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Escenario político



GABRIEL GONZÁLEZ CASTELLANOS

Pequeña herencia


Miércoles 12 de Septiembre de 2018 8:52 am


EN uno de los anexos del Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se versa sobre los manejos que ha tenido su gobierno respecto al destino de recursos económicos del erario, sobre el tema de la deuda externa. Las vicisitudes surgidas ante tal evento, dan cuenta de la docilidad de una administración pública de un momento dado, para satisfacer los intereses de organismos financieros acreedores.

Pero al mismo tiempo, se puede mostrar la voluntad política de un gobierno para implementar acciones tendentes a utilizar recursos del erario, impulsando la planta productiva hacia un rumbo independiente y democrático. Ello obliga a que una administración pública disponga que el conjunto de sus políticas deje de beneficiar a la oligarquía financiera y precise que el propósito de sus acciones se encamine a la justicia social.

En un escenario así, considerando el manejo de la deuda externa, como se afirma en el anexo citado, el gobierno que fenece el último día de noviembre se ha distinguido por alimentar las ganancias de los señores del dinero, a través de las sucesivas transferencias de recursos del erario hacia los dueños de los organismos financieros usureros.

De acuerdo a información oficial, el gobierno de Peña Nieto recibió la herencia de una deuda externa de 121 mil 659 millones de dólares y termina su sexenio con una deuda por el orden de los 198 mil millones de dólares, lo cual muestra un crecimiento de 62 por ciento. Son más de 77 mil millones de dólares lo que aumentó la deuda externa en el lapso de 5 años y medio del gobierno actual, pero lo grave es que en ese mismo periodo se han transferido del erario hacia acreedores extranjeros, recursos económicos por más de 225 mil millones de dólares.

Esta última cifra es la suma de pagos sobre amortizaciones de capital y de intereses, con lo cual se muestra que en 5 años y medio se ha cubierto el total de la deuda externa, pero lo absurdo es que con tales cifras millonarias transferidas a la oligarquía financiera, la administración de Peña Nieto termine con más deuda. ¿Cuál sería el panorama si esos recursos se destinan a impulsar la planta productiva, el crecimiento económico y la generación de empleos? ¿Cuántas escuelas construidas? ¿Cuántos hospitales, y ampliando el cuadro de especialistas y medicinas? ¿Y el impulso a la seguridad social?

No se requieren procesos cerebrales tan minuciosos para entender a quién benefician las políticas públicas de los tecnócratas. Su razón de ser es la iniciativa privada, el enriquecimiento particular, fomentar la centralización del capital, servirse del poder público para servir al capital.

Por ello, ante la presencia de un gobierno que dé al traste a los privilegios de acumular la riqueza en pocas manos, los interesados en no perder sus privilegios, cotidianamente se manifiestan en la vida pública con presiones, denuestos y cuestionamientos de toda índole.

Los grupos de poder económico pretenden dar su lineamiento respectivo a los rubros de la economía, la política monetaria, el gasto social, la inversión privada, los pagos de la deuda externa, el uso discrecional de los recursos provenientes de los excedentes del petróleo, el sistemático aumento a los energéticos, la flotación del peso mexicano, la situación privilegiada de la banca, etcétera, que son la parte medular en que se sustenta la política social de una administración pública. Hay retos, hay que afrontarlos.

La muy egregia y especial generación de abogados 1978-1983 de nuestra Alma Máter, tendrá a bien reunirse este viernes 14 a partir de las 2 de la tarde en el local de Óscar Munguía, por la calle Cuyutlán, casi esquina con Marcelino García, junto a la Gota de Miel. Se conmemoran 35 años de haber saltado al ejercicio del Derecho y el litigio, que no es cualquier cosa. Hay tareas: José Luis, material didáctico; Abraham, pase de lista; maestro Cruz, fiel compañero; el resto, saborear las carnitas y agua fresca. Ya saben, el que no vaya.