LUNES POLÍTICO

Lunes 24 de Septiembre de 2018 8:05 am

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Legislatura histórica

 

LA resolución del pasado miércoles de la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), modificó la asignación de diputaciones de representación proporcional y, por tanto, la integración de la próxima Legislatura local.

Al retirar las diputaciones asignadas al PVEM y a Nueva Alianza para otorgar una más al PRI y otra al PAN, la 59ª Legislatura del Congreso del Estado quedará conformada por siete diputados de Morena, cinco del PT, cuatro del PES, cuatro del PRI, tres del PAN, uno del PRD y una de Movimiento Ciudadano.

Así es como están las cosas al día de hoy, a reserva de lo que pueda resolver la Sala Superior del STJE a la que ya anunciaron que recurrirán tanto el Verde como Nueva Alianza, al no estar de acuerdo con lo que sucedió en la Sala Regional.

Será una Cámara de Diputados histórica por lo inédito de su conformación, donde por primera vez la mayoría será de un partido de izquierda, Morena, junto con sus aliados del PT y PES (éste es, paradójicamente, de ultraderecha), suman 16 tribunos. Habrá que ver si usan esa mayoría de forma diferente a lo que siempre le criticaron al PRI, cuando aplicaban el mayoriteo y el avasallamiento, en cambio, como ofrecieron en campaña, ellos actuarán de forma responsable y dando muestra de ser auténticos demócratas.

Será también fundamental la relación que tendrá el Legislativo con los otros dos Poderes, particularmente con el Ejecutivo. Lo deseable y sano para la entidad es que se conduzcan de manera institucional, con respeto, principalmente colaborando para fomentar y contribuir al desarrollo del estado.

El proceso electoral está por concluir y es tiempo de que todos los que ocupan un cargo de elección tengan un mismo propósito: que a Colima le vaya bien.

De entrada, los integrantes de ese bloque de izquierda que dominará el Congreso local han anunciado desde hace varias semanas que se están capacitando para llegar lo mejor preparados posible a la Legislatura.

Si bien hay algunos que ya tienen experiencia legislativa, otros no cuentan con conocimientos sobre cuál es la función de un Diputado y es conveniente que busquen asesoría para que les expliquen cuanto se pueda del proceso legislativo y los alcances de la función que ejercerán a partir del 1 de octubre.

Será interesante también observar la postura del PRI como minoría, que si bien ya lo fue al inicio de la actual Legislatura, poco después de un año retomó el control por los conflictos internos del PAN que lo llevaron a fragmentarse y por la creación del bloque independiente que encabeza Nicolás Contreras Cortés.

También el blanquiazul será minoría, con dos o tres diputados, dependiendo del resolutivo de la Sala Superior del Tribunal federal.

Es deseable que en ambos casos prevalezca la cordura y el propósito de hacer bien las cosas. Por el lado de la mayoría, no deben dejarse llevar por los ánimos de revanchismo y tratar de cobrarle al tricolor los mayoriteos que a lo largo de la historia lo distinguieron.

Por el otro lado, PRI y PAN deben asumir una postura de oposición responsable, donde colaboren en lo que coincidan y no se dediquen solamente a criticar los yerros del adversario y buscar la forma de bloquear sus iniciativas.

Ciertamente debe haber diálogo y discusión de los temas que interesan a la sociedad y darse desde la perspectiva de sus diferentes ideologías, pero eso no debe frenar la aprobación de iniciativas en beneficio de los colimenses.

Por otra parte, hasta el momento, con la determinación de la Sala Regional Toluca, se frenó de golpe la supuesta intención de algunos partidos políticos de tener a mujeres en las curules, para que después soliciten licencia y dejen su lugar a hombres.

Al menos eso es lo que se decía que harían en el PVEM, donde Martha Meza Oregón dejaría su lugar a Nabor Ochoa López, igual que en Nueva Alianza, donde Rosalba Farías Larios se sacrificaría, para que al Congreso llegara Francisco Javier Pinto Torres.

Mucho se ha criticado esa mala práctica de algunos partidos políticos, desde la aparición de las famosas Juanitas con el PRD de la época de Andrés Manuel López Obrador, hasta lo ocurrido este año en Chiapas durante el mandato de Manuel Velasco Coello, con las pretendidas Manuelitas, que fueron paradas en seco por los órganos electorales nacional y local.

 

Secretarios omisos

 

DESDE el 15 de agosto pasado, es decir, desde hace un mes y 9 días, el alcalde de Colima, Héctor Insúa García, ha mostrado su peor rostro, el de absoluta incapacidad, completa mediocridad y gran desprecio por la población capitalina, a la que niega la prestación eficiente del servicio de recolección de basura.

Al paso de todo este tiempo, la ciudad de Colima se ha convertido en un gran basurero, debido a que la comuna dice que no puede regularizar el servicio de limpia porque no tiene dinero para arreglar los camiones recolectores que están descompuestos, situación que hizo crisis cuando los trabajadores de sanidad se fueron a paro técnico, pues, con toda razón, se negaron a trasladarse en unidades con fallas mecánicas que ponían en riesgo su integridad física.

A través de su dirigente sindical, Héctor Arturo León Alam, los burócratas determinaron que ya no podían seguir trabajando en camiones sin luces o sin frenos, dado que la Dirección de Servicios Públicos Municipales llegó al extremo de no dar mantenimiento a los vehículos.

De 16 camiones recolectores de basura, que hacen el mismo número de rutas y recogen en promedio 10 toneladas de desechos en cada uno de los tres turnos, 11 estaban en condiciones mecánicas deplorables, riesgosas para los operadores y los encargados de recoger los desperdicios. “¿Qué van a hacer los trabajadores si nada más hay cinco camiones para tres turnos, y en algunos casos en malas condiciones?”, preguntó en aquel primer paro de labores el líder sindical.

El mismo 15 de agosto, el director de Servicios Públicos de la comuna capitalina, Ignacio Vaquero Díaz, dijo que a partir del siguiente día el problema quedaría resuelto, lo cual no sucedió. Por lo contrario, cada día se agudiza más.

Pretextó el funcionario que la causa de esta crisis es que las unidades tienen ya 18 años de uso, todas trabajando los tres turnos, “cuando un camión debería trabajar 8 ó 12 horas y descansar el camión cuando menos 4 ó 5 horas, para que salga a trabajar”. Si ya tenían el diagnóstico y la solución, ¿por qué no siguieron los pasos correctos para evitar la crisis actual?

Héctor Insúa minimizó el problema, aun cuando por 2 días, 20 y 21 de agosto, el servicio dejó de prestarse de manera general, con los consecuentes problemas ambientales y de riesgos para la salud de los capitalinos. Como no sabe responsabilizarse de sus errores, el edil acusó “sabotaje” por parte de los trabajadores sindicalizados del área de Limpia y Sanidad, lo cual fue condenado por el asesor legal del Sindicato Unión y Armonía de la comuna, Javier Isáis Mayoral, otrora incondicional de Insúa.

A estas alturas, la falta de recolección de basura se ha tornado en problema serio para los habitantes de distintas colonias de la capital, pero especialmente para el alumnado de escuelas públicas, pues como lo ha demostrado Diario de Colima con la publicación de fotografías y testimonios en los días recientes, hay planteles donde los montones de bolsas de desperdicios permanecen hasta 3 ó 4 semanas, convirtiéndose en un foco de contaminación y de riesgo para la salud de los escolapios.

Pese a ello, reina la indiferencia de las autoridades educativas, que no dicen ni hacen nada para proteger a los alumnos de las escuelas afectadas. Igual o peor están las autoridades de la Secretaría de Salud, que no han intervenido en este asunto, excepto con el llamado que hicieron para que la comuna fuera a recoger los desperdicios que se habían acumulado afuera del Instituto Estatal de Cancerología, lo cual fue correcto, pero, ¿y la salud del resto de la gente no importa?

Los secretarios de Educación, Jaime Flores Merlo, y de Salud, Miguel Becerra Hernández, por omisión, son corresponsables de las consecuencias que pueda propiciar la acumulación de basura en las escuelas públicas.

Becerra Hernández, además, tendrá que responder por los problemas y las consecuencias que por esta causa surjan entre habitantes de colonias de la capital que no están recibiendo el servicio de recolección de basura.

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez debe de ordenarles a ambos secretarios del Gobierno del Estado, sobre todo al de Salud, que afuera de sus oficinas hay un problema sanitario que atender.

 

Movilidad, ineficiencia

 

A punto de un enfrentamiento físico violento estuvieron taxistas y mototaxistas de Coquimatlán, la semana pasada. La Secretaría de Movilidad del Gobierno del Estado se jactó de evitar la confrontación, que no pasó de lo verbal. En realidad, la dependencia estatal debiera avergonzarse de su ineficiencia, factor que propició la aparición y permanencia de los ilegales mototaxis.

En lugar de intervenir entre dos bandos en disputa, Movilidad debió evitar a tiempo la aparición de los mototaxis ilegales, que afectan el mercado de trabajo de los taxistas regulares, que además de cumplir requisitos de ley, pagan contribuciones y están registrados en un padrón.

En cambio, los mototaxistas siguieron el ejemplo de sus pares de Cuauhtémoc, donde el alcalde Rafael Mendoza los propició y protegió a pesar de violar leyes y reglamentos. Ya se sabe que Mendoza Godínez está lejos de ser respetuoso de las normas legales.

¿Qué tienen en común los mototaxis de ambos municipios? Que están auspiciados por ediles panistas y que detrás de ellos se encuentra el diputado federal plurinominal Jorge Luis Preciado, a cuyas instancias (se desconoce si tiene interés personal en esta modalidad de transporte ilegal) se animaron los alcaldes a permitir la circulación.

Movilidad, en cambio, ha quedado en mero espectador. Lo mismo cuando surgió el problema con Gisela Méndez, como hasta la semana anterior con Belisario Arrayales que renunció el sábado reciente; una pecaba de iniciativas sin ton ni son e impulsos personales y el otro era omiso con todo. Sendos funcionarios demostraron ineficiencia.

¿Realmente han sido los funcionarios de Movilidad los responsables únicos de la anarquía que prevalece en el transporte colectivo? Parece que no.

Otro rubro en que se manifiesta la lasitud de Movilidad es en el caso de los taxistas de empresas particulares. Aunque según la Ley de Movilidad se permiten 80 en el estado, conforme a la versión de los choferes de autos de alquiler tradicionales, hay más de 400 automóviles de plataforma telefónica dando ese servicio fuera de norma.

Ahí tampoco Movilidad ha intervenido. Se mantiene en el simple papel de observador de los acontecimientos y no de regulador y garante de que la ley se aplique y se respete. Y tampoco ha tenido energía para obligar a los concesionarios de taxis tradicionales a mejorar el servicio; ni siquiera a que no lo interrumpan entre las 2 y las 3 de la tarde, cuando los permisionarios cambian de turno y dejan a cientos o miles de usuarios sin servicio. Es comprensible, en ese caso, que proliferen los de plataforma, del modelo Uber, pues están disponibles siempre, salvo en caso de saturación por exceso de demanda.

En materia de movilidad y transporte, en el servicio concesionado, cada quien hace lo que le viene en gana, lo que conviene a sus intereses y en último término quedan los usuarios.

Otros que prometieron mejorar son los concesionarios del servicio de pasaje en camiones urbanos. Es verdad que sí ha habido alguna mejoría, que algunos transportistas se han esforzado en adquirir vehículos nuevos y otros más por reparar los que circulan. Eso, a cambio de elevarse la tarifa. Y más se debe a la voluntad e interés de los concesionarios que a la intervención de Movilidad. Todavía faltan muchos transportistas por actualizar sus unidades, agilizar las rutas acortándolas y ampliar el servicio en la noche en zonas de demanda estudiantil o de acceso a Cancerología.

A los dos secretarios de Movilidad de este sexenio les ha faltado capacidad ejecutiva, pero también quién les exija resultados y que actúen de inmediato ante los problemas que emergen, para evitar que los problemas crezcan y se conviertan en asuntos sin solución o a los que se les tenga que transformar en legales partiendo de que son situaciones de hecho, no de derecho, como el caso de los mototaxis o los taxis de plataforma. Méndez y Arrayales tenían conocimientos y experiencia en movilidad, pero fallaron en sus cargos.

Su lugar lo ocupa, en condición de encargado de Despacho, Manuel Ahumada de la Madrid. Abogado de profesión, trabajador y honesto, se espera que se capacite sumariamente en el tema de movilidad y se adapte a la Secretaría de Movilidad lo más pronto posible para sacar adelante una dependencia que no acaba de funcionar como debiera.

Debiera haber, desde la cabeza de gobierno, la directriz de atender cada caso del área en cuanto brota y atajarlo de inmediato cuando está fuera de la ley. Sin embargo, ha prevalecido la permisividad y faltado energía a las acciones de gobierno. Así, en vez de remediar los problemas, se les ha alentado. Esperemos que cambie.

 

Inseguridad en escuelas

 

EN la entidad, en los últimos meses se ha registrado un incremento en la delincuencia, que la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado están dando los resultados que espera la población.

Es cierto que hay una disminución en los homicidios dolosos, como lo reportó el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, sin embargo, hay un repunte en los delitos patrimoniales, principalmente en robos a casas, negocios, escuelas, de vehículos, así como asaltos con violencia a comercios y transeúntes.

Con el apoyo del Gobierno Federal se han logrado disminuir los homicidios dolosos. Durante julio se registraron 44 víctimas, mientras que en junio se habían reportado 61.

Los delitos patrimoniales han repuntado y las policías estatales y municipales no han logrado reaccionar para poner freno a los delincuentes. Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública refieren que en julio se cometieron 783 robos en diversas modalidades, mientras que en junio fueron 704.

Durante julio se cometieron 221 robos a casa habitación, la cifra más alta en lo que va del año, con un aumento considerable respecto a junio, cuando sumaron 187 hurtos.

Colima se encuentra en el primer lugar en la tasa nacional de robo a casa habitación, con 174.28 delitos por cada 100 mil habitantes; en segundo lugar está Baja California Sur, con 164.98. El robo a negocio también aumentó, al pasar de 76 en junio, a 98 en julio, de los cuales, nueve fueron con violencia y 89 sin violencia.

Desde el año pasado se han cometido varios robos a escuelas públicas y privadas del estado, principalmente de los niveles de preescolar, primaria y secundaria.

En los atracos a escuelas, los hampones se llevan costosos equipos de cómputo, proyectores, anaqueles, dinero en efectivo y todo lo que pueden, por lo que afectan al plantel, a los profesores, alumnos y padres.

Julio Magaña Cervantes, presidente de la Asociación Estatal de Padres de Familia, manifestó la semana pasada que por la inseguridad y robos cometidos al interior de varios planteles escolares, paterfamilias han tenido que cooperar para pagar a un vigilante con el fin de inhibir los atracos.

Comentó que el gobierno estatal y en particular las autoridades educativas, no cuentan con el dinero suficiente para dotar a los planteles de vigilantes y sistemas de seguridad.

Manifestó que ante esta problemática se hace lo que se puede con lo que se tiene, y algunos padres han acordado pagar a una persona como vigilante, pero esas son decisiones de acuerdo a lo que los papás proponen y los recursos que ellos pueden aportar, “porque tampoco estamos obligados a ir más allá del alcance de lo que los papás puedan y deseen aportar”, dijo.

Magaña Cervantes refiere que la Asociación a su cargo no tiene el dato exacto de las escuelas que han sido asaltadas, pero se ha enterado de atracos que denuncian los propios directivos, maestros y padres.

En abril del año pasado, los ladrones robaron en la escuela Francisco Villa, que se ubica en la zona de Nuevo Miramar, de donde se llevaron equipos de cómputo, además de causar daños a las puertas.

En mayo del año pasado, hurtaron en la escuela particular California, ubicada en el número 100 de la Calzada Galván, en esta capital, de donde se llevaron dinero en efectivo.

Mientras en julio de ese año robaron aparatos electrónicos y computadoras de otro plantel privado, el centro universitario Octavio Paz, con domicilio en el centro de la ciudad.

En enero de este año atracaron la escuela de educación especial Helen Keller, de Manzanillo, y un mes después volvieron a robar el mismo plantel.

Por la situación económica, muchos padres de familia no cuentan con recursos para aportar para el pago de vigilantes privados en las escuelas de sus hijos, pues a duras penas tienen para los gastos diarios de la educación.

El Gobierno del Estado está obligado a brindar seguridad a las escuelas, pues es mucho el daño que les hacen los delincuentes al sustraer dinero, equipos de cómputo y electrónicos, indispensables para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

 

Ley de Pensiones

 

SE ha reformado la Constitución Política del estado para permitir, así, la reforma a la Ley de Pensiones, con base en una iniciativa del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez.

Esta iniciativa, por su parte, podría someterse a votación del Pleno esta misma semana, la última de la Legislatura en funciones, pues la nueva asume cargos el lunes 1 de octubre.

Una de las disposiciones de la nueva ley es la creación del Instituto Estatal de Pensiones, que sustituirá a la Dirección de Pensiones Civiles. También se canceló la facultad del Congreso del Estado de aprobar o rechazar las solicitudes de jubilación y pensión de empleados y funcionarios del Gobierno del Estado, los Ayuntamientos, el Poder Judicial y los propios del Poder Legislativo.

La crisis de las pensiones, que ha puesto en apuros financieros a los gobiernos, obligó a esta reforma a la Ley de Pensiones.

Si agregamos que ni el Gobierno del Estado ni los Ayuntamientos han aportado cuotas a la Dirección de Pensiones, aparte de que ésta se convirtió en caja chica de préstamos al personal, entonces se entiende la crisis.

Peralta Sánchez se ha arriesgado políticamente al intentar poner orden a las pensiones, que amenazaban con descapitalizar al gobierno en un futuro no lejano. Es decir, el Mandatario hizo el trabajo difícil y les allanó el camino a futuros gobernadores. Porque los efectos de la nueva Ley de Pensiones no los verá Nacho Peralta.

Lo destacable es que negoció y llegó a un acuerdo con la burocracia, o al menos con sus dirigentes. Se espera, por lo demás, que la nueva legislación respete los derechos legales que muchos trabajadores y funcionarios han adquirido por décadas de trabajo.

Por lo pronto, todo indica que esta semana la actual Legislatura aprobará la iniciativa.