Jueves 20 de Septiembre de 2018 8:14 am

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Curarse en salud

 

DESDE que ganó la elección hasta la fecha, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido un comportamiento indeciso y contradictorio constante. Ha generado confusión acerca de qué realmente se propone en varios asuntos importantes para el país y su gobierno.

“O estamos en la noche de los cínicos o hay partidos que no entendieron el mensaje. Se necesita poca vergüenza para decir aquí que por décadas han servido al país cuando se han servido del país y lo han saqueado. Entregan un país en ruinas”, sostuvo el 1 de septiembre en la instalación e inicio de sesiones de la 64ª Legislatura, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de coordinación Política, Mario Delgado Carrillo. (El Financiero. 02/ 09/2018).

Tres días después, el 4 de septiembre, en Monterrey, López Obrador refutó a Delgado Carrillo. “Hay problemas, es público, es notorio, pero también se ha logrado que la transición se esté dando en armonía, con estabilidad, no hay crisis política. No tenemos una crisis financiera, no nos está pasando lo que está sucediendo en Argentina. Eso también hay que considerarlo. Sí tenemos problemas graves, hay mucha pobreza, mucha inseguridad, violencia, pero hay condiciones también, hay ánimo, esperanza en la gente de que las cosas van a mejorar; vamos a estar a la altura de las circunstancia”, dijo el Presidente electo a contrapelo de la afirmación del coordinador de Morena en la Legislatura. (Íbidem.)

Y el domingo 16 de septiembre, al iniciar la “gira de agradecimiento”, en Nayarit, Andrés Manuel rectifica y afirma que el país está en quiebra: “Porque México está pasando una situación complicada de seguridad y económica y porque está en bancarrota, no podremos hacer todo lo que se está demandando pero sí vamos a cumplir todo, todo lo que ofrecimos en campaña, ese es el piso y de ahí para arriba y hasta donde nos alcance el presupuesto”. (Milenio. 16/09/2018)

A esa gira, lo acompañó Mario Delgado, quien precisamente 15 días antes se refirió al “país en ruinas”.

El cambio de discurso proviene, probablemente, que el Presidente electo se encontró con la triste realidad del dinero que dispone el gobierno para cumplir y satisfacer las enormes expectativas que levantó en campaña e ilusionó a millones de votantes que ahora le demandarán cumplir. Cumplirá, dijo, las promesas de campaña, pero no más, o hasta donde “alcance el presupuesto”. Si cumple, satisfará las demandas. No le será fácil. El dinero no alcanza para tanto y ahora se cura en salud para después justificarse: No cumplí porque me dejaron un país en ruinas, en bancarrota.

Pero México no está en crisis ni en bancarrota, como acertadamente lo reconoció López Obrador al enmendarle la plana a Delgado Carrillo, el 4 de septiembre. Es cierto que hay dificultades económicas, que hay pobreza, pero también hay empleo, hay inversión y expectativas de desarrollo. Y si el gobierno sacrifica ingresos fiscales, el precio de los combustibles bajará de inmediato para beneficiar a la economía industrial, agropecuaria y de comercio, así como la de los consumidores. ¿Lo hará el nuevo gobierno? No hay certeza. Si en campaña López Obrador dijo que bajarían las gasolinas, su futuro secretario de Hacienda, Carlos Manuel Urzúa Macías, ha insistido en que se conservará el esquema de fijación de precios vigente en el gobierno actual.

Las contradicciones son la constante del futuro gobierno. Mientras el morenismo se lanzó contra Rosario Robles –cuyos pleitos con la izquierda vienen desde que presidió el PRD y su pareja, el argentino Carlos Ahumada, fue descubierto y exhibido sobornando a gente de confianza de Andrés Manuel, como Carlos Ímaz y René Bejarano, esposo de la senadora morenista Dolores Padierna– anunciando que la llevarían a juicio por corrupción, el Presidente electo la llamó “chivo expiatorio” (debió decir chiva), en clara alusión a niveles de gobierno superiores. Pero, ¿a quién culpa, al presidente Enrique Peña Nieto? No lo dijo. No hay claridad.

AMLO no fue lejos por la respuesta y la encontró en una de sus propias senadoras, Lilly Téllez, quien afirmó que Robles Berlanga de ninguna manera es un “chivo expiatorio”, sino responsable de desvío de dinero público y prometió llevarla ante tribunales.

Es verdad también que los mexicanos atravesamos desde hace más de una década un ambiente de inseguridad, nadie puede negar, pero de ahí a que este mal está relacionada con la bancarrota, es otro boleto.

Hay otras contradicciones de Andrés Manuel, más ambigüedades o dobles discursos, lo cual más que preocupante, es grave, porque se trata del futuro Presidente de México. Esperemos que la realidad lo lleve a definiciones claras, firmes y permanentes.

 

Todos, mal

 

EN un primer paquete, el Congreso del Estado aprobó las cuentas públicas del ejercicio fiscal 2017 de los ayuntamientos de Armería, Colima, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán, Minatitlán y Tecomán, así como de los Poderes Legislativo y Judicial. Quedan pendientes el Gobierno del Estado, los municipios de Villa de Álvarez y Manzanillo, además de los organismos operadores de agua potable.

En todos los casos hubo observaciones administrativas y financieras, que no se dieron a conocer porque así lo dispone la reforma constitucional que dio origen al Sistema Estatal Anticorrupción. Por tanto, la Comisión de Responsabilidades ya no es la encargada de proponer ante el Pleno del Congreso las sanciones a servidores públicos que incurran en irregularidades en el manejo del erario.

Ahora, los diputados sólo analizan los reportes de las cuentas públicas que les hace llegar el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (Osafig) y de aprobar o desaprobar los dictámenes, para luego regresarlos al ente auditor, que a su vez se encarga de citar a los funcionarios que deban solventar observaciones, pero en casos graves, intervendrá el Tribunal de Justicia Administrativa.

Con este nuevo método de revisión y calificación de las cuentas públicas, a los legisladores se les deja únicamente la facultad de revisar y calificarlas, pero no de sancionar a quienes incurran en responsabilidades, aunque bien pueden, si hay elementos y voluntad de los tribunos de hacer bien las cosas, reprobar los dictámenes.

Lo inconcebible es que el propio Congreso del Estado aprobó su cuenta pública con 13 observaciones no solventadas ante el Osafig. Entre éstas, la diputada Martha Sosa Govea destacó que en 2017 se gastaron 6 y medio millones de pesos más de lo presupuestado, pues de 93 millones 280 mil pesos autorizados, se ejercieron 99 millones 698 mil 341 pesos.

Sostuvo, además, que el Congreso trabajó sin tabulador de sueldos, sin comité de compras, no exhibió el padrón de proveedores ni justificó documentos por el gasto de combustible, todo lo cual quedó pendiente de aclarar cuando se aprobó la cuenta pública.

Los dictámenes relativos a los Ayuntamientos fueron aprobados por los legisladores con una cifra global de mil 45 observaciones sin aclarar. Del total, 37 corresponden a desarrollo urbano, 244 a obra pública y 764 son financieras. La comuna que más observaciones concentró fue Colima, con 163; seguida por Minatitlán y Tecomán, con 160 cada una; Coquimatlán, con 141; Ixtlahuacán, con 123; Cuauhtémoc, con 110; Comala, con 98, y Armería, con 80.

En lo que respecta al Poder Judicial, el Osafig reportó 31 observaciones sin aclarar.

Según los documentos elaborados por el órgano auditor, y aprobados por el Congreso, los casos no están cerrados, pues los servidores públicos responsables de presuntas irregularidades detectadas y observadas, si no aclaran, podrán hacerse acreedores a sanciones administrativas y otras acciones que procedan, incluso penales.

En todo este asunto de las cuentas públicas, el gran problema que comparten los organismos públicos auditados es que, algunos más y otros menos, pero todos están mal en el manejo de presupuestos, en la ejecución de programas y obras públicas, pero sobre todo, sus órganos internos de auditoría y control del gasto tienen graves fallas.

Que el Congreso del Estado se autoapruebe una cuenta pública con observaciones no solventadas, es inadmisible, no sólo porque se ve mal, sino porque se trata del Poder del Estado responsable de fiscalizar cómo gastan el dinero todos los organismos públicos.

Tendrían que buscarse nuevos y mejores mecanismos legales que impidan que el Legislativo se tome tan a la ligera la calificación de las cuentas públicas, porque no es poca cosa el estado lamentable en el que financiera y administrativamente se dejará a la gran mayoría de los Ayuntamientos del estado, como para que los responsables de ese quebranto simplemente dejen el cargo sin pagar las consecuencias.

Esta Legislatura ya se va. La incógnita es ver qué tanta responsabilidad y cuánto compromiso tendrán los diputados que vienen para respetar y hacer respetar la ley en el ejercicio del gasto público.

 

Reprobados

 

EN los próximos días, los 10 presidentes municipales rendirán su tercer y último Informe de Gobierno. Paradójicamente, muy poco tienen que informar a la población y algunos alcaldes pasarán al basurero de la historia.

Los ediles aún no definen las fechas de sus informes, pero en la mayoría de los gobiernos municipales es más larga la lista de lo que no hicieron o de lo que hicieron mal, frente a lo poco que hicieron bien.

Muchos alcaldes están dejando en ruinas los Ayuntamientos, y los peores son Héctor Insúa García, de Colima; Yulenny Cortés León, de Villa de Álvarez, y Guadalupe García Negrete, de Tecomán.

Los tres se caracterizaron por desatender sus obligaciones con la población de sus municipios, y por prepotentes, groseros y caciques con los trabajadores, particularmente con los sindicalizados, a quienes confrontaron, les descontaron religiosamente cuotas, pero el dinero se lo escamotearon a la Dirección de Pensiones Civiles del Estado.

Los millones de pesos que estuvieron descontando los desviaron y no se sabe en qué se invirtió ese dinero, por lo que los líderes de los sindicatos de burócratas de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán, Héctor Arturo León Alam, Teresa Ramírez y Audelino Flores, respectivamente, denunciaron penalmente y ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón a esos alcaldes ineptos.

Hay desesperación en los sindicalizados porque no hay avances en la hoy Fiscalía General del Estado sobre las investigaciones de las denuncias presentadas contra los ediles que el próximo 15 de octubre dejarán sus cargos.

Yulenny Cortés se caracterizó por sus obras costosas y mal hechas, además de afectar con su trato déspota a vecinos, comerciantes y hasta a los propios trabajadores.

En Tecomán, Guadalupe García desde un inicio demostró que no tenía la capacidad administrativa ni la preparación profesional para dirigir el Ayuntamiento.

Su gobierno prácticamente no hizo obra pública, ha endeudado gravemente al municipio, no ha pagado a Pensiones ni los adeudos a los trabajadores. Por su incapacidad, se desbordó la inseguridad al grado de que llegó a ser el municipio más violento de México y uno de los primeros en Latinoamérica.

Otro alcalde marcado es Rafael Mendoza, de Cuauh-témoc, quien violó la Ley Electoral y por ello hay una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ordena que se le aplique la sanción impuesta por el Congreso, que es la destitución e inhabilitación por 7 años. El edil ha recurrido nuevamente a la justicia federal que le concedió un amparo. No tiene vergüenza, ni tampoco el juez que lo amparó y desacató, de hecho, una orden de la Suprema Corte, que debiera llamarlo a cuentas por medio de la Judicatura Federal.

En Manzanillo, Gabriela Benavides Cobos hizo un buen gobierno, entregó obra pública y mejoró los servicios, sin embargo, el municipio se vio rebasado por la inseguridad y es por ello que constantemente solicitó el apoyo de los gobiernos federal y estatal para combatir la delincuencia.

En los municipios de Comala, Ixtlahuacán, Coquimatlán, Armería y Minatitlán, los alcaldes no tuvieron dinero, así que las obras fueron escasas, pues apenas mantuvieron los servicios y la mayor parte del dinero la destinaron a pagar nómina.

Sin embargo, las palmas al peor alcalde por mucho se las lleva Héctor Insúa, quien en 3 años convirtió a Colima en una de las ciudades más sucias del estado y el país; prácticamente no hizo obra, dejando una deuda pública de 180 millones de pesos, según el edil electo, Leoncio Morán.

Al irse de la Presidencia municipal deberá enfrentar denuncias penales por el desvío del dinero de cuotas descontadas a los trabajadores y que no se entregaron a Pensiones, por un monto superior a los 51 millones de pesos.

No obstante abstenerse de cumplir la obligación de dar seguridad en el municipio, recibió las participaciones presupuestarias federales y el servicio se lo endosó al gobierno estatal. Eso sí, utilizó los 3 años a la Dirección de Seguridad Pública Tránsito y Vialidad para exprimir a los automovilistas con onerosas multas.

Insúa García menospreció a los colimenses, creyó que con pan y circo, con festivales, pachangas y borracheras los tendría contentos y que gustosos le darían nuevamente el voto para reelegirse en la Alcaldía. Eso no ocurrió, los electores lo reprobaron, al igual que a Yulenny Cortés, por su incapacidad para conducir los gobiernos municipales.

 

A la Postre…

 

OFRECER descuentos en bares y moteles, como lo está haciendo el Comité Directivo Municipal del PAN, es denigrar la política y clara muestra de la descomposición de ese instituto partidario desde que es manejado al antojo del hoy diputado federal plurinominal, Jorge Luis Preciado Rodríguez.

En su página de Faceboock, el PAN de Manzanillo precisa que esos descuentos son sólo para quienes muestren su credencial de militante y aunque la lideresa, María del Carmen Rodríguez Gómez, afirma que es una campaña de apoyo al comercio local y por iniciativa del secretario del Comité, Gustavo Terán, no es más que una falta de imaginación para promover a su partido.

Qué tienen que ver los principios conservadores de Acción Nacional con la promoción de negocios conocidos como giros negros, como los hoteles de paso.

Luego de obtener buenos resultados en 2015, el PAN perdió la brújula por la forma nociva de hacer política de Preciado Rodríguez y porque la dirigencia estatal fue de membrete en el pasado proceso electoral, pues a los candidatos de la contienda reciente los puso el coquimatlense con los peores resultados.

Con acciones y programas como el mencionado, de los dirigentes partidistas en Manzanillo, el albiazul se ve muy mal y hace el ridículo, además de mostrar su vileza política.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) está postergando la respuesta a la solicitud del Gobierno del Estado de cancelar la concesión de la caseta de peaje de Cuyutlán, en la autopista Colima-Manzanillo.

Desde el 11 de julio, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez envió tal petición para que se inicie un proceso administrativo legal y puso como plazo 60 días hábiles para obtener respuesta, por lo que la fecha se cumple el próximo 3 de octubre.

A reserva de lo que pase de aquí a ese día, seguramente el Mandatario estatal tiene ya planeado lo que hará en caso de no recibir una respuesta positiva de la SCT. Será muy importante para Peralta Sánchez que se concrete esta petición antes de que concluya el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con los próximos cambios en el Congreso del Estado y el Gobierno Federal, seguramente algún político de Morena querrá encabezar esa gestión y culminar el retiro de la caseta, pero es importante señalar que la petición del gobierno estatal está planteada oficialmente desde antes y sería justo que haya una solución en el plazo mencionado.

Vaya irresponsabilidad del alcalde de Colima, Héctor Insúa, al dejar durante semanas sin servicio de recolección de basura a varias escuelas del municipio, lo que puede convertirse en un riesgo sanitario.

Desde hace más de un mes que la comuna no proporciona ese servicio a la capital, por sus graves deficiencias, entre ellas la falta de camiones recolectores. El problema fue denunciado por habitantes de diversas colonias, pero se agravó en escuelas de preescolar, primaria y secundaria de esta capital, donde la basura se acumula ante la pasividad y desvergüenza de la autoridad.

¿Qué espera la Secretaría de Salud para tomar cartas en el asunto y buscar los mecanismos para que el Ayuntamiento cumpla su obligación, antes de que se genere un problema mayor? Hay riesgo de una epidemia y proliferación de fauna nociva por los montones de basura que se han juntado.

No es nuevo el desprecio que muestra Insúa García por los colimenses, pero el colmo es que ahora esté atentando contra la salud y la vida de la niñez, que al acudir cada día a su escuela, se encuentran con montones de basura y olores pestilentes.

La Secretaría de Educación debe intervenir y exigir a la comuna capitalina que atienda un asunto de salud pública.

Recibió el Gobernador a la diputada federal Claudia Yánez Centeno y Cabrera para darle a conocer los proyectos qué hay para el estado con la intención de que sean respaldados por los legisladores federales al momento de analizar y aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.

Es positivo que exista una buena relación entre el Ejecutivo estatal y los diputados federales, sin importar su filiación partidista, porque lo importante es que trabajen por el bien de los colimenses.

El mandatario y diputados locales han conversado sobre la iniciativa de reforma a la Ley de Pensiones que Ignacio Peralta envió a la Legislatura. El diálogo versó sobre modificaciones a la iniciativa, que Peralta Sánchez dijo estar dispuesto a aceptarlas. Precisó que ya sea la actual o la siguiente Legislatura, la reforma debe apresurarse para que los resultados fluyan más pronto, si bien éstos, señaló, no serán inmediatos.