Sentido Común
PATRICIA SÁNCHEZ ESPINOSA
No coman ascuas
Lunes 15 de Octubre de 2018 7:57 am
LA semana pasada se hizo viral un video donde
el próximo secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, y
la próxima secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Josefa González
Blanco Ortiz Mena, mantienen una discusión incómoda con la representante de la
empresa Martínez y Villegas, María Susana Rodríguez Godínez, quien les pedía
que se retiraran del lugar al que habían entrado junto con pobladores de
Atenco, el cual, argumentaba, era propiedad privada. Lo anterior sucedió en Tezoyuca, durante el
recorrido que hacían los próximos secretarios del Gabinete de Andrés Manuel
López Obrador, acompañados de integrantes del Frente de Pueblos en Defensa de
la Tierra, en la caravana de observación, quienes les mostraban a las próximas
autoridades los daños ambientales a sus viviendas y su calidad de vida, que de
forma indirecta está causando la construcción del Nuevo Aeropuerto
Internacional de la Ciudad de México (NAICM), al explotarse el predio desde
donde se extraen los materiales para su construcción. Aunque no intervienen en
el video, con ellos iba también el próximo secretario de Desarrollo Agrario,
Territorial y Urbano, Román Meyer Falcón. La caravana tenía la intención de mostrarle a
los próximos funcionarios federales los daños que ha provocado la construcción
del NAICM y cómo se ha venido afectando a pobladores de las comunidades de la
Concepción y la Resurrección, por los daños ambientales, la afectación a los
mantos friáticos, y el riesgo existente de un desplome. Además, insistían en
que las empresas que realizan las obras en el lugar, no cuentan con la
documentación necesaria. El recorrido se vio interrumpido por la
llegada de María Susana Rodríguez Godínez, quien se identificó como la
apoderada legal de la empresa Martínez y Villegas, quien les pidió que se
retiraran por encontrarse dentro de un área privada. El diálogo fue ríspido,
sobre todo por la postura agresiva de Jiménez Espriú y la comitiva que lo
acompañaba, quien acusó a los guardias de María Rodríguez de estar armados. La
caravana terminó retirándose y el incidente no pasó a mayores, sin embargo, sí
deja mucho para el análisis lo ocurrido y la actuación de los involucrados. Si bien existen acusaciones de que las
empresas mineras que extraen materiales para el NAICM no cuentan con los
permisos necesarios, eso no le da derecho a ningún individuo a violar las
leyes, mucho menos a quienes se ostentan como las próximas autoridades,
palomeadas para ser parte del Gabinete del Presidente electo. No es posible
hacer cumplir las leyes violando las mismas. Es alarmante no sólo que Jiménez
Espriú, González Blanco Ortiz Mena y Meyer Falcón, hayan entrado en propiedad
privada sin un permiso, ya sea de la empresa o legal, sino que además muestren
una actitud prepotente y agresiva con quien tiene todo el derecho de estar ahí
y de exigir que se retiren. Si consideran que existen elementos para
investigar a la empresa o clausurar las obras, debe de seguirse el proceso
legal correspondiente, no irrumpir en el lugar para amedrentar a las y los
trabajadores, con lo cual se comete un delito y se rompe el Estado de Derecho
del cual ellos mismos formarán parte próximamente. Aun cuando se ostenten como
próximos Secretarios de Estado, mientras no sean nombrados en el cargo son
ciudadanos comunes, igual que quienes les acompañaban en la caravana, al estar
intentando intimidar a la ciudadanía con cargos que todavía no tienen, están
cayendo en usurpación de funciones y mandando un mensaje lamentable sobre la
forma en que ejercerán el poder una vez que tomen posesión del cargo. Son malas
noticias sobre el sentido de la Cuarta Transformación, por el futuro que se
asemeja demasiado al pasado. Por otra parte, no es ilegal que los guardias
de seguridad porten armas, si tienen el permiso correspondiente. El artículo 26
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos indica quiénes y cuándo pueden
portar armas, siendo las empresas de seguridad privada las personas morales
autorizadas para hacerlo. Acusar que los guardias de seguridad se encontraban
armados es estéril, lo que se debe de investigar es si la empresa cuenta con
los permisos correspondientes, o presentar pruebas de que se les dio un mal
uso, en todo caso. La comitiva decidió retirarse del lugar,
después de que Jiménez Espriú le preguntase reiteradamente a la representante
legal si al pedirles que se retiraran los estaba corriendo del lugar, y
advertirle que una vez que tomen posesión el 1 de diciembre, le solicitará al dueño
de la empresa todos los permisos correspondientes y harán una exhaustiva
inspección a la mina. María Susana González Godínez se limitó a asentir y
asegurar que cuentan con toda la documentación indicada.
Es grave que una persona que todavía no
cuenta con un cargo público exhiba esta actitud prepotente y muestre su gran
desconocimiento de las leyes, pues es un indicativo de cómo se comportará una
vez en funciones. Esto, si es que la empresa involucrada decide no interponer
un recurso legal ante este hecho y cortar con ello de tajo las aspiraciones de
los próximos Secretarios.