y criticar. Sin libre expresión, un Congreso deviene en instrumento del Poder Ejecutivo, anulación de la democracia.

Si algo caracterizaba al Congreso de la Unión en México antes de la democracia electoral, era la abyección del sometimiento al Poder Ejecutivo. Con una oposición apenas testimonial del PAN, por décadas las Cámaras de Diputados y Senadores fueron caja de resonancia del Ejecutivo, congregación de zalameros, estancia de jilgueros y lambiscones que obedecían incondicionalmente los dictados del Presidente.

Los movimientos estudiantiles y populares, sobre todo el de 1968, abrieron paso a la democracia. Agrietaron el poder monolítico, y en 1979 llegó la primera “apertura democrática” que a cuentagotas dejó pasar también a la oposición de izquierda al Congreso. La democracia electoral se ensanchó a fuerza de exigencia de reformas políticas y a otras leyes; el establecimiento de organismos autónomos –o con la misión de serlo– como el IFE (hoy INE) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y sus correspondientes estatales; la vigilancia ciudadana de los comicios y la abstención del Estado de interferir los procesos electivos.

En 2000, el PRI perdió por primera vez la Presidencia de la República. Dos sexenios del PAN dieron paso al retorno del PRI a Los Pinos, sin cambios sustanciales en sus prácticas, lo que provocó la reacción del 1 de julio de este año que llevó a la izquierda al poder, con un parlamento en que tiene la mayoría y la ha consolidado a mayoría absoluta con la adhesión interesada y vergonzosa del Partido Verde.

Este Congreso de la Unión debe ser una institución viva, actuante, libre e inteligente. Tiene que probar que es mejor que las opciones anteriores y alejarse, sobre todo, de prácticas autoritarias por las que toda mayoría abrumadora tiene tentación. Y de lambisconerías vergonzantes como el grito de “es un honor estar con Obrador”. Son diputados, no paleros concurrentes a un mitin, o se supone al menos.

Un notable primer desencuentro ocurrió entre dos lopezobradoristas, Porfirio Muñoz Ledo y Gerardo Fernández Noroña, cuando el primero le negó la palabra al segundo en tres ocasiones en dos sesiones consecutivas de la Cámara de Diputados. No fue el único, legisladores de otros partidos también fueron atajados por quien preside la Cámara y presume de demócrata. Incluso, en un desliz verbal, amagó a Fernández Noroña con recurrir a “la mayoría” de la Cámara contra “un solo Diputado”. ¿La vuelta a los viejos tiempos?

En una reacción desproporcionada y poco política, el coordinador de la bancada de Morena, el colimense Mario Delgado Carrillo, la emprendió verbalmente contra la diputada Claudia Ruiz Massieu, porque “se encendió” por un discurso de la Legisladora y presidenta del PRI.

Frente a esas tentaciones autoritarias y conductas políticas reprobables, intervino con reconocible prudencia y mesura política el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, quien llamó a los legisladores de Morena a la cordura.

“Estoy haciendo una recomendación respetuosa a los legisladores, de que si van a llegar los secretarios del Gobierno actual a comparecer como lo establece la ley, que se les cuestione, que se les critique, pero con respeto, que no haya excesos y que mucho menos se humille a nadie”. Y agregó: “tienen que actuar con mucha responsabilidad y no perder el decoro. Porque no se puede actuar ya de esa manera, nunca ha sido nuestra forma y hemos sido opositores, y fuertes, pero siempre hemos sido respetuosos” y que “no haya agresiones, que no haya violencia verbal y mucho menos que se humille a nadie, o sea, que nadie salga de la Cámara humillado, ofendido, vilipendiado; eso ya no”.

López Obrador ha entendido mucho mejor que sus legisladores que este es tiempo de Gobierno para ellos, que ya no son oposición; que deben aprender a ser buenos ganadores. Les ha recomendado civilidad política, que hasta ahora él mismo ha practicado, con la sola excepción de cuando vilipendió al INE por multar a Morena. Al respecto, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación falló en contra del INE por no haber aportado pruebas suficientes para fundamentar la sanción a Morena.

Es positivo el llamado, para que la mayoría parlamentaria no se convierta en comparsa del Ejecutivo ni en antidemocracia depredadora, como lo fue en los viejos tiempos el PRI. El cambio se obtiene en los hechos, no con el discurso ni con ofensas.

Gobierno de claroscuros

EL gobierno de Enrique Peña Nieto es de claroscuros, pues se ha destacado por generar más de 4 millones de empleos y atraer la cifra histórica de 171 mil millones de dólares en inversiones, sin embargo, la percepción es que la corrupción tapa lo bueno que realizó en su sexenio que termina el próximo 30 de noviembre.

El país no está tan bien como lo pinta Peña Nieto, pero tampoco tan mal como lo señaló el coordinador del grupo parlamentario de la 64ª Legislatura, el diputado federal colimense Mario Delgado Carrillo, el día en que se iniciaron los trabajos legislativos del Congreso de la Unión, en el sentido de que “Enrique Peña Nieto y el PRI dejan el país en ruinas”.

En los 6 años del mexiquense se destaparon varios actos de corrupción, el más emblemático la Casa Blanca que empañó la administración, al descubrirse el conflicto de interés del Presidente con el empresario constructor Juan Armando Hinojosa Cantú.

El propietario de las edificadoras Higa y Teya construyó la Casa Blanca, de 7 millones de dólares, para la esposa de Peña Nieto, Angélica Rivera.

Fue el constructor favorito de Enrique Peña siendo Gobernador del Estado de México. La relación siguió en el Gobierno Federal, y al quedar al descubierto el conflicto de interés, se canceló el proyecto del tren México-Querétaro, presupuestado en 8 mil 951 millones de pesos.

La firma del contrato se canceló horas antes de la publicación del reportaje “La Casa Blanca de Peña Nieto”, que documentó la operación financiera de la señora del Presidente con el constructor Hinojosa Cantú. Por cierto, el empresario fue uno de los invitados especiales en el sexto y último Informe Presidencial.

De nada sirvió que Peña Nieto haya pedido perdón por ese caso y reconocer que estuvo mal lo que hizo, pues el daño que le había causado a la investidura presidencial y al Gobierno Federal ya estaba hecho.

Pero la administración peñista también se marcó con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal de Ayotzinapa. El hecho de que no se haya encontrado a los jóvenes y que el Gobierno Federal atrajo la investigación sin dar resultados, deterioró la imagen de su gobierno y del Ejército, a quien los padres y activistas señalaron de ser cómplice en este crimen.

La PGR determinó que José Luis Abarca, entonces alcalde de Iguala; su esposa, María de los Ángeles Pineda, y Felipe Flores, jefe de la Policía Municipal, fueron los responsables de la desaparición de normalistas.

Abarca era perredista y fue apoyado por Andrés Manuel López Obrador cuando éste militaba aún en el PRD. También recibió la protección del gobernador Ángel Aguirre, quien había llegado al cargo postulado por ese mismo partido.

Fue un error de Peña Nieto que la PGR atrajera el caso; no debió hacerlo, pero si ya había intervenido, debió solucionarlo, investigar la verdad de lo que pasó a los estudiantes y castigar a los responsables, quienes hayan sido.

En marzo de este año, la ONU aseguró tener sólidos motivos para creer que un grupo de 34 personas investigadas en el caso Ayotzinapa, fue detenido arbitrariamente, torturado para obtener confesiones y que esas “graves violaciones” fueron encubiertas.

Durante el mensaje con motivo de su Sexto Informe, Enrique Peña admitió que durante su sexenio no logró la pacificación completa del país, y dijo que las tareas deberán continuar.

Manifestó que durante su campaña asumió 266 compromisos firmados ante notario público, y aseguró que al concluir su administración, habrá cumplido con el 97 por ciento de los compromisos que estableció con la ciudadanía en 2012. Son cifras optimistas y cuestionadas.

Sin embargo, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, reconoció que sí recibirá de Enrique Peña Nieto un país más fuerte que el de hace 6 años.

Expresó que aún queda mucho por hacer, “es público, notorio, que hay crisis en el país, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad”.

Como Presidente electo, López Obrador ha demostrado educación política al opinar de forma objetiva sobre la administración de Peña Nieto, reconociendo lo bueno que se ha hecho a la vez que señalando las carencias, omisiones e incumplimientos, lo que le corresponderá a su gobierno atender.

Colectores pluviales

LOS encharcamientos e inundaciones en varios puntos de las zonas urbanas de la entidad son una constante durante el temporal de lluvias; una precipitación medianamente fuerte es suficiente para trastornar las actividades cotidianas, sobre todo el tránsito de personas.

En gran medida, dicha problemática se debe a la insuficiente infraestructura pluvial en ciudades como Manzanillo, Colima y Villa de Álvarez. Desde hace años, los respectivos alcaldes se desentendieron de la necesidad de construir colectores para conducir los escurrimientos generados por las lluvias.

Tal negligencia afecta directamente a los ciudadanos, quienes padecen retraso en sus actividades cotidianas, pero además, ponen en riesgo sus bienes e integridad física, al circular por zonas que se anegan con las tormentas.

Son varios los puntos que afrontan esa problemática. En la ciudad de Colima, constituyen zonas de riesgo el Tercer Anillo Periférico; la avenida 20 de Noviembre, por el caudal del arroyo de Manrique; el sur de la ciudad, por el arroyo El Tecolote, además que en varias calles y avenidas, son intransitables por las fuertes corrientes pluviales, como Ignacio Sandoval.

En Villa de Álvarez, es común que se suspenda el tránsito vehicular en la glorieta de Los Perritos Bailarines, donde la alcaldesa Yulenny Cortés León construyó un colector que evidentemente incumplió con su función. Fue tal el fracaso, que el próximo gobierno municipal tendría que investigar los costos y motivos de la inoperancia; una obra extraña y probablemente inflada en costos. Felipe Cruz, alcalde electo, dirá qué sucedió ahí.

Otros puntos de la zona urbana que se ven seriamente afectados por las crecientes son las avenidas Pablo Silva y Benito Juárez, así como sus colonias vecinas.

Mientras que en la ciudad de Manzanillo, las inundaciones son comunes en el Valle de las Garzas y la comunidad de Santiago, afectando a miles de personas.

Esos puntos de conflicto, sobre todo en la conurbación de Colima y Villa de Álvarez, podrían resolverse con la construcción de colectores pluviales en la zona norte, para captar el agua y conducirla adecuadamente, sin afectar la infraestructura.

Durante su primera administración municipal (1983-1985), Carlos Vázquez Oldenbourg construyó un canal en la zona oriente de la ciudad, para conducir los escurrimientos hacia el arroyo Las Grullas, en La Estancia. Se trató de una obra muy sencilla que podría servir de modelo para resolver la problemática actual.

Sin embargo, para lograr lo anterior se necesita ingenio y voluntad, características que no demostraron tener Yulenny Cortés León y Héctor Insúa García, alcaldes de Villa de Álvarez y Colima, respectivamente. Ambos, se perdieron en conflictos generados por ellos mismos y obras innecesarias.

Sirva como ejemplo de esa indolencia la alteración de la fachada de edificios públicos. Antes que resolver el asunto de las inundaciones en sus demarcaciones, esos presidentes municipales gastaron recursos para pintar, con los colores del PAN, las presidencias municipales y otras edificaciones oficiales.

No obstante que se trata, en el caso de la Presidencia Municipal capitalina, de un edificio histórico, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) permitió ese capricho de Insúa, además de que el Congreso del Estado toleró la violación a una norma que se había aprobado en el propio Poder Legislativo, misma que prohíbe decorar, con colores partidistas, edificios públicos.

Los futuros presidentes municipales deben abandonar las posturas partidistas y atender la problemática que representan los escurrimientos pluviales. Seguir con las omisiones actuales solamente acrecentará el problema y los riesgos, llegando incluso a la pérdida de vidas humanas.

De manera natural, el agua reconoce sus cauces naturales y arrasa los obstáculos que encuentra a su paso, incluidas las zonas urbanas que los han alterado. Esa situación tiene que resolverse, y sólo es posible hacerlo con la construcción de buenas obras pluviales.

A la postre…

NADIE está por encima de la ley, por eso, es cuestión de días para que se concrete la destitución e inhabilitación por 7 años para ocupar cargos públicos en el estado de Colima para el presidente municipal de Cuauhtémoc, Rafael Mendoza Godínez.

Una vez que el pasado 15 de agosto la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró infundada la Controversia Constitucional presentada por el Ayuntamiento de ese municipio, con lo que trataban de impedir que el Congreso del Estado lo sancionara, sólo falta que se notifique a las partes y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, erigido en Jurado de Sentencia en el Juicio Político contra el Alcalde, decida.

Tras varios días sin dar la cara luego de conocerse el resolutivo de la SCJN, Rafael Mendoza salió a rogar que le permitan cumplir su responsabilidad, que si lo quieren sancionar, lo hagan dentro de 3 años.

Esa declaración, además de cínica y absurda, muestra que el edil está perdido y que nunca le dio la importancia que reviste el delito electoral que cometió.

Pensará el Alcalde que estamos en época de Navidad para mendigar ese perdón. La ley es para todos, principalmente para quienes detentan cargos donde juran cumplirla y hacerla cumplir, así es que si la violó, debe ser sancionado. No hay más.

Tuvo ya la oportunidad de audiencia ante el STJE, pero la desechó. Prefirió movilizar a personas del municipio tratando de presionar, e interpuso la Controversia Constitucional, que al final, perdió.

La sentencia que dicten los integrantes del Tribunal es inatacable, al tratarse de un Juicio Político, por lo que el destino de Mendoza Godínez está definido luego de que se comprobó que en enero de 2016, en el proceso electoral extraordinario, apoyó la campaña del entonces candidato del PAN a la gubernatura, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

Hizo bien el PRI al denunciar esa desobediencia a la Ley Electoral y presentar una queja ante la Junta Local del Instituto Nacional Electoral (INE), que terminó en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que instruyó al Congreso del Estado proceder conforme a Derecho por la violación a la normatividad electoral.

Entonces, la Legislatura local, como Jurado de Acusación, acató esa orden del Tribunal Federal y resolvió la destitución e inhabilitación por 7 años al Alcalde cuauhtemense.

El asunto se turnó al STJE, que como Jurado de Sentencia, habrá de confirmar la sanción, o en su caso, hacer las modificaciones que considere.

Mal haría el Presidente Municipal, si como ha dejado ver, llama a los ciudadanos a movilizarse en su defensa, pues sabe que ya no hay ninguna instancia a la cual recurrir. Es un caso juzgado y próximamente sentenciado.

Será bueno, además, asentar el precedente para que cualquier autoridad se la piense en serio antes de inmiscuirse indebidamente en un proceso electoral.

Una vez que el presidente municipal electo, Leoncio Morán Sánchez, ha confirmado que el alcalde capitalino, Héctor Insúa García, es un corrupto que dejará una enorme deuda al Ayuntamiento y que entre otras muchas irregularidades basificó a 400 trabajadores, debe continuar en esa línea y al asumir el cargo auditar la gestión municipal y denunciar al político jalisciense.

Eso se sumará a las querellas que hay en su contra por el desvió de dinero de los trabajadores al servicio del Ayuntamiento, por lo que Insúa podría ir a la cárcel por diversos delitos.

Desmemoria y cinismo mostraron los diputados federales de Morena en la primera sesión de la 64ª Legislatura al realizar un conteo a manera de protesta y en referencia a los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos hace casi 4 años.

Se olvidaron que el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, apoyó en su momento a José Luis Abarca, cuando fue candidato del PRD a la Alcaldía de Iguala, Guerrero, donde fueron asesinados y calcinados según “la verdad histórica” del entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam.

El Gobierno Federal atrajo el caso, pero no se debe olvidar que quienes estaban al frente de los gobiernos municipal y estatal (Ángel Aguirre Rivero era gobernador) en donde ocurrió ese hecho, eran perredistas, quienes contaban entonces con la simpatía y respaldo de López Obrador. Los morenistas culpan de este hecho al gobierno de Peña Nieto, cuando los responsables fueron otros. Eso sí, nadie entiende porqué y para qué se metió en camisa de once varas. 

Atinado deslinde de la Coordinación General de Comunicación Social del Gobierno del Estado, el sábado anterior, al desmentir la supuesta participación y promoción de la administración estatal en un “Congreso Nacional de Mujeres Abogadas”, publicitado en un cartel que circuló en las redes sociales durante varios días, en el que “se utiliza la identidad y nombre del Gobierno del Estado sin que exista autorización de alguna dependencia estatal”, señala la información oficial. También afirma el boletín que: “Se recuerda a la población que para el uso de la imagen del Gobierno del Estado debe existir una aprobación previa mediante escrito de la dependencia que participe en la organización”, lo cual obviamente no se cumplió.