Una transformación de cuarta
FERNANDO ALBERTO GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ
Jueves 13 de Septiembre de 2018 8:02 am
EN mi última
colaboración ponía de relieve que la controversia que han suscitado las
contradicciones entre las posturas de Andrés Manuel López Obrador como
candidato y las que ha emitido actualmente como Presidente electo, debía ser
una coyuntura para reconocer no sólo un lapsus de incongruencia, sino también
considerarse como plausibles e inequívocos indicios de un candidato que
transmuta a Presidente de la República. En el caso del
Poder Legislativo –en el cual el partido de López Obrador detenta una mayoría
de posiciones– debemos también reconocer las señales de múltiples personajes
políticos que pasan de la oposición, e incluso del anonimato, al ejercicio del
poder implícito en un legislador, sin omitir aquellos atisbos que no sólo
desvelan incongruencias, sino también un burdo pragmatismo, que es el preludio
de una época de acuerdos tendenciosos al margen de la ley, que traicionarían la
confianza depositada en las urnas por la ciudadanía. Uno de tales
atisbos ocurrió el pasado 4 de septiembre, cuando el Pleno del Senado de la
República le concedió licencia a Manuel Velasco Coello para regresar a concluir
su periodo constitucional como gobernador del estado de Chiapas. En una
excelente columna escrita por el abogado constitucionalista –y por cierto,
simpatizante de Morena–, Elisur Arteaga Nava para el semanario Proceso, se
precisa que con la maniobra que devolvió a Velasco Coello a la gubernatura, se
violó el artículo 125 constitucional, el cual señala, grosso modo, que ningún
individuo puede desempeñar dos cargos federales de elección popular, ni uno de
la Federación y otro de una entidad federativa que sean también de elección,
sino que el nombrado debe elegir entre ambos el que quiera desempeñar. En la misma
columna, Arteaga Nava señala que en la misma sesión que otorgó la licencia a
Velasco Coello se incurrió en un segundo incumplimiento de la ley, pues en un
primer momento el Pleno del Senado le negó la licencia para retirarse
temporalmente de su encargo, para luego, en esa misma sesión, revocar el
acuerdo y conceder la licencia solicitada, movimiento con el cual se violó el
artículo 72 de la Constitución, el cual niega la posibilidad de volver a
plantear el mismo asunto dentro del mismo periodo de sesiones, partiendo “del
supuesto, válido, por cierto, de que dentro de un mismo periodo no se pueden
presentar los elementos suficientes como para cambiar el criterio de los
legisladores respecto de una materia que ya han resuelto”. Tales violaciones
sistemáticas a la ley, tienen como trasfondo menudas componendas entre las
fracciones de Morena y el Partido Verde (PVEM), entre ellas la que condujo a
que este último cediera cinco posiciones en la Cámara de Diputados para que
Morena alcanzara la mayoría absoluta –en una acción que per se constituye una
traición a sus electores–, y que le permitirá reproducir sus arbitrariedades en
el Congreso de la Unión. De diminutas y deformes dimensiones augura ser la
cuarta transformación. HOJAS SUELTAS
El espíritu de la
reforma educativa era asentar el compromiso del estado de asegurar la calidad
educativa, y una de las claves para lograr dicho objetivo era la evaluación
docente, el cual constituía un instrumento de diagnóstico, pero también de
ingreso, permanencia, reconocimiento y promoción en el servicio docente,
función otrora operada por el gremio magisterial y a través de la cual
edificaron un sistema de privilegio y canonjías, en detrimento de la educación
de los mexicanos. Durante la semana, la fracción de Morena en el Congreso de la
Unión, empleó su aplanadora mayoría para avalar un punto de acuerdo para
solicitar que se inhabilite la evaluación docente a nivel nacional, hasta que
se concrete la “contrarreforma educativa”. Con dicho acto, no sólo han
sentenciado el retroceso de la educación en nuestro país, sino que además
preparan la reedición del charrismo en el sindicalismo magisterial, y la vuelta
a tiempos que se antojaban superados.
