Aeropuerto, va

Lunes 10 de Septiembre de 2018 9:07 am

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CON el aval de los expertos, el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) continuará en construcción.

El Colegio de Ingenieros Civiles de México, la Academia de Ingeniería de México y la Unión Mexicana de Asociaciones de Ingenieros dictaminaron que la obra es viable y debe continuarse al no haber encontrado inconvenientes técnicos; en pocas palabras, Texcoco, Estado de México, es el mejor lugar para ubicarlo.

Finalmente, la polémica sobre la terminal internacional aérea que Andrés Manuel López Obrador puso en la agenda durante la campaña electoral se acerca a su fin, aunque no evitará que se haga una encuesta –no consulta– a población abierta. El Presidente electo saldrá así de un atolladero en el que se metió para generar expectativas electorales y concibió bastante incertidumbre.

Se descartó, también, que la Base Aérea Militar No. 1, General Alfredo Lezama Álvarez, llamada coloquialmente aeropuerto de Santa Lucía, sea una alternativa confiable en razón de los vientos que ahí soplan y de la cercanía de elevaciones de tierra de gran altitud. Con una de las pistas más largas, de 3 mil 40 metros, ubicado a 32 kilómetros (en línea recta) del actual Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México, es el segundo más cercano; el más próximo es el de Atizapán de Zaragoza, también en el Estado de México.

Santa Lucía, por su ubicación, generaría problemas de conexión tanto para vuelos nacionales como internacionales y significaría más gastos a los pasajeros, de por sí expuestos a precios altos.

El NAICM, en Texcoco, tiene la mejor ubicación posible y los vientos que ahí soplan son propicios a la navegación aérea, especialmente en dos momentos vitales de los vuelos: el despegue y el aterrizaje. Los argumentos de que estará asentado sobre suelo fangoso del lago de Texcoco, son rebatibles. Las técnicas de construcción permiten edificaciones seguras en superficies aún más inestables, como el fondo marino, por ejemplo. Los cimientos se pueden solucionar técnicamente; los vientos, en cambio, no se pueden prevenir ni controlar.

El futuro secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, se ha equivocado de nuevo. En un intento de corregir a Grupo Aeroportuario de México, sostuvo que la obra del NAICM no tiene 30 por ciento de avance, sino 20 por ciento. De inmediato, la empresa Parsons, gerente del proyecto, lo desmintió: va construido el 31.5 por ciento de la obra global al 31 de julio, que abarca desde el proyecto hasta el último elemento. Tomar sólo la obra física de edificios genera una visión parcial, dijo.

Un yerro más del próximo secretario de Comunicaciones y Transportes consistió en decir que Mitre, la empresa que evalúa y, dado el caso, avala o desautoriza aeropuertos y proyectos de construcción de terminales aéreas, es argentina. Mitre es la empresa consultora “juez” del ramo de la aeronáutica más prestigiosa del mundo y su sede está en Massachussets, Estados Unidos. Si Mitre no avala un aeropuerto, las grandes aerolíneas internacionales simplemente se niegan a aterrizar en él.

Con el aval técnico de los expertos y la encuesta, López Obrador resolvería el giro de posición ante la obra, muy a pesar de que Jiménez Espriú caiga en desbarres como el registrado el viernes de la semana pasada, cuando dijo que el NAICM no es prioritario porque en el país faltan hospitales y escuelas. Eso es verdad, faltan hospitales a pesar de que se han construido muchos, y también se necesitan más planteles escolares. Como de aeropuertos Jiménez Espriú no sabe gran cosa y según él sí está enterado de hospitales y escuelas, lo mejor sería entonces que el Presidente electo lo nombre secretario de Salud o de Educación, pero no de Comunicaciones y Transportes.

Ya en serio, otro problema sería la concesión del NAICM, una de las alternativas que ha propuesto López Obrador. Sin embargo, al parecer no hay empresarios interesados en la concesión de una terminal aérea que sin duda será un gran negocio. Lo extraño es porqué no hay interés de la Iniciativa Privada en concesionarlo. ¿Será porque los grandes empresarios no confían en el próximo gobierno de Andrés Manuel? Como sea, sigue siendo muy probable que el nuevo aeropuerto se concesione, inclusive con nombre y apellido: a Carlos Slim Helú.

El único punto aún por definir es si se sigue construyendo con el esquema actual o se concesiona a la IP, pero de que el NAICM va, es un hecho por consumarse todavía.

Posición relevante

EL nombramiento de Mario Delgado Carrillo como líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, podría ser beneficiosa para el estado de Colima, dada la cercanía y relación de amistad del Diputado federal con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Perfil visible en la nueva organización política que controlará las principales instituciones del país, Delgado Carrillo es originario de Colima, además de que mantiene lazos familiares y de amistad en su tierra natal, nunca se ha desarraigado, a pesar de sus responsabilidades en el ámbito nacional.

El gobernador Ignacio Peralta ha tenido suerte, si es válida la expresión, con el nombramiento de Mario Delgado como coordinador del grupo parlamentario de Morena en la 64ª Legislatura y presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), el máximo órgano de gobierno en la Cámara Baja.

Dichos cargos de representación del morenista, permitirán al Mandatario colimense la posibilidad de gestionar, con mayores posibilidades de éxito, recursos federales para la ejecución de diversos proyectos y obras en el estado de Colima.

Delgado Carrillo y Peralta Sánchez fueron condiscípulos en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Además, estuvieron becados por el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), para estudiar sus especialidades en econometría, el primero, y economía, el segundo, en Essex, Inglaterra.

Actualmente, Mario Delgado es uno de los políticos más cercanos al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. También es conocida su buena relación con Marcelo Ebrard Casaubón, futuro secretario de Relaciones Exteriores y uno de los hombres de mayor confianza del tabasqueño.

Esa posición privilegiada puede resultar positiva para el estado de Colima, toda vez que permitirá a las diversas autoridades, sobre todo al gobernador Ignacio Peralta, una mejor interlocución con quienes encabezarán el Gobierno Federal a partir del 1 de diciembre.

En tanto que el coordinador de los diputados federales de Morena, por cierto, con mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, tiene la oportunidad de beneficiar al estado de Colima. Puede atraer recursos que se utilicen para fondear los proyectos de desarrollo que le hacen falta a la entidad.

De esa forma, Delgado Carrillo puede ganar presencia entre los colimenses, pues no obstante su origen, fue electo por uno de los distritos en la Ciudad de México, y la mayor parte de su carrera política y de funcionario, la ha desarrollado en la capital del país.

Los recursos que pueda gestionar el Diputado federal pueden ayudarlo en sus aspiraciones políticas para convertirse en candidato de Morena a la gubernatura de Colima, en la renovación del Poder Ejecutivo que se realizará en los comicios de 2021. Depende del futuro político de Marcelo Ebrard, virtual precandidato a la Presidencia de la República para 20024. Si Ebrard Casaubón está fuerte en 2020, Delgado Carrillo jugará del lado de su amigo en la sucesión presidencial, de lo contrario, se abocaría a la postulación de Morena al Gobierno del Estado.

Sin embargo, tiene que ser más cuidadoso en sus intervenciones públicas, pues ha cometido dos errores notables. El primero de ellos fue su participación en la sesión de apertura del Congreso de la Unión, el 1 de septiembre, cuando rebatió el discurso de la priista Claudia Ruiz Massieu y afirmó que el PRI dejó al país en ruinas.

Tan se equivocó en su reacción ante el discurso defensivo de la diputada federal, Claudia Ruiz Massieu, presidenta del PRI nacional, que el propio Andrés Manuel López Obrador reconoció logros del gobierno de Enrique Peña Nieto en diferentes rubros de la administración pública.

Otro yerro lo cometió Mario Delgado cuando en una reunión del Presidente electo con legisladores de Morena, festejó la incorporación de cinco diputados del PVEM a la fracción lopezobradorista, cuando esa traslación fue producto de un trato vergonzoso, pues se pactó a cambio de aprobarle la licencia al senador y gobernador de Chiapas, Manuel Velasco.

Para ganar presencia en la entidad, la actuación del colimense debe ajustarse a las exigencias de cambio de la sociedad, pero además, su posición preponderante en la Legislatura federal tiene que reflejarse en beneficios tangibles para los habitantes del estado. Una buena actuación, sin duda lo colocará entre los prospectos más fuertes para la renovación de la gubernatura.

Proceso acertado

CON buenos resultados concluyó el proceso para la designación del Fiscal General del Estado de Colima y el Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción.

Ejerciendo su facultad, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez nombró a Gabriel Verduzco Rodríguez como Fiscal General y propuso a Héctor Francisco Álvarez de la Paz para la Fiscalía anticorrupción.

En el primer caso, el Congreso del Estado sólo tenía que tomar la protesta, mientras que para el segundo el Legislativo lo tenía que analizar y aprobar.

Aunque por ley no tenía obligación de hacerlo, el Mandatario estatal se vio bien al abrir el proceso para la designación del Fiscal General y tomar en cuenta opiniones de especialistas en la materia, aunque hay que recalcar que la decisión final fue suya y es correcta.

Y fue acertada por tres razones: la primera, porque Gabriel Verduzco tiene una larga trayectoria en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE). Fue perito criminalista de campo y oficial secretario de la mesa adscrita a la Unidad de Combate al Narcomenudeo. Primer comandante de la Policía de Procuración de Justicia, posteriormente agente del Ministerio Público.

En el ámbito gremial, presidente de la Barra de Abogados Carlos de la Madrid Béjar; secretario general de Colegios, Federaciones y Barras de Abogados de Colima.

De marzo de 2016 a febrero de 2018, se desempeñó como Secretario Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública C4; y hasta el miércoles pasado, fue el último encargado del Despacho de la PGJE.

La segunda razón es que en su desempeño al frente de esa corporación, dio resultados óptimos. Todos sabemos de la complejidad del puesto, pero en los meses que Verduzco Rodríguez estuvo al frente de la PGJE mejoró el combate a la delincuencia y ahora como Fiscal General, debe redoblar esfuerzos.

La tercera razón, es que se trata de un profesional del Derecho originario de Colima, que su trayectoria la hizo en nuestro estado y eso lo compromete más que algunos de sus antecesores que han venido de fuera a ocupar el cargo y han mostrado poco interés por mejorar la seguridad de los colimenses. Simplemente estuvieron algún tiempo y luego se regresan de donde vinieron, dejando más problemas de los que había.

En cuanto al Fiscal anticorrupción, Héctor Francisco Álvarez es abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Colima, con estudios de Maestría en Derecho Penal y Sistema Procesal Oral Acusatorio por el Instituto Internacional del Derecho.

Ha sido juez calificador en el Ayuntamiento de Tecomán, tiene experiencia como abogado litigante, además de carrera dentro de la PGJE, como agente del Ministerio Público de la Mesa 2, en Tecomán y director general de Averiguaciones Previas.

Fue director general de Seguridad Pública y Vialidad del Ayuntamiento de Tecomán; y hasta antes de su nombramiento, fue auxiliar jurídico de la Dirección de Procesos Legislativos del Congreso del Estado.

Cuenta con el respaldo del gremio y hay que señalar que formó parte de la comisión para analizar las propuestas para Fiscal General, lo que de ningún modo lo descalificaba para el puesto que finalmente obtuvo.

Falta la designación de quien encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos por Violencia de Género y Trata de Personas, para lo cual, las asociaciones civiles 100 por Colima, IUS Género y la Asociación Colimense de Universitarias, propusieron a Virginia Cuevas Venegas, actual directora del Centro de Justicia para las Mujeres.

Bueno sería si la designan, lo que facultad del Fiscal General, pues tiene el perfil, trayectoria y capacidad ideales para el puesto. Es licenciada en Derecho por la Universidad de Colima, con especialidad en estudios de Criminología y en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial.

Ha sido agente investigadora en la Mesa Primera en Tecomán entre 1994 y 1997; y de 1998 a 2000 en Manzanillo; posteriormente fue agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Segundo Penal Mixto Familiar Mercantil y Civil de Manzanillo.

En marzo de 2013 fue designada subprocuradora técnica de la PGJE. De 2015 a 2016 fue encargada del Despacho en esa misma dependencia y desde 2017 dirige el Centro de Justicia para las Mujeres.

Nombrarla en esa Fiscalía sería lo más congruente para cerrar con broche de oro un proceso que caminó sin mayores contratiempos y en el que la autoridad supo involucrar a la sociedad civil para alcanzar acuerdos y nombramientos que fueron bien recibidos.

La complicidad

EL gobernador de Chiapas, Manuel Velasco Coello, no sale de un escándalo cuando ya está metido en otro, con lo cual demuestra su desmedida ambición de poder.

En las pasadas elecciones, el Mandatario traicionó la coalición PRI-PVEM, y en lugar de apoyar al candidato José Antonio Meade, movió la estructura de gobierno y las fuerzas políticas de esa entidad para respaldar la postulación del candidato de Morena, Andrés Manuel López Obrador.

Ni el peor PRI cometió las trampas e ilegalidades del Mandatario de Chiapas, las cuales han sido avaladas y consumadas con la complicidad de los senadores de Morena, quienes apenas se estrenaron en el cargo.

El 24 de agosto, el Congreso de Chiapas reformó los artículos 43, 45, 52 y el 55 de la Constitución estatal, relativos a los requisitos para designar al Gobernador sustituto.

Eso le permitió a Velasco Coello rendir protesta como Senador y regresar a seguir gobernando mediante la figura de Gobernador sustituto, dentro de su mismo periodo. Se sustituye a sí mismo.

Es, a todas luces, una violación a la Constitución de México, que establece en su artículo 116: “El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo”.

El 30 de junio pasado, a un día de la elección y en sesión extraordinaria urgente, el INE aprobó el registro de Manuel Velasco como candidato plurinominal al Senado por el PVEM.

El martes de la semana pasada, el Senado le negó la licencia para separarse del cargo de Senador y, sin embargo, tras una polémica segunda votación, pocas horas después le fue otorgada licencia.

En ese lapso se anunció la adición de cinco diputados del Verde a la fracción de Morena en la Cámara de Diputados, con lo cual el partido obradorista alcanza la mayoría absoluta, con 252 legisladores.

Con ese número de diputados, Morena logró quedarse con la Junta de Coordinación Política por los 3 años de la Legislatura.

La “nueva mafia del poder”, conformada por las cúpulas de Morena y el Partido Verde, tienen por lo menos 3 años trabajando de forma coordinada.

El pasado 20 de junio, el perredista Jesús Ortega Martínez presentó un audio en donde se escucha una llamada entre Ricardo Monreal y Manuel Velasco, en la que acuerdan la liberación de tres colaboradoras de Monreal Ávila, que fueron detenidas el 27 de julio de 2015, en el aeropuerto de Tapachula, por intentar viajar en un vuelo privado, cargando un millón de pesos en efectivo.

En la grabación, Ricardo Monreal, en ese entonces jefe delegacional de Cuauhtémoc en el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, le pide al gobernador Manuel Velasco que le ordene a su personal la liberación de Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, Lizeth Semenow Ayala y Sofía Olvera Castro.

Con ese audio se contradice la versión dada por Monreal en julio de 2015, cuando negó la detención de alguna de sus colaboradoras. En esa ocasión, dijo que ellas estaban de vacaciones, y además omitió haber operado para acelerar la liberación de las tres jóvenes que se identificaron como trabajadoras suyas. Jesús Ortega aseguró que Ricardo Monreal acompañaba a las jovencitas y huyó del lugar en cuanto éstas fueron detenidas.

Bennelly Jocabeth Hernández, quien fue directora de Desarrollo Social en la Delegación Cuauhtémoc, en la administración de Monreal, continúa sujeta a investigación por parte de la PGR. Cuando fue apresada en julio de 2015, en posesión del millón de pesos, aseguró que eran parte de los recursos de Morena.

Las ilegalidades de Manuel Velasco se dan ahora, ya en la era de Morena. Fueron sus legisladores los que utilizaron la licencia que le otorgaron como moneda de cambio para lograr mayoría absoluta en la Cámara de Diputados y para obtener grandes beneficios, como la presidencia de la Jucopo.

Esas arbitrariedades legaloides y violaciones a la Constitución que está cometiendo Morena en complicidad con el PVEM, las hacía el antiguo PRI, pero la diferencia estriba en que los priistas no eran tan burdos como los morenistas y las sabían camuflar.

Definitivamente, Morena empieza con el pie izquierdo, cometiendo errores garrafales de los que está tomando nota la población y, sobre todo, los militantes y simpatizantes del partido, que llevaron a sus candidatos al poder, con la esperanza de un cambio profundo en México.