LUNES POLÍTICO

Lunes 08 de Octubre de 2018 7:37 am

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Tratado comercial

 

LUEGO de meses de negociaciones, de amenazas por parte del presidente Donald Trump de no firmar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por fin la semana pasada se lograron los consensos entre los gobiernos de Estados Unidos, México y Canadá para rubricar dicho pacto.

Trump presionó todo este tiempo tanto a México como a Canadá con el cuento de que no firmaría si no se mejoraban las condiciones para su país. Obviamente la amenaza tenía como fondo sacar mayores ventajas para su país con el tratado comercial que ahora lleva por nombre Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA, por su sigla en inglés).

Sin embargo, el magnate no podía perder más tiempo, por ser una de sus banderas de cara a los comicios legislativos del próximo 6 de noviembre, cuando los estadounidenses votarán para renovar el Congreso. Jesús Seade Kuri, encargado de estas negociaciones por parte del equipo del presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, expresó que el nuevo acuerdo comercial “es un pacto bueno, aunque tiene cosas que nos van a doler”.

Explicó que entre los temas en los que México no tuvo resultados “ideales” está la propiedad intelectual o en textiles, “porque se endurece la regla de origen”.

No obstante, afirmó que el tratado llegó a buen puerto. “Hay cosas en las que das y hay cosas en las que ganas, y es un tratado que en balance, yo creo que es bueno para México, pero el que tiene que decidir eso es el Senado”.

La renegociación de este acuerdo correspondió al gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, en particular al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villareal, quien a pesar de las presiones de Estados Unidos, logró el consenso con las autoridades de ese país y de Canadá para signarlo próximamente.

A partir del 29 de noviembre se dará la firma y el documento final será rubricado por el presidente Enrique Peña Nieto, antes de terminar su sexenio.

A López Obrador le favoreció que la renegociación se diera con el actual gobierno, porque de esa forma no tuvo que enfrentarse a Trump. Sin embargo, dijo sentirse satisfecho por el acuerdo comercial, pues quedó a salvo la soberanía de la Nación, y no se comprometen el petróleo ni los recursos naturales.

El pasado viernes el tabasqueño afirmó haber jugado un rol decisivo en el acuerdo comercial, pues impidió que se comprometiera la soberanía energética de México. “Nosotros fuimos un factor importante para que se lograra esa renegociación”.

El Mandatario estadounidense no chantajeó a México ni condicionó la firma a la construcción del muro en la frontera norte, lo cual es importante.

Al iniciarse las negociaciones el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, dijo que sólo firmaría si se incluía a México en el acuerdo, postura que lo hizo ver bien en nuestro país. En cambio, la administración de Peña Nieto no fue recíproca y negoció de forma bilateral con el gobierno de EU. Ante ello, en la recta final, Trudeau ignoró a Peña Nieto y pidió a López Obrador convencer a Trump de un entendimiento en la renegociación del tratado.

En respuesta, el tabasqueño comisionó a Marcelo Ebrard, próximo titular de Relaciones Exteriores, para que hiciera una llamada al gobierno estadounidense y manifestar lo solicitado por Trudeau, obteniendo una respuesta positiva.

Enrique Peña señaló que con este nuevo acuerdo se promueve un comercio regional más responsable en los ámbitos laboral y ambiental; además de que impulsa la creación de más empleos y mejores salarios en beneficio de los trabajadores de los tres países.

Analistas de Actinver, empresa especialista en inversiones, señalan que la negociación de aranceles relativos a acero y aluminio se encuentra separada del resto de los temas que se aprobaron en el tratado actual.

Consideran que podría darse una negociación positiva en este otro frente, una vez que se logró el objetivo principal en el acuerdo general de libre comercio. Ven una alta probabilidad de que la Regla 232 de acero no se aplique a México y Canadá.

Afirman que “esto tendría un efecto mixto en las empresas del sector, al eliminar los aranceles aplicables de 25 por ciento al día de hoy para sus productos de exportación, pero probablemente también disminuir los precios estadounidenses de referencia de este metal”.

Con este acuerdo, los tres países saldrán beneficiados, pues podrán vender sus productos y servicios a mejores precios, lo que se traduce en generar empleo y desarrollo económico en la región.

 

Abuso de CFE

 

AUNQUE presume ella misma de ser “empresa de clase mundial”, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se ha convertido en un freno a las actividades productivas del país, motivo de enojo de los consumidores domésticos, y fuente de contaminación.

Convertida por la reforma energética en empresa del Estado, para el caso es lo mismo, marcha sin ton ni son. El nivel de descuido administrativo de la CFE se muestra en que la dirigió un ignorante de la producción de energía como fue Enrique Ochoa Reza, quien también demostró ser ineficiente en política cuando presidió el PRI durante la campaña electoral presidencial, al grado de que tuvo que ser relevado de emergencia, cuando ya todo estaba perdido para el tricolor.

En lugar de bajar el precio de la electricidad tras la reforma, como prometió el presidente Enrique Peña Nieto, de mejorar sus sistemas de producción y aprovechar el presunto ahorro de energía por el horario de verano, la CFE es hoy un lastre para los consumidores, que se quejan de los constantes aumentos de precio de la energía eléctrica que se marcan en los recibos mensuales o bimestrales, según sea el caso, y de la imposibilidad de ganar un litigio a la empresa. Y cuando eventualmente eso ocurre, en vez de devolver el dinero, se cobra a lo chino y aduce que “lo abonará al siguiente recibo”. ¿Más desfachatez y soberbia burocrática?

Se volvió más dañina la CFE cuando decidió cargar la mano a las empresas al elevar desproporcionadamente las tarifas comerciales. Para eso contó con la complicidad de otro organismo burocrático creado por la reforma energética: la Comisión Reguladora de Energía, que fija los precios, en este caso, a petición de la CFE.

El impacto en la economía de las empresas productivas ha sido brutal. Si los problemas de contracción del mercado han metido a los negocios en vericuetos financieros de los que es difícil salir, el aumento al precio de la electricidad de manera tan desproporcionada, los agravó y puso en riesgo de quiebra a muchos de ellos. Por supuesto, se generó inconformidad y protestas, porque ni siquiera hay una causa justificada para los aumentos.

Empresarios restauranteros de Manzanillo, primero, a los que posteriormente se unieron los hoteleros y restauranteros de Colima, protestaron por el alza de precio de la energía eléctrica y determinaron los jueves para repudiarla colectivamente apagando las luces en sus establecimientos esos días, de 7 a 9 de la noche. Iluminarán a sus clientes con velas encendidas.

Se unió a la protesta la Canacintra, pues a las industrias también les afecta sobremanera el aumento a las tarifas. El movimiento es nacional. Es probable que se les agreguen otros sectores de la producción que obviamente son afectados.

Lo más absurdo de la CFE es que no hay un motivo para el alza. Algunos empresarios consideran que se trata de un movimiento político, pues evitan subir –aducen– las tarifas domésticas elevando las comerciales e industriales. Sucede, sin embargo, que en el precio del suministro doméstico también ocurre y cada recibo es más alto que el anterior.

El alza a la electricidad impacta a la producción industrial y, por tanto, a los precios generales. Para las empresas en las que la electricidad es un insumo fundamental, será imperativo subir precios de sus mercancías, para no ir a la quiebra. Si eso sucede, corren el riesgo de disminuir ventas. Un círculo vicioso que lleva a la recesión o la agudiza.

Proceden acertadamente los empresarios al protestar contra el alza del insumo. Debieran sumar a su causa a los consumidores domésticos y demandar a los legisladores federales que intervengan para obligar a la Comisión Reguladora de Energía a bajar las tarifas y llamar a cuentas a la CFE. Por ahora, el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez dijo que intervendría como gestor ante la autoridad federal para exponer el caso.

Los legisladores de Colima, además de sumarse a los empresarios y consumidores domésticos y exhortar al Gobierno Federal, como lo hicieron, a bajar las tarifas, deben abordar el problema de la contaminación que genera la planta termoeléctrica de Campos. El gas natural que se dijo que utilizaría, lo usó un lapso breve. Ha vuelto al combustóleo. El daño que inflige a Manzanillo, a su población y al turismo, no es compensado de ninguna manera. Encima, se pagan tarifas elevadas e injustas.

La CFE debe ser llamada a cuentas y ponerle freno a sus abusos.

 

Crédito legal

 

EL Gobierno del Estado obtuvo la aprobación de la 58ª Legislatura local para la adquisición de un crédito de 410 millones de pesos para invertir en materia de seguridad, terminar de pagar el terreno de la 20ª Zona Militar y ejecutar obras de infraestructura en materia de salud, por lo que tal empréstito es legal, necesario e irrevocable.

Por eso resulta ocioso que en un afán protagónico, el diputado local del Partido del Trabajo (PT), Carlos César Farías Ramos, presentara un exhorto, aprobado por mayoría en el Congreso, para que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez no ejerza dicha línea de crédito, con el argumento de que el empréstito no se puso a consideración de la población colimense.

De entrada, hay que señalar que ese exhorto está viciado de origen cuando es de un Legislador cuya credibilidad está por los suelos, debido a su cercanía (ex consuegro) con el ex gobernador Mario Anguiano Moreno, de tal suerte que responde a sus intereses.

Como al final de la anterior Legislatura se aprobó la inhabilitación por 14 años y una sanción económica por 515 millones 174 mil 928 pesos al ex Mandatario estatal, su reacción, a través de incondicionales como Farías Ramos, será mantener un constante golpeteo al gobierno de Peralta Sánchez.

Una decisión tan importante como invertir para dar mejores resultados en materia de seguridad y salud, no tiene por qué consultarse. Si la principal demanda de la ciudadanía es que se combata la inseguridad, es absurdo pensar que se opondrán a una inversión encaminada a ello.

Ésa, como muchas otras acciones, debe hacerse. Es responsabilidad y obligación del titular del Ejecutivo, que no tiene porqué perder el tiempo en consultas ciudadanas. Tiene que actuar y entre más pronto, mejor.

Qué cómodo sería someter todas las decisiones del gobierno a sondeos, evadir la responsabilidad que el pueblo le confirió y proceder en todo con base en lo que le digan, por si algo sale mal, tendría la justificación de que se hizo a petición de las mayorías.

Los diputados del bloque de izquierda muestran desconocimiento de las leyes y procedimientos en el Congreso del Estado, pues si la anterior Legislatura aprobó legalmente esa línea de crédito, es irrevocable. Además, un exhorto es como las llamadas a misa, va quien quiere, carece de carácter legal.

Es correcto que los diputados soliciten que el proceso se transparente, como puede suceder en este caso mediante la comparecencia de secretarios indicados y del propio Mandatario estatal, quien ya aceptó explicarles a los legisladores el crédito.

La rendición de cuentas es algo que exige la sociedad y si existen dudas sobre la empresa Seguritech Integral Security, que sería la encargada de la construcción del C5i, que Peralta Sánchez y sus funcionarios las aclaren.

Es importante que se investigue y quede fuera de duda la honorabilidad de ésa o cualquier otra empresa que se vaya a involucrar en proyectos que se financiarán con esos 410 millones de pesos.

Por eso fue acertada la postura del coordinador de la fracción parlamentaria del PRI, Rogelio Rueda Sánchez, quien estuvo de acuerdo en que se cite al Gobernador, pero que antes sus funcionarios expliquen a los legisladores la viabilidad de los proyectos y los beneficios que se obtendrán con el crédito.

Pero de ahí a pedir que se cancele porque no se le pidió su opinión a la gente, hay un abismo de diferencia, por lo que es una treta política, una postura de confrontación que en nada contribuye al desarrollo del estado.

Mucho cuidado deben tener los diputados que forman la mayoría parlamentaria si se niegan a todo sin analizar ni pensar en lo que la misma población demanda. Si están en el Congreso es para aprobar las propuestas positivas del Ejecutivo o para bloquear las negativas, si las hubiere.

La solicitud de la línea de crédito estuvo apegada a la legalidad y responde a la máxima demanda ciudadana. Negarse a invertir para mejorar la seguridad y la salud de los colimenses es absurdo.

Además, si el Gobierno del Estado está en condiciones de pedir un crédito de esa magnitud, es porque ha mejorado su calificación crediticia ante las compañías que se dedican a esas mediciones.

El orden que puso Peralta Sánchez en sus primeros 3 años de gobierno, tras recibir un desastre financiero de las dos anteriores administraciones, ha logrado que empresas como Fitch Rating o Standard & Poor’s eleven sus calificaciones crediticias para el gobierno estatal, lo cual es bueno para Colima.

 

Sumar esfuerzos

 

HASTA que se cumplieron los 60 días hábiles que fijó de plazo el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez para que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) respondiera a su solicitud de decretar la nulidad o revocación del título de concesión, con sus respectivas prórrogas, de la caseta de cobro de Cuyutlán, debido a la ilegalidad de su permanencia, la dependencia federal contestó en sentido negativo, por lo que el caso lo abordará el Mandatario estatal con el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, en su próxima visita a la entidad, el 15 de los corrientes.

Al mismo tiempo, el titular del Ejecutivo estatal anunció que se está analizando la respuesta de la SCT para fijar postura. Adelantó, sin embargo, que se pedirá a las próximas autoridades de la SCT que aclaren el fundamento jurídico y los asuntos financieros relacionados con la operación de la caseta de peaje en la entidad, pues en ellos, tanto diputados de la anterior Legislatura local como especialistas en Derecho del gobierno estatal, detectaron ilegalidades.

La historia comenzó desde el periodo presidencial de Carlos Salinas de Gortari, cuando se autorizó la concesión de autopistas a particulares, incluido el tramo carretero Armería-Manzanillo. Siguió con Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y el actual, Enrique Peña. Es decir, el entramado de complicidades que dan origen a posteriores ampliaciones de la concesión que el Gobierno del Estado ha documentado que son irregulares en el caso de Colima, involucra a gobiernos federales del PRI y del PAN.

Por eso es importante que el Congreso del Estado le entre al tema, pero no únicamente sumándose al Gobernador en la petición a López Obrador, sino también, y muy importante, le dé seguimiento a la solicitud expresa que hizo la Legislatura que acaba de concluir, para que la Auditoría Superior de la Federación revise el expediente completo de la concesión de la caseta de Cuyutlán, desde el primer contrato y las consecuentes ampliaciones, a efecto de que deslinden responsabilidades y castigue a posibles responsables de lo que legal y financieramente se hizo mal en esta concesión carretera.

Por lo añejo del tema, prácticamente cada que inicia una Legislatura federal o local, hay representantes populares que anuncian que van a pugnar por resolver el problema, pero la mayoría nada hacen o si llegaron a gestionar algo no lo lograron.

Desde la administración estatal anterior que encabezó Mario Anguiano Moreno, se dio a conocer que la última ampliación de la concesión de la caseta de cobro fue acordada por autoridades de la SCT con empresarios que invirtieron y tuvieron pérdidas en la construcción de una carretera en Tlaxcala, lo cual es injusto y no debiera permitirlo la ley en la materia, puesto que el beneficio no es para los colimenses, pero sí el perjuicio de estar pagando uno de los peajes más caros del país.

Independientemente del respaldo político que el gobernador Ignacio Peralta pueda obtener de Andrés Manuel, debe recurrir a tribunales, máxime si tiene como soporte un completo análisis jurídico y financiero que demuestra las irregularidades cometidas desde las primeras prórrogas que la SCT autorizó al contrato de concesión inicial.

Será importante que en todo este proceso político y legal para no quitar el dedo del renglón sino, por lo contrario, exigir con más rigor que la caseta de cobro de Cuyutlán sea retirada, acompañen al Mandatario estatal los diputados federales y senadores por Colima, indistintamente de su filiación partidista, pues esa garita que ocasiona problemas de tipo económico y social, afecta a todos los habitantes del estado, no únicamente a quienes viven en Armería y Manzanillo.

De parte del Congreso del Estado tiene que haber más apertura y disposición al diálogo y los consensos con el Gobierno del Estado, porque el caso amerita la suma de esfuerzos, no la división de ir cada quien por su lado en la búsqueda del mismo fin: lograr que se retire la concesión del tramo carretero Armería-Manzanillo y se cancele la caseta de peaje.