Indicador Político
CARLOS RAMÍREZ
México: crisis de seguridad, crisis del Estado
Domingo 23 de Septiembre de 2018 8:01 am
AUNQUE ha agitado las aguas burocráticas con
un ajuste de austeridad salarial y bajas reales de salarios hasta en 50 por
ciento, el problema número uno de México es el de la inseguridad: 250 mil
muertes violentas en 12 años, alrededor de 40 mil personas desaparecidas, más
de mil 200 fosas clandestinas (una de ellas con 166 cuerpos, recientemente
descubierta en Veracruz), centenas de periodistas asesinados al informar sobre
seguridad y decenas ocultos por amenazas. Los anteriores datos son apenas la parte
cuantitativa del problema. La cualitativa es la más grave: la inseguridad en
México ha aumentado desde 1984 por el debilitamiento del Estado, en su tarea
primordial de proveer seguridad a los ciudadanos. Y las razones de ese fracaso
son tres: incapacidad profesional de los órganos de seguridad del Estado,
complicidad de las instituciones del Estado con las bandas criminales, y
carencia de una estructura legal para enfrentar las formas diversas de la
criminalidad. En mayo de 1984 fue asesinado el periodista
Manuel Buendía, en ese entonces el más importante columnista político. Días
antes de su muerte, a manos de un sicario en una de las zonas más populosas de
la ciudad, Buendía había publicado en su columna en el diario Excélsior un
comentario sobre una queja de obispos del sur de México por el descuido del
gobierno, ante la llegada a esas zonas de bandas de narcos. Luego dejó entrever
que publicaría nombres de políticos, funcionarios y encargados de seguridad que
protegían a los grupos de narcotraficantes, Buendía fue abatido. Luego de una investigación de casi 5 años, el
gobierno acusó del asesinato a José Antonio Zorrilla Pérez, director de la
Federal de Seguridad en 1984, la policía política del Estado que operaba bajo
las órdenes del entonces secretario de Gobernación, Manuel Bartlett Díaz, hoy
operador político de López Obrador. En marzo de 1985, el embajador
estadounidense en México, John Gavin, reveló que Zorrilla era el protector de
los narcos y que la policía política del Estado estaba al servicio del crimen
organizado. A 34 años de distancia, con el diagnóstico
certero de que los criminales no se consolidan sin el apoyo institucional, el
problema de la inseguridad es peor. El pasado viernes 14 de septiembre, el
presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, se reunió con familiares de las
víctimas de la inseguridad y la reunión fue espectacular por las quejas contra
la incapacidad de gobiernos y del Estado. Los dramas individuales de familias afectadas
por la violencia criminal de las bandas y algunos abusos de las fuerzas de
seguridad, ilustran la dimensión del problema de seguridad: el Estado Mexicano
ha sido incapaz de brindar seguridad a sus ciudadanos. Las diferentes
organizaciones delictivas tienen el dominio del mercado de transporte, venta y
consumo de un 80 por ciento del territorio mexicano. Ante una economía que
apenas puede dar bienestar a un tercio de los ciudadanos, los dos tercios
restantes viven de la economía criminal. Sin empleo, sin salarios justos y sin
instituciones de desarrollo social, el crimen organizado ha comprado
poblaciones enteras a las que otorgan dinero y bienestar a cambio de cuidarlos. La causa principal de la inseguridad en
México está en el Estado y en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y
municipal). La estrategia de seguridad se ha reducido a reaccionar ante
ataques, patrullar zonas conflictivas y aplicar leyes que al final del día sólo
benefician a los delincuentes, con el modelo de puerta giratoria para entrar y
salir casi en automático. El problema se ha multiplicado porque los cárteles
del crimen organizado se han atomizado en pequeñas bandas de delincuentes que
asaltan, extorsionan y venden protección. Frente a ello, las policías carecen
de capacitación, recursos y disciplina. Una de las causas que han encontrado los
expertos estaba en el modelo de control político del viejo PRI sobre los
delincuentes, en tasas promedio anuales del PIB de 6 por ciento durante el
periodo 1934-1982. Coincidió que en 1982 llegó al poder una clase dirigente
tecnocrática que rompió los mecanismos de control, abatió el bienestar con una
tasa promedio anual del PIB de 2.2 por ciento de 1983 a la fecha y creó una
masa de 80 por ciento de mexicanos con una a cinco carencias sociales. Y sin
control político, los criminales no sólo se multiplicaron, sino que tuvieron
poder económico para comprar policías, funcionarios y políticos. El nuevo gobierno de López Obrador va a ser
medido por el tema de la inseguridad, no por los recortes de salarios o por la
lucha contra la corrupción. Los mexicanos están a la espera de un programa de
seguridad efectivo que dé resultados en lo inmediato. Sin embargo, hasta ahora
López Obrador ha enfocado el tema desde la perspectiva de las víctimas, quiere
una ley de amnistía que libere a delincuentes y busca que las víctimas perdonen
a sus victimarios. Nada hay, hasta ahora, del marco jurídico contra la
delincuencia, de la capacitación inmediata de policías y de un Gabinete de
seguridad que ofrezca una relación coherente en la dinámica
diagnóstico-resultados. La comunidad internacional necesita
intensificar las presiones sobre México para lograr estrategias de seguridad
con resultados inmediatos. Si en Europa, Estados Unidos y Centroamérica el
problema es la migración en masa, en México los temas centrales son la
seguridad ciudadana, la violencia a la vuelta de la esquina y el fracaso del
Estado ante las bandas criminales. La seguridad ciudadana no se reduce a los
cuerpos de seguridad, sino que tiene más dependencia del desarrollo y el
bienestar López Obrador tendrá sólo un margen de
credibilidad en el corto plazo: una estrategia de seguridad ciudadana con
efectos inmediatos o la crisis de expectativas derrumbará su base electoral de
53 por ciento de votos. indicadorpoliticomx@gmail.com
@carlosramirezh