Sentido común
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA
Piso disparejo
Lunes 10 de Septiembre de 2018 9:03 am
HACE poco más de un mes, cuando se definió la conformación de la nueva Legislatura federal, me congratulé, junto con muchas otras mujeres, por el avance obtenido en materia de paridad de género. No obstante, en ese mismo espacio advertí que eso no significaba el final de la lucha contra la desigualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, sino tan sólo un avance que podía llegar a convertirse en un espejismo para las más optimistas, o en un argumento falaz para quienes buscan excusas con tal de no respetar el espacio de las mujeres. A poco más de un mes de que se logró cerrar la brecha en el Congreso de la Unión, surgen nuevos retos que nos hacen reflexionar en lo mucho que hemos avanzado en acciones afirmativas, y lo poco que esto ha impactado en el imaginario popular. Aun con casi un 50 por ciento de mujeres en el Senado y en la Cámara de Diputados, ninguna mujer encabeza algún grupo parlamentario, ni preside alguna Mesa Directiva, lo que deja las negociaciones entre las bancadas y la organización de las votaciones en manos únicamente de varones, sin que exista un contrapeso femenino que aporte su experiencia y perspectiva única que su sexo le confiere. ¿Es que acaso teníamos que avanzar tanto para darnos cuenta que estamos donde mismo? En la Cámara de Diputados, el presidente de la Mesa Directiva es Porfirio Muñoz Ledo, mientras todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política son hombres, en tanto que en la Cámara de Senadores, el presidente es Martí Batres Guadarrama, repitiéndose la constante de poner a varones en todas las coordinaciones. Una vez más constatamos que los roles de género en el ámbito privado, en donde las mujeres desempeñan un papel sumiso, mientras que la autoridad es llevada por el varón, se replican en los partidos políticos, lo que eventualmente se reproduce en la política nacional. Hace unos días, el consejero electoral del Instituto Nacional Electoral (INE), Ciro Murayama, nos hacía notar la diferencia de gastos de campaña que los partidos dedicaron a las candidaturas de hombres y de mujeres, quienes en promedio designaron 2 de cada 3 pesos a varones y sólo uno a mujeres. En la infografía, que puede revisarse en su cuenta de Twitter (https://twitter.com/ciromurayamaine/status/1038163328093151232?s=12), se puede ver que los partidos asignaron el 67 por ciento de los gastos de campaña a los candidatos, mientras en las candidatas solamente gastaron un 33 por ciento. En números, esto se traduce de la siguiente manera: a nivel federal, los abanderamientos políticos gastaron mil 830 millones 19 mil 922 pesos en las candidaturas masculinas, y sólo 881 millones 406 mil 837 pesos en las femeninas, mientras que a nivel local se dedicaron mil 772 millones 712 mil 322 pesos a los hombres, y 865 millones 360 mil 817 pesos a las mujeres. En total, se destinaron 3 mil 602 millones 732 mil 244 pesos a varones, contra mil 746 millones 767 mil 654 pesos a mujeres, lo que confirma que no se ofrecen las mismas oportunidades a ambos sexos en las mismas circunstancias. Los partidos políticos siguen viendo las candidaturas como cuotas de género asignadas por el INE y no como un derecho constitucional establecido en el artículo 41 de la CPEUM, por lo que no dedican los mismos recursos a las candidatas que a los candidatos, lo que significa que ellas compiten en desventaja contra sus contrincantes varones. Pero no sólo se puede constatar esta visión de los partidos en los gastos de campaña, o en los pocos o nulos cargos de toma de decisiones que ofrecen a mujeres, sino en las mismas candidaturas en las que designan mujeres para después hacerlas renunciar para que sus cargos sean ocupados por varones. Las Juanitas, otra vez. La semana pasada, al menos 40 mujeres electas en los comicios del pasado 1 de julio, comenzaron a renunciar sistemáticamente para dejar en su lugar a varones. De esto puede deducirse un caso grave de violencia política, pues se vuelve evidente que las renuncias se efectuaban bajo la presión de los líderes de los partidos del PRI, PVEM, Panal, así como de algunos partidos locales como Chiapas Unido y Podemos Mover a Chiapas. Incluso, es la sospecha de algunos grupos de la Sociedad Civil que esta estrategia ya estuviera prevista desde el momento de asignar las candidaturas, lo que también constituye un fraude a la ciudadanía, quien al momento de votar está otorgando su confianza a la persona que aparece en la boleta electoral. El hecho fue tan evidente, que las consejeras de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), Blanca Esthela Parra Chávez y Laura León Carballo, hicieron un video dedicado a dichas mujeres, para que no se dejaran violar sus derechos político-electorales. También Lorenzo Córdova Vianello, presidente del INE, condenó los hechos, calificándolos como inaceptables. Fue tanto el escándalo, que el mismo Manuel Velasco Coello, senador con licencia y gobernador de Chiapas, emitió un comunicado en donde condenó enérgicamente que las mujeres que estaban renunciando a sus cargos, lo estuvieran haciendo bajo presión o estuvieran siendo víctimas de violencia política. Dijo haber instruido a la Fiscalía General del Estado para que procediera de inmediato para investigar los hechos y castigar a los responsables, y que se coordinara con la Secretaría de la Mujer y el Centro de Justicia para Mujeres brindar asistencia legal y poner a disposición todos los servicios para la asistencia y defensa de dichas mujeres. No deja de llamar la atención que la mayoría de las mujeres que habían renunciado pertenecían al PVEM, el mismo al que pertenece el Gobernador y Senador con licencia, quienes comenzaron a desistir de sus renuncias después del escándalo que éstas originaron. ¿Habrá sido por la asistencia brindada por el Gobierno del Estado de Chiapas o para evitar involucrar la violencia política cometida contra las candidatas, con el propio Gobernador? Los tres casos a los que me referí supralíneas deben de servirnos como una llamada de atención de lo lejos que estamos aún de lograr una estabilidad en la igualdad de oportunidades entre los dos sexos. Haber obtenido un Congreso paritario fue una combinación de las medidas afirmativas implementadas por la ley y la votación masiva a favor de un mismo partido, lo que permitió que la cuota del 50 y 50 pudiera reflejarse en las Legislaturas. Esto, sin embargo, en ningún momento significa que la cultura mexicana sea más sensible al tema de la equidad de género, como se ha podido comprobar en estos días, por lo que debemos de redoblar esfuerzos y exigir que se brinden las mismas oportunidades a hombres y a mujeres, para ocupar cargos en puestos de decisión. En Colima, próximamente se designará a quien encabezará la Fiscalía Especializada en Delitos por Violencia de Género y Trata de Personas, que por una cuestión de congruencia y justicia, debería de ser una mujer, considerando que los otros dos fiscales, el General y el especializado en Combate Anticorrupción, son varones. Para ello, recientemente las asociaciones 100 por Colima, IUS Género y la Asociación Colimense de Universitarias, propusimos a la licenciada Virginia Cuevas Venegas, actual directora del Centro de Justicia para las Mujeres y candidata natural al cargo. Sería una muy buena señal del Fiscal General, Gabriel Verduzco Rodríguez, que le otorgara el nombramiento en cuestión, así como del Poder Legislativo tomarle la protesta, pues denotarían sensibilidad y congruencia en un momento en que se necesitan acciones firmes a favor de las mujeres, y no simulaciones que se ven bien, pero no se traducen en una mejoría de oportunidades para el 50 por ciento de la ciudadanía.
