Responsabilidad
LUNES PORTEÑO
Lunes 10 de Septiembre de 2018 8:50 am
DESDE principios de junio del año pasado, es decir, hace 15 meses, la empresa Peña Colorada afectó de manera importante viviendas y vialidades en la localidad de Punta de Agua, debido que uno de los ductos que transportaba minerales y que pasa por el lugar, presentó una fuga. En aquel entonces fue inmediata la reacción de la autoridad municipal, que a su vez obligó la pronta intervención de la minera en el retiro del material ferroso que dañó siete viviendas y prácticamente destruyó la vialidad principal de la comunidad. El compromiso de Peña Colorada fue reparar las afectaciones, en tanto que la comuna realizaría un estudio de impacto ambiental, para que la misma empresa procediera a la rehabilitación correspondiente. Ambas partes cumplieron con su parte, pero de nueva cuenta regresó el problema, pues la semana pasada, habitantes de este poblado resurgieron con su inconformidad, pues la minera ha vuelto a dañar la vialidad principal y otras calles, mismas que presentan grave deterioro por el temporal de lluvias. Denunciaron que ahora, la red que distribuye el material ferroso desde la mina ubicada en la montaña de Minatitlán, hasta la procesadora que se encuentra en la zona industrial de Tapeixtles, sufrió desperfectos y provocó más fuga de minerales, pero al repararla, volvieron a tronar las vialidades. Punta Chica tiene hoy más calles destruidas, entre ellas la principal, lo que conlleva a una seria afectación para los pobladores en cuanto al tránsito, pues según consta en fotografía publicada en la edición del viernes 7 de septiembre de Diario de Manzanillo, las vialidades son intransitables, como bien lo expone la gente del lugar. Este consorcio minero es importante para el desarrollo económico de todo el estado, no sólo de los municipios de Manzanillo y Minatitlán. Peña Colorada produce, en promedio, 4 millones de toneladas de pélets para la industria nacional, además genera empleos y se distingue por sus aportaciones a causas civiles, especialmente cuando se trata de reparar en algo el daño ambiental que su labor provoca. Por eso sorprende que en el caso de las afectaciones que su actividad ha ocasionado en Punta de Agua, sus directivos no se hagan responsables y atiendan los desperfectos incluso antes de que la gente empiece a quejarse de que los genera. Esa situación no debiera suceder en una empresa de su tipo y su nivel. El Ayuntamiento de Manzanillo, por su parte, tiene que ser más exigente con las industrias que incumplen su obligación de no alterar en forma alguna el entorno y la tranquilidad de la población, pero que a la vez violentan normas ya establecidas para realizar sus actividades con los menores riesgos posibles de impacto ambiental y social. Falta mano dura con las fábricas que son recurrentes en provocar estos conflictos. La gente de Punta de Agua ha sido prudente y hasta comprensiva con la empresa minera, al permitir que ductos de la misma pasen por el pueblo, por lo que es inconcebible que de parte de los directivos de Peña Colorada no exista reciprocidad ni consideración. Si en este caso no hay una respuesta pronta y positiva de parte de la minera, el alcalde Enrique García Pérez debe intervenir para que Peña Colorada repare los daños, pues la gente no tiene por qué seguir sorteando los efectos negativos de un problema ocasionado por terceros y que es consecuencia de la mala planeación de la compañía en la reparación de sus ductos. Tomando en cuenta que cada vez que sufren desperfectos en sus instalaciones terminan por afectar los centros poblacionales de Minatitlán y Manzanillo, Peña Colorada tiene que empezar a tomar precauciones y planificar, con anticipación, cómo va a resolver cada conflicto que genere por esa causa. Es injusto que la gente siempre acabe pagando los platos rotos de su falta de previsión. Por eso, es correcto que la comunidad de Punta de Agua se inconforme y exija, como es su derecho, la rehabilitación de los daños que la empresa minera ocasiona de forma recurrente con su actividad. Recolección de basura EN sus últimas semanas, la administración municipal porteña está enfrentando algunos problemas con el sistema de recolección de basura, derivado de la falta de atención de la empresa nayarita que renta los camiones para ese fin, pues el servicio presenta deficiencias que tienen que ver con el deterioro de las unidades propiedad de particulares, según lo explicó la semana pasada el alcalde Enrique García Pérez. A decir del Presidente Municipal, son 10 camiones los que operan de manera regular, y dos más de manera extraordinaria, en los trabajos de recolección, a los cuales, aseveró, se les da mantenimiento, pero aun así presentan fallas. Cabe aclarar que aun cuando son rentadas, corresponde a personal de la Dirección de Servicios Públicos Municipales operar las unidades, así como realizar las labores de recolección de desperdicios, con lo cual, de acuerdo al propio García Pérez, la comuna ahorra 7 millones de pesos anualmente. Sin embargo, en días recientes la gente se ha quejado de deficiencias en el servicio, específicamente en el incumplimiento de horarios y rutas completas, lo cual ocasiona que existan sitios donde permanece la basura por varias horas en plena vía pública, con los consecuentes problemas de higiene e incluso posibles riesgos de salud. Si en el caso, como aclara el edil, el principal conflicto radica en que los camiones recolectores están deteriorados, corresponde al mismo Enrique García exigir a la empresa concesionaria que los repare y los deje funcionando adecuadamente, lo cual debió quedar establecido en el contrato de concesión que la comuna firmó con los particulares. El pasado mes de junio, el oficial mayor del Ayuntamiento porteño, Aldo Preciado Jiménez, defendió la decisión que tomó la comuna desde el año 2016 para rentar camiones recolectores de basura, en un proceso realizado por el Comité de Compras y autorizado por el Cabildo, mediante licitación abierta. Para explicar el ahorro, dijo que tan sólo en 2015 se ejercieron 15 millones de pesos en combustible para las unidades que prestan el servicio y que eran propiedad del Ayuntamiento, mientras que en 2017 ese gasto bajó a 4 millones de pesos, ya con los camiones rentados. Sin detallar, el funcionario sostuvo que las unidades recolectoras contratadas a la empresa Grupo Integral de Recolección y Reciclados de Occidente, con domicilio en Nayarit, le generan a la comuna “un gasto de 20 millones de pesos”, lo cual se traduce en un ahorro de entre 7 y 8 millones de pesos al año, en la prestación general del servicio. Este tipo de mecanismo para brindar uno de los primordiales servicios a los porteños, comentó Preciado Jiménez, le ha permitido al gobierno municipal tener ahorros, pues ya no gasta tanto en la compostura de los camiones ni en la compra de nuevas unidades. Pudiera ser que como lo aseguran el edil y el oficial mayor de la comuna, arrendar camiones recolectores de basura signifique un ahorro considerable para las arcas públicas, pero se tiene que tomar en cuenta la otra parte, más importante aún, la calidad del servicio. Si la gente en distintas colonias empieza a quejarse de una mala atención en la recolección de desperdicios, las autoridades municipales que tienen injerencia en el tema deben actuar en lo inmediato, para evitar que el problema crezca, pero también para que no siga ocasionando molestias a las familias que ya están siendo afectadas. Es cierto que la administración municipal actual está viviendo sus últimas semanas de ejercicio constitucional, pero eso no quita que hasta el final de su mandato es responsable de los compromisos que contrajo para mejorar los servicios a la población, como es la recolección de basura. Por eso, el edil García Pérez debe exigir a la empresa particular de Nayarit que repare los camiones que actualmente están fallando, pues sería lamentable que la administración municipal se despidiera dejando un conflicto de recolección de desperdicios sólo porque la autoridad no hace valer los términos de un contrato que está vigente.
