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Despacho Político



ARMANDO MARTÍNEZ DE LA ROSA

Invasores


Martes 11 de Septiembre de 2018 9:18 am


JEFE, jefecito, por favor, no me vaya a matar. Por su madrecita- decía el sicario al soldado que lo resguardaba tras capturarlo en un operativo.

-Temblaba el cabrón- me cuenta el militar que recuerda ese y otros episodios de su carrera. -Cuando los agarramos, se les quita lo valiente y lo hocicón. Unos hasta lloran, te suplican. Les sale el gran cobarde que estos matarifes son- añade al relato. 

Esa clase de personas, los delincuentes del crimen organizado, es la que ha prosternado al país, a ciencia y paciencia de las autoridades federales, estatales y municipales. Unas más y otras menos, pero igualmente indolentes, miedosas, cómplices en el peor de los casos. Han invadido al país, a la vida. Se han engallado intimidando al resto.

Muchos jefes policíacos –no todos– federales, estatales y municipales; agentes de esos mismos órdenes, están adscritos no al servicio de la seguridad de la población, sino a la de los traficantes que les pagan según jerarquía. De empleados del Estado han pasado a asalariados de la mafia. Capturan y ejecutan; capturan y entregan. Avisan de operativos; delatan y traicionan. En ocasiones, “ponen” a los incómodos para que otros los liquiden. Son podredumbre social.

También hay militares de diversos grados que han servido al narcotráfico. Lo han fortalecido al tiempo que debilitan al Estado. Son traidores a la patria. Según la Constitución, antes de que el naguseto de Fox enviara una iniciativa para modificarla, habrían merecido la pena de muerte.

Políticos sobran, si se pudieran contar, adheridos a “la maña”. Innumerables alcaldes, varios diputados y senadores, algunos gobernadores (con el paradigmático Javier Duarte en primera fila), secretarios, delegados. Y empresarios también, expertos en lavar dinero sucio, en blanquear dinero negro. 

Sin tal estramancia social y política, el narco sería imposible. No podría prosperar al punto que ahora ha llegado. La complicidad es indispensable para la supervivencia de un delito que deja tanto dinero, sangre, miedo y enojo.

En Veracruz, la semana pasada, encontraron un cementerio clandestino con los restos de 106 personas; los había incluso de bebés. Ese estado ha sido territorio absoluto del narco igual que muchos otros. Entre enero de 2007 y agosto de 2018, según reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, se han descubierto mil 307 fosas clandestinas con 3 mil 926 cadáveres. 

Cientos de familiares de personas desaparecidas forzadamente las buscan. Con frecuencia, son ellos, los parientes, no la autoridad, quienes encuentran las sepulturas ilegales. Y también reiteradamente son acosados por los criminales y hasta por agentes policíacos al servicio de aquellos. 

Ayotzinapa es un caso emblemático de este doloroso fenómeno social, aunque sólo sea el más visible y publicitado, porque también se le ha utilizado para sacar raja política. Qué duda cabe. Tlatlaya, San Fernando y muchos casos similares dan constancia de la facilidad con que se desaparece, asesina e inhuma a personas en cualquier estado del país, Colima incluido.

Casi siempre, al asesinato le acompaña la impunidad; al menos, la ausencia de castigo del Estado. Porque ocurre que entre bandidos se ejecutan unos a otros, se cobran cuentas pendientes y se vengan de esto o aquello. En el fuego cruzado, muchas veces personas inocentes resultan sus víctimas. Con la impunidad, sobreviene el auge de otros delitos: la extorsión, el secuestro, el robo, el asalto, el tráfico de personas y órganos.

¿Dónde encuentra la impunidad el alimento que la fortalece? En la complicidad. Sin la protección política, policíaca y eventualmente militar, el crimen no prospera. Ese es el mal y ahí mismo está el remedio: apresar a quienes protegen a los criminales.

Se ha anunciado ya por parte del futuro Gobierno Federal la primera fiscalía para el caso Ayotzinapa. Como dije arriba, ese asunto emblemático, pero no el único. Es deseable que lo resuelva el régimen de López Obrador, que encuentre la verdad sin sesgo político. 

Y que también atienda, sin más demora, un cúmulo de dolorosos pendientes del país. No debemos permanecer en manos de un montón de hampones que desde la impunidad dictan reglas al país y a la gente común acerca de qué pueden o no pueden hacer; dónde pueden estar y dónde no; qué pueden decir y qué no. En muchos pueblos y ciudades se padece una suerte de narcodictadura, donde cualquier narquillo hace las veces de gobernante porque intimida a los demás.

Eso espero que resuelva López Obrador. No que negocie con el poder de la mafia, sino que la erradique. Que libere a la gente de quienes le han invadido la vida con violencia e infundiendo miedo.


MAR DE FONDO


** En los últimos días de su periodo, Héctor Insúa ha perdido las proporciones. Le urge al alcalde vender un terreno de propiedad municipal. Pretende malbaratarlo por menos de la mitad de su valor comercial. ¿Qué hay detrás de ese intento, desesperación financiera oficial o ambición de negocio? ¿Y el cabildo, con la excepción de María Elena Abaroa? ¿Y los regidores priistas que han callado y pasarán por cómplices corresponsables jurídicamente?


** La carretera de Comala a Cofradía de Suchitlán requiere atención gubernamental para tapar baches y retirar piedras y arenilla que arrastran las escorrentías cuando llueve.


** “Es necesario, a veces, encontrar compañía./ Amigo, no es posible ni nacer ni morir/ sino con otro. Es bueno/ que la amistad le quite/ al trabajo esa cara de castigo/ y a la alegría ese aire ilícito de robo./ ¿Cómo podrías estar solo a la hora/ completa, en que las cosas y tú hablan y hablan,/ hasta el amanecer?”. (Rosario Castellanos, mexicana, 1925-1974. Apelación al solitario.)