Va porque va

Lunes 15 de Octubre de 2018 7:57 am

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“LES guste o no a nuestros adversarios, a los fifís, a la prensa fifí, vamos a construir el Tren Maya. Me canso ganso”. Así, de tajo, sin mayor explicación, AMLO contestó a los cuestionamientos sobre la obra de infraestructura que será el sello de su sexenio. Y su réplica fue ominosa, tanto en la forma como en el fondo; tanto por el tono en el que se refirió a quienes piden más claridad, como por lo que parece una negativa a proporcionarla. Después de años de licitaciones opacas, adjudicaciones amañadas, dinero despilfarrado, cuatitud corrosiva, obras mal diseñadas y mal realizadas, la sociedad merece saber cómo, para qué, quién y con qué objetivo se gasta su dinero. La cuarta transformación no debería perpetuar las viejas prácticas para nuevos proyectos, o más agravante aún, empeorarlas.

No es un tema sólo del Tren Maya; es un tema de cómo construye y cómo gasta el gobierno, muchas veces de pésima manera. En 2017, destinó 585 mil millones a contratación pública con deficiencias sistemáticas en la preparación de proyectos de infraestructura; con procesos de construcción precipitados cuando todavía no estaba suficientemente desarrollado el diseño, y a veces no se había puesto en marcha la supervisión; con convocatorias de licitación incompletas, poco competidas; con proyectos que se prepararon y contrataron a la antigüita, en papel, sin tecnología digital. Error tras error en obras emblemáticas como el Paso Exprés, el Tren Toluca, el NAICM. Error tras error detectado en el estudio Ojos a la obra, elaborado por México Evalúa, y que debería ser lectura obligatoria para el equipo involucrado en el Tren Maya. Porque si no aprenden de los desaciertos de esas tres obras, seguramente los repetirán.

Las licitaciones del Paso Exprés se realizaron con un proyecto ejecutivo incompleto, que requirió adecuaciones permanentes durante la construcción, y el proyecto arrastró conflictos sociales sin resolver. Las licitaciones del Tren Toluca se llevaron a cabo sin plazos, sin trazos definitivos, sin estudios de viabilidad e impacto, sin derechos de vía, terrenos y usos de suelo liberados. En el caso de la barda perimetral del NAICM, los documentos de planeación y supervisión se completaron seis meses después de iniciados los trabajos. La edificación comenzó sin Plan Maestro y sin saber qué comprendería el NAICM, lo cual llevó a un sobrecosto de 89 por ciento. En México, la obra pública es sinónimo de opacidad y discrecionalidad que se traduce en corrupción y sobrecostos. Dada esa historia y esos resultados, no es sólo razonable sino urgente pedir que el gobierno entrante aclare todo lo que no sabemos sobre el Tren Maya.

Porque lo poco que sí sabemos es preocupante. No se ha hecho público un estudio de costo-beneficio, no se ha hecho público un estudio de impacto ambiental y ecológico, no se ha hecho público el tema legal de la liberación de los derechos de vía, no se ha hecho público el diseño de las bases de licitación. Lo que sí ha ocurrido es una iniciativa de ley aprobada por el Congreso de Tabasco para permitir más adjudicaciones directas con el objetivo de facilitar la construcción al vapor del Tren Maya. Pero como ha alertado la Cofece, el decreto no acota la discrecionalidad, acentúa su aplicación. No fomenta la competencia entre propuestas, acaba con ella. No elimina la excepcionalidad, fomenta su uso.

Sin duda, la obra pública puede detonar el crecimiento, producir derramas económicas, generar empleo y atraer inversión. Pero sólo si se hace de manera eficiente, de forma transparente, apelando a las mejor prácticas y no agudizando los viejos vicios. Es loable la intención de dedicar recursos al sureste, de centrar la atención en zonas olvidadas, de planear proyectos para regiones pauperizadas. Sin embargo, los buenos fines no justifican los malos medios. El gobierno de López Obrador llegó al poder ofreciendo eficiencia, prometiendo transparencia, augurando honradez. Entonces debería promover políticas públicas que aseguren esos objetivos y no su antítesis.

En cuanto a las propuestas, las reformas, y las leyes del nuevo gobierno, es importante recordarle que pedir más información y más claridad no es ser fifí ni “adversario”. Es ser ciudadano. Y la respuesta democrática a preguntas legítimas de quienes –vía sus impuestos– financiarán el Tren Maya no debe ser “va porque va”, sino “es mi obligación explicarte cómo”.