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Sentido Común



PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA

No coman ascuas


Lunes 15 de Octubre de 2018 7:57 am


LA semana pasada se hizo viral un video donde el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González Blanco Ortiz Mena, mantienen una discusión incómoda con la representante de la empresa Martínez y Villegas, María Susana Rodríguez Godínez, quien les pedía que se retiraran del lugar al que habían entrado junto con pobladores de Atenco, el cual, argumentaba, era propiedad privada.

Lo anterior sucedió en Tezoyuca, durante el recorrido que hacían los próximos secretarios del Gabinete de Andrés Manuel López Obrador, acompañados de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, en la caravana de observación, quienes les mostraban a las próximas autoridades los daños ambientales a sus viviendas y su calidad de vida, que de forma indirecta está causando la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al explotarse el predio desde donde se extraen los materiales para su construcción. Aunque no intervienen en el video, con ellos iba también el próximo secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón.

La caravana tenía la intención de mostrarle a los próximos funcionarios federales los daños que ha provocado la construcción del NAICM y cómo se ha venido afectando a pobladores de las comunidades de la Concepción y la Resurrección, por los daños ambientales, la afectación a los mantos friáticos, y el riesgo existente de un desplome. Además, insistían en que las empresas que realizan las obras en el lugar, no cuentan con la documentación necesaria.

El recorrido se vio interrumpido por la llegada de María Susana Rodríguez Godínez, quien se identificó como la apoderada legal de la empresa Martínez y Villegas, quien les pidió que se retiraran por encontrarse dentro de un área privada. El diálogo fue ríspido, sobre todo por la postura agresiva de Jiménez Espriú y la comitiva que lo acompañaba, quien acusó a los guardias de María Rodríguez de estar armados. La caravana terminó retirándose y el incidente no pasó a mayores, sin embargo, sí deja mucho para el análisis lo ocurrido y la actuación de los involucrados.

Si bien existen acusaciones de que las empresas mineras que extraen materiales para el NAICM no cuentan con los permisos necesarios, eso no le da derecho a ningún individuo a violar las leyes, mucho menos a quienes se ostentan como las próximas autoridades, palomeadas para ser parte del Gabinete del Presidente electo. No es posible hacer cumplir las leyes violando las mismas. Es alarmante no sólo que Jiménez Espriú, González Blanco Ortiz Mena y Meyer Falcón, hayan entrado en propiedad privada sin un permiso, ya sea de la empresa o legal, sino que además muestren una actitud prepotente y agresiva con quien tiene todo el derecho de estar ahí y de exigir que se retiren.

Si consideran que existen elementos para investigar a la empresa o clausurar las obras, debe de seguirse el proceso legal correspondiente, no irrumpir en el lugar para amedrentar a las y los trabajadores, con lo cual se comete un delito y se rompe el Estado de Derecho del cual ellos mismos formarán parte próximamente. Aun cuando se ostenten como próximos Secretarios de Estado, mientras no sean nombrados en el cargo son ciudadanos comunes, igual que quienes les acompañaban en la caravana, al estar intentando intimidar a la ciudadanía con cargos que todavía no tienen, están cayendo en usurpación de funciones y mandando un mensaje lamentable sobre la forma en que ejercerán el poder una vez que tomen posesión del cargo. Son malas noticias sobre el sentido de la Cuarta Transformación, por el futuro que se asemeja demasiado al pasado.

Por otra parte, no es ilegal que los guardias de seguridad porten armas, si tienen el permiso correspondiente. El artículo 26 de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica quiénes y cuándo pueden portar armas, siendo las empresas de seguridad privada las personas morales autorizadas para hacerlo. Acusar que los guardias de seguridad se encontraban armados es estéril, lo que se debe de investigar es si la empresa cuenta con los permisos correspondientes, o presentar pruebas de que se les dio un mal uso, en todo caso.

La comitiva decidió retirarse del lugar, después de que Jiménez Espriú le preguntase reiteradamente a la representante legal si al pedirles que se retiraran los estaba corriendo del lugar, y advertirle que una vez que tomen posesión el 1 de diciembre, le solicitará al dueño de la empresa todos los permisos correspondientes y harán una exhaustiva inspección a la mina. María Susana González Godínez se limitó a asentir y asegurar que cuentan con toda la documentación indicada.

Es grave que una persona que todavía no cuenta con un cargo público exhiba esta actitud prepotente y muestre su gran desconocimiento de las leyes, pues es un indicativo de cómo se comportará una vez en funciones. Esto, si es que la empresa involucrada decide no interponer un recurso legal ante este hecho y cortar con ello de tajo las aspiraciones de los próximos Secretarios.