LUNES POLÍTICO

Lunes 15 de Octubre de 2018 7:55 am

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Cuyutlán, la caseta

 

LA caseta de peaje de Cuyutlán, en la autopista de Colima a Manzanillo, se ha convertido en el símbolo de una injusticia, de un prolongado abuso con base en un contrato que no debiera existir, el Fideicomiso 358 de Banobras, auspiciado y avalado por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

La ampliación de la concesión a octubre de 2017, cuando fenecía en 2007, primero, y la nueva extensión por 30 años más, hasta 2047, a la empresa Promotora y Operadora de Infraestructura (Pinfra), que al principio fue Constructora General del Norte, S.A. y después Tribasa (Trituradora de Basálticos, S.A.), es el colmo de las turbiedades.

Con el pretexto de que Banobras necesitaba recuperar los remanentes de la anterior concesión, la SCT le otorgó los nuevos Títulos de Concesión en diciembre de 2010, que se concretó en 2011, y entonces se amplió a 30 años más a partir de que se venciera la de 2017. El concesionario en la actualidad es Pinfra.

Todo eso está contenido en el Fideicomiso 358, que fue creado en 1986, bajo la presidencia de Miguel de la Madrid Hurtado, para rescatar a constructoras endeudadas y en riesgo de bancarrota. A cambio, esas empresas –entre ellas la desaparecida Constructora General del Norte, S.A., de la que Tribasa era originalmente una rama– harían obras públicas, como fue el caso de la terminación de la autopista de Guadalajara a Manzanillo, que ya tenía muy avanzada el propio Gobierno Federal en 1987, con inversión del propio presupuesto gubernamental.

Constructora General del Norte, S.A. y luego convertida en Tribasa tienen una historia turbulenta, pues se le ha ligado a políticos como Carlos y Raúl Salinas de Gortari y Carlos Hank González, aunque su propietario más destacado, David Peñaloza Sandoval, siempre lo negó y dijo que ha tratado a esos y otros políticos por circunstancias de su trabajo empresarial.

El Fideicomiso 358 desaparecería en cuanto las empresas liquidaran la deuda con Banobras, que les otorgó créditos para construir las obras. Titular de la concesión, que le dio a su vez la SCT, la cedió a las constructoras para que operaran y explotaran la vía y de ahí abonaran al empréstito.

El esquema parecía correcto hasta que con el pretexto de la crisis financiera ocurrida en el sexenio de Miguel de la Madrid, apareció la idea de prolongar el negocio y convertirlo en permanente, como lo aprovecharon los presidentes posteriores desde Carlos Salinas de Gortari hasta Enrique Peña Nieto, pasando por Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. En el gobierno de este último se dio la prolongación del Título de Concesión hasta 2047 a Pinfra.

En la primera etapa del Fideicomiso, operaban dos casetas en territorio de Colima, la del puente de Armería y la del puente de Tepalcates (sic), según datos aportados por la Auditoría Superior de la Federación en fiscalización practicada en 2015 a una parte del Fideicomiso, como análisis de Cuenta Pública correspondiente a 2014. Después quedó sólo la que se construyó en Cuyutlán, la más cara del país, concesionada a Pinfra.

La obra de construcción de la autopista ya está pagada desde mucho tiempo atrás, pero se sigue cobrando a los usuarios. Es un abuso. La concesión del tramo Armería-Manzanillo la mantiene Pinfra y lo será por 29 años más, si no se revoca.

Eso es lo que pagamos los colimenses y otros usuarios en la caseta de Cuyutlán, escenario de protestas y enfrentamientos con mayor o menor violencia, según la circunstancia.

Pinfra es una empresa que mantiene en el país 28 concesiones de autopistas de peaje. Cobra a cambio de dar mantenimiento y operar la vía. También construye puertos, aeropuertos, presas, autopistas y otras obras de infraestructura, pero no es su línea principal. Entre las concesiones, cuenta las de San Martín Texmelucan-Tlaxcala, Tlaxcala-Xoxtla y Tlaxcala-San Martín Texmelucan, según informa la página oficial de Pinfra.

Una de estas autopistas al menos habría resultado un mal negocio para la empresa, de modo que la SCT, por medio de Banobras, le compensó las pérdidas ampliándole en 30 años la concesión del tramo Armería-Manzanillo, de modo que los colimenses y los usuarios foráneos de la autopista, pagaremos las malas cuentas de Pinfra en Tlaxcala.

Esa es una de las razones de las protestas sociales y de que el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez haya solicitado a la SCT la cancelación de la caseta de peaje de Cuyutlán. La SCT le negó la solicitud. El viernes, el Mandatario anunció que se procederá jurídicamente para que en tribunales se dirima el caso.

Hoy, Peralta Sánchez recibirá al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Dialogarán asuntos de interés colectivo para Colima. Uno de los temas podría ser la caseta de Cuyutlán y la petición de que se cancele la concesión a Pinfra. Es recomendable que López Obrador atienda la petición popular y que ceda, cuando ya sea Presidente en funciones, la autopista a jurisdicción estatal.

Si esto último sucede, podría dejarse de cobrar peaje a los vehículos colimenses y sólo lo pagarían los automóviles con placas foráneas, y los transportes comerciales, sobre todo los tráileres de carga. Con ese dinero se daría mantenimiento a la autopista. Ojalá se dé esa solución u otra mejor.

 

Gira benéfica

 

COMO parte de la gira de agradecimiento que realiza por todo el país, el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, estará hoy en la capital colimense. Antes de encabezar un acto público en la Rotonda de los Colimenses Ilustres programado para las 5 de la tarde, se reunirá en privado con el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez, en Palacio de Gobierno.

Además, en la misma sede del gobierno estatal, se contempla una reunión plenaria con el Gabinete estatal, diputados locales, alcaldes, legisladores federales, cámaras empresariales y representantes de los sectores social y académico.

Colima es la entidad número 23 que visita López Obrador en este recorrido que se inició el 16 de septiembre en Nayarit. Se trata de una buena idea del próximo Mandatario federal, pues por una parte regresa para agradecer a la gente que votó por su candidatura y por los abanderados de Morena en la pasada contienda electoral del 1 de julio, pero también les da su lugar a los Gobernadores de cada entidad federativa y sostiene con ellos el primer acercamiento como Presidente electo.

Para los Mandatarios estatales es benéfico que quien dirigirá al país los próximos 6 años, a partir del 1 de diciembre, se entere de primera mano y antes de asumir el cargo, de los problemas particulares de cada entidad, pues seguramente Andrés Manuel canaliza a sus colaboradores de las áreas respectivas las prioridades de atención que cada Gobernador le comunica.

De ser ese el caso, es interesante la etapa previa al inicio del sexenio lopezobradorista, pues al llegar a la Presidencia tendrá un panorama más claro de cuáles son las necesidades primarias de los mexicanos en cada estado y, conforme a ello, su Gabinete tendrá los elementos para empezar a dar atención inmediata e incluso particularizada en algunos rubros.

Esta gira de agradecimiento también es rentable políticamente para López Obrador, quien cumple su palabra de regresar con la gente después de ganar la contienda, pero a la vez le sirve para reforzar su presencia ante la sociedad, porque el interés de escucharlo como Presidente electo ya no es exclusivo de quienes votaron por él, sino que ahora el público es más amplio.

Por lo que se ha observado en mítines que ha encabezado en otras entidades del país, su visita ayuda a unir a la gente, sobre todo después de un ríspido proceso electoral que confrontó a candidatos y a quienes simpatizaban con ellos.

Andrés Manuel está haciendo su recorrido en son de paz. Así llega hoy a Colima, por lo que se espera que en la Rotonda de los Colimenses Ilustres haga un llamado a la reconciliación social, a la unificación de la gente en torno a los gobiernos federal, estatal y municipales, como lo ha estado haciendo en cada ciudad que ha visitado en las semanas recientes.

Excepto el 1 de octubre, durante la instalación de la 59ª Legislatura local, cuando un militante de Morena dejó entrar al recinto legislativo a un grupo de manifestantes que por momentos alteraron el orden en la Sesión Solemne, en la entidad se ha registrado un comportamiento tranquilo y civilizado por parte de los nuevos representantes populares de la coalición Juntos Haremos Historia, lo cual es positivo para la convivencia democrática y el desarrollo del estado.

López Obrador sabe, y así lo demuestra, que dejó de ser oposición para convertirse en Gobierno, lo que conlleva un cambio de actitud y de discurso. Los diputados surgidos de Morena están obligados a entender esa premisa y hacer eco del ejemplo que pone el Presidente electo, que ha sido de franco rechazo a la confrontación y a la división.

Aun antes de asumir la máxima Magistratura federal, AMLO se ha echado a cuestas una ardua tarea de empezar a delinear, con meses de anticipación, lo que será su periodo sexenal. A la vez, recorre el país con el llamado a la reconciliación social y al trabajo unido con sus gobiernos, indistintamente del partido político al que cada cual pertenezca.

Por el bien de Colima, en esa ruta deben empezar a caminar las autoridades.

 

Mejorar la educación

 

EL Foro de Consulta Estatal Participativa “Educación para el Bienestar, Acuerdo Nacional sobre la Educación”, que se realizó la semana pasada en el Polideportivo de la Universidad de Colima, resultó exitoso, pues se cumplieron las expectativas de que los asistentes presentaran sus propuestas para mejorar la educación en el país.

Participaron mil 297 personas, entre maestros, administrativos, padres de familia y estudiantes, quienes registraron unas 600 ponencias.

Esteban Moctezuma Barragán, próximo secretario de Educación del Gobierno Federal, encabezó estos trabajos y manifestó que el foro fue un ejemplo a nivel nacional, por su participación y las propuestas para el nuevo modelo educativo.

También agradeció al rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández Nava, la organización del evento, que se realizó en un clima de trabajo seguro y ordenado.

Con estas consultas, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que entra en funciones el próximo 1 de diciembre, busca construir un acuerdo educativo que ayude a mejorar y fortalecer la enseñanza-aprendizaje. Moctezuma Barragán aseguró que se trata de “la gran oportunidad de México para hacer de la educación un derecho auténtico, no un privilegio”.

Sobre este encuentro, el rector de la UdeC, Eduardo Hernández Nava, expresó que en la elaboración del Acuerdo Nacional se necesita la participación de la sociedad “para encontrar ideas y propuestas que abonen a la posibilidad de una gran transformación educativa con equidad, calidad e inclusión”.

Antes de que se realizara este foro en Colima, se respiraba un ambiente de tensión por lo que había ocurrido apenas 3 días antes en Acapulco, donde hubo una gresca entre maestros del SNTE y de la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), quienes se dieron hasta con las sillas.

En el encuentro de Colima, Esteban Moctezuma confirmó que se cancelará la reforma educativa y se hará una nueva que realmente sea la plataforma para elevar el nivel de la educación en México.

Tiene razón al señalar que antes de dicha reforma, se emprendió una campaña de linchamiento contra los maestros, se les humilló, se cometieron errores que se tendrán que corregir.

Asegura que los profesores despedidos injustamente durante el actual régimen serán recontratados, y sostuvo que nunca más se harán reformas sin consultar al magisterio.

Definitivamente es bueno que el equipo de López Obrador realice estos foros de consulta abierta a la sociedad para llevar a cabo una reforma educativa de gran calado, que mejore sustancialmente la educación en México, en preescolar, primaria, secundaria, bachillerato y nivel superior.

Sin embargo, no se debe cancelar del todo la reforma actual, lo que sirva debe quedarse, por ejemplo, la evaluación de los maestros –en la que ellos mismos están de acuerdo–, eso sí, que se elimine el carácter punitivo y persecutorio.

Mario Delgado Carrillo, coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, en entrevista con el periodista Héctor Sánchez de la Madrid, en Diario de Colima, expresó que se dice mucho que con la reforma educativa el Estado recuperó la rectoría de la educación, “pero eso es falso, eso no estaba en ninguna ley, esos eran acuerdos políticos que tenía el gobierno con el Sindicato, en eso no estamos de acuerdo y no va a regresar”.

Aseguró que el Presidente electo ha dicho que respeta la autonomía del SNTE, por lo que adelantó que no se interferirá, pero tampoco se va a regresar a esos vicios del pasado que afectaron a la educación.

Lo dicho por Mario Delgado tiene congruencia, porque la semana pasada, Andrés Manuel se lanzó contra la CNTE al tacharla de estar conformada por falsos radicales. La retó a ser democrática con sus agremiados. “Si son democráticos, que le pregunten a los maestros qué quieren. Nada de que devuélvannos la nómina”.

Hay un claro rompimiento con la Coordinadora y una definición con el SNTE, pues Moctezuma Barragán afirmó que el gobierno de López Obrador no será apoyo ni obstáculo en el regreso de Elba Esther Gordillo al gremio magisterial.

La próxima administración federal deberá ser muy cuidadosa y no cometer los errores del pasado, de los acuerdos cupulares de gobiernos priistas y panistas con el SNTE que tanto daño le hicieron a la educación. Por lo contrario, tiene que cumplirle al país y hacer una nueva reforma que realmente eleve la calidad educativa y sea el motor del desarrollo de México.

 

Protección a alcaldes

 

MUY grave fue la incongruencia de los integrantes de la 58ª Legislatura local que a unos días de concluir su gestión aprobaron derogar el artículo 223 Bis 2 del Código Penal del Estado.

Ese artículo, que los mismos tribunos aprobaron el 31 de octubre de 2017, fue eliminado sin darle la difusión debida. Hay que señalar que el 223 Bis 2 del Código sancionaba a los funcionarios públicos que no entregaran las retenciones y aportaciones del dinero de los trabajadores.

Sirvió para que dirigentes sindicales denunciaran penalmente a los alcaldes de Colima, Héctor Insúa García; de Tecomán, Guadalupe García Negrete, y de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León.

Sin embargo, el 27 de septiembre pasado, en una de esas sesiones maratónicas donde desahogaron muchos asuntos, incluyeron la derogación, lo que representa un duro golpe a los trabajadores del gobierno y es un acto de complicidad con las tropelías cometidas por los alcaldes que violaron la ley.

El artículo 233 Bis 2 del Código Penal del Estado señalaba textualmente: “Al servidor público que descuente o retenga cuotas o aportaciones a los empleados de una entidad pública, y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de 4 a 8 años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente de 2 mil Unidades de Medida y Actualización.

“De 6 a 12 años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de 2 mil pero no de 4 mil Unidades de Medida y Actualización, y de 8 a 15 años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a 4 mil Unidades de Medida y Actualización”.

Las denuncias penales contra los tres alcaldes citados contenían ese desvío de millones de pesos de los trabajadores y, de aplicarse la ley, ese trío debería terminar en prisión, pero los anteriores diputados se encargaron de cubrirles las espaldas.

Con esa acción, no solamente dejan impunes los delitos de los tres ediles, panistas por cierto, sino también abierta la posibilidad de que futuras autoridades municipales sigan robando el dinero de los burócratas, sin ninguna consecuencia.

La iniciativa para derogar ese artículo fue presentada por el diputado panista, Alejandro García Rivera (ex yerno de Jorge Luis Preciado), quien argumentó que cuando se aprobó, no consideró las consecuencias posteriores de su entrada en vigor y pudiera provocar confusión en la resolución de los juzgadores y controversias dentro de la normatividad, adoptando delitos poco coherentes y racionales, dado la poca ligereza y claridad a la aplicación de la norma.

Con ese galimatías trató de justificar la protección que se les brinda directamente a los tres presidentes municipales que abusaron y tomaron dinero que no debían.

La Comisión de Estudios Legislativos del Congreso del Estado, responsable de elaborar el dictamen, señaló por su parte que en el delito de peculado y en el entonces vigente de desvíos de cuotas y aportaciones, existía similitud, lo que tampoco es exacto.

El delito de peculado, según el Código Penal en su sección segunda de Delitos contra la Sociedad, Título Primero, Capítulo V, artículo 131, dice: “Al servidor público que en provecho propio o ajeno disponga ilícitamente de dinero, valores, fincas o cualquier otro bien que hubiese recibido por razón de su función, en administración, depósito o cualquier otra causa, se le impondrán de 2 a 15 años de prisión”.

Como se observa, son muy distintos el peculado y las causales que marcaba el artículo derogado.

Y si los anteriores diputados se vieron mal, igual se vio el gobernador, José Ignacio Peralta Sánchez, al no vetar el decreto que da lugar a la derogación del artículo, pues al publicarla en el Periódico Oficial El Estado de Colima, el 2 de octubre pasado, se avala una acción atentatoria contra los derechos de los trabajadores y permite la impunidad a delincuentes de cuello blanco.

Los integrantes de la 59ª Legislatura tienen en sus manos corregir el error y volver a aprobar ese artículo para evitar que siga el desfalco de los alcaldes.