El plan de austeridad
MANUEL GODINA VELASCO
Miércoles 19 de Septiembre de 2018 7:48 am
DESDE 1964, año en que me inicié en la
actividad periodística, he venido insistiendo en los excesos de la clase
gobernante, donde ha sido común el ingreso de servidores públicos que provienen
de familias modestas, pero buen número de ellos terminan su gestión como
funcionarios ricos, algunos como grandes millonarios, cuya fortuna amasaron en
el desempeño de sus cargos, con una inexplicable riqueza que disfrutarán el
resto de su vida en la completa impunidad. Los abusos del poder, la prepotencia, el
guarurismo que los acompaña, los ostentosos vehículos que les asignan, la
servidumbre de sus casas con cargo al erario y los onerosos festines con los
que se sangran las finanzas públicas, parece que por fin habrán de terminar. En lo personal, coincido con la mayoría de
las propuestas de López Obrador, pero hay algunas cuya complejidad o
trascendencia es tanta, que deben manejarse con toda cautela, como la
abrogación a rajatabla de la reforma educativa que está vigente y otras tantas
que en próximos comentarios abordaré. No se le puede regatear el aplauso y la
complacencia popular en lo referente a su plan de austeridad, al incorporar la
aprobación de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos, hecho que
ocurrió el pasado jueves 12 en la Cámara de Diputados, donde se establece que
ningún servidor público de la Federación ni de los tres niveles de gobierno,
podrá ganar más del sueldo asignado al Presidente de la República. Es preciso aclarar que esta ley reglamentaria
de los artículos 74 y 127 de la Constitución, cuyos artículos son vigentes
desde hace años, no es iniciativa de AMLO ni de los morenistas, pues la actual
Mesa Directiva de la Cámara informó que esta minuta fue aprobada el 8 de
noviembre de 2011 en el Senado, por unanimidad de votos, y remitida a la Cámara
de Diputados, pero nunca fue discutida por los diputados, hasta que Morena
decide llevarla a votación vía fast track. Así, al no haber una ley reglamentaria de
dichos artículos constitucionales, los ministros de la Corte, del TEPJF, los
consejeros del INE y tantos otros funcionarios federales, estatales y
municipales, en los últimos años se fijaron altísimos sueldos a placer. A
partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, cosa que debe
ocurrir en días, no sólo se tendrán que bajar esos altos sueldos quienes así
han abusado, sino que tampoco podrán asignarse pensiones por el desempeño de
una función pública, si éstas no se encuentran expresamente asignadas por una
ley o decreto legislativo. La oportuna y necesaria aprobación de esa por
años congelada ley, incluye también la tipificación de un nuevo delito que se
denomina remuneración ilícita, aplicable cuando un servidor público apruebe o
refrende una remuneración que no esté autorizada por la ley, tanto en sueldos o
pensiones. Ojalá estas medidas de austeridad lleguen
pronto a Colima, para ser también aprobadas por el nuevo Congreso estatal que
entrará en funciones en los próximos días, para prohibir compra de vehículos
nuevos a funcionarios, frenar el excesivo número de asesores y ayudantes, entre
otras medidas. Funcionarios y trabajadores, incluidos los
maestros de la 39, deben ser atendidos por los sistemas de salud pública, en el
IMSS e ISSSTE, ya que se suprimirán las partidas de gastos médicos privados. No
a renta de nuevas oficinas o remodelación de las actuales, ya que hay muchos
edificios en buen estado que no se utilizan sólo por su ubicación actual. En Colima se debe prohibir el que los
policías estén al servicio personal de funcionarios, en lugar de contribuir a
las tareas de seguridad. Como lo propone AMLO, sólo vehículos blindados a
funcionarios encargados de la seguridad pública y de la procuración de
justicia, donde se justifica el uso de escoltas. Los servidores públicos, los
legisladores y toda persona que disfrute de ingresos públicos, deben entender
el mensaje de hartazgo del pueblo emitido el 1 de julio.
*Analista político
