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LUNES POLÍTICO



LUNES POLÍTICO


Lunes 22 de Octubre de 2018 7:44 am


EPN, amparado

 

EN una medida jurídica sin precedentes, el Poder Ejecutivo federal interpuso una controversia constitucional contra acusaciones del Gobierno del Estado de Chihuahua. Se interpretó como un amparo para proteger de esas mismas imputaciones a funcionarios federales, empezando por el presidente de la República, Enrique Peña Nieto.

El litigio proviene de la acusación del gobierno estatal de Chihuahua, encabezado por el panista Javier Corral Jurado, al ex gobernador priista César Duarte Jáquez, de desvío de dinero público y otros delitos. Entre esos presuntos desvíos, se indica el descuento, por nómina, de 5 a 10 por ciento de las compensaciones al sueldo, a funcionarios de jefes de departamento hacia arriba, por cuotas al PRI. Hacienda estatal retenía y entregaba al partido ese dinero. La ley no lo permite.

También por peculado supuestamente cometido en 2016. La acusación principal es por desvío de fondos de educación (250 millones de pesos) a campañas electorales del PRI, en una triangulación que involucraría, según la Fiscalía General de Chihuahua, a Manlio Fabio Beltrones Rivera (siendo presidente del CEN del PRI, y Alejandro Gutiérrez, secretario general) y al entonces secretario de Hacienda, Luis Videgaray Caso.

Gutiérrez Gutiérrez fue encarcelado en Chihuahua y liberado por orden de la PGR. Corral Jurado se inconformó con la determinación de la PGR y anunció que recurriría a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para igualmente proceder contra el ex gobernador Duarte Jáquez.

Otro litigio fueron 900 millones de pesos –Hacienda federal refería 700– que según Javier Corral no le habían transferido a Chihuahua, lo que el Gobierno Federal aseguraba. Tras negociaciones tensas en las que intervino el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, le pagaron los 900 millones de pesos a Corral Jurado, pero el pleito continuó.

Mientras César Duarte reside en Estados Unidos, Alejandro Gutiérrez está arraigado y Manlio Fabio Beltrones aún dentro del caso por la llamada Operación Zafiro, la Presidencia de la República interpuso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una controversia constitucional para evitar acciones del gobierno de Chihuahua.

Según Corral y otros políticos, Los Pinos disfraza de controversia constitucional un recurso de amparo. El abogado presidencial, Leonel Granados Fernández, reclama en el litigio que “las investigaciones, averiguaciones, carpetas de investigación, solicitudes de información, órdenes de investigación, de detención, de aprehensión y las solicitudes de arraigo existentes o inminentes respecto de actuales o anteriores funcionarios públicos federales, que se relacionen directa o indirectamente con el ejercicio de sus funciones” se suspendan igual que cualquier mandamiento judicial contra ellos, incluido en primer término al presidente Enrique Peña. Se interpuso el 11 de octubre.

El gobernador Corral Jurado asegura que la medida de la Presidencia es en realidad un “amparo buscador”, como se les llama en la jerga abogadil, para enterarse de qué investigaciones se llevan a cabo sobre el Mandatario nacional y sus colaboradores cercanos, especialmente Luis Videgaray. Tendrán que esperar qué resuelve la Corte.

Lo cierto es que Javier Corral, que es un político polémico y protagónico (que a su vez trata de defenderse de las presuntas relaciones de panistas de su gobierno con el narco y el asesinato de la periodista Miroslava Breach, corresponsal de La Jornada), logró infundirles miedo a Peña Nieto y su círculo cercano.

Por otro lado, habrá que esperar también el discurso de Andrés Manuel López Obrador el 1 de diciembre, cuando ya sea Presidente en funciones. Buena parte de su campaña la fundamentó en el combate a la corrupción y eso caló hondo en la gente. Cual sea el contenido y las medidas que anuncie ese día, lo definirán a él y su posición ante este caso y muchos otros en capilla.

Enrique Peña y otros priistas evidentemente incurrieron en actos de corrupción y de beneficio descarado a empresas constructoras afines. De eso tendrán que responder una vez afuera de Los Pinos.

 

Castigo a ex alcaldes

 

Ala Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado, Ayuntamientos y Organismos Descentralizados, que encabeza Audelino Flores Jurado, no le cayó nada bien que, 2 días antes de irse, los integrantes de la Legislatura anterior derogaran el artículo 233 Bis 2 del Código Penal del Estado, dejando sin efecto que el desvío de aportaciones de la burocracia por parte de servidores públicos fuera delito y se castigara con cárcel.

La semana pasada, integrantes de esta Federación se reunieron con los diputados Guillermo Toscano Reyes, Miguel Ángel Sánchez Verduzco y Arturo García Arias, para que actúen como Poder Legislativo y no queden sin castigo los alcaldes salientes que cometieron la ilegalidad de apropiarse de cuotas o aportaciones de los trabajadores.

En tal situación se encuentran los ex presidentes municipales de Colima, Héctor Insúa García; de Villa de Álvarez, Yulenny Cortés León, y de Tecomán, Guadalupe García Negrete. Por el mismo delito, los tres fueron denunciados ante la Fiscalía General del Estado, por las respectivas dirigencias sindicales. El colmo es que los dos primeros estén como si nada fungiendo como regidores en el Cabildo que a cada cual corresponde.

Al derogarse el artículo 233 Bis 2, los dirigentes gremiales tienen que buscar otro tipo penal para reactivar sus denuncias. Al respecto, el líder del Sindicato de Trabajadores del Ayuntamiento de Colima, Héctor Arturo León Alam, dio a conocer que las querellas contra Insúa “siguen vivas”, sólo que ahora las tienen que regresar al Ministerio Público para que “se abra una nueva línea de investigación”.

Eso significa que tendrán que buscar la variación del delito para tipificar la acción cometida por el ex alcalde, el cual, dijo León Alam, podría ser coalición de funcionarios, administración fraudulenta o peculado.

Sin decir agua va, los ex diputados locales derogaron el artículo 233 Bis 2 bajo el endeble argumento de que estaba de más cuando a los servidores públicos que desvían recursos públicos se les puede acusar por peculado.

El artículo 237 Bis del Código Penal define que el peculado lo comete el servidor público “que reciba o administre recursos públicos y omita destinarlos al fin para el que estaban previstos de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas”. El castigo en estos casos es de 4 hasta 15 años de prisión, según el monto afectado, además de privarlos para ejercer funciones públicas y una multa económica.

En cambio, el artículo 233 Bis 2 ya derogado, indicaba: “Al servidor público que descuente o retenga cuotas o aportaciones a los empleados de una entidad pública y omita destinarlas al fin para el que estaban previstas de conformidad con las leyes y demás disposiciones jurídicas o estatutarias aplicables, o los aplique a fin distinto al establecido por las mismas, se le impondrán de 4 a 8 años de prisión cuando el valor del detrimento patrimonial sea de hasta un importe equivalente a 2 mil Unidades de Medida y Actualización. De 6 a 12 años de prisión cuando dicho monto exceda de un importe equivalente de 2 mil, pero no de 4 mil Unidades de Medida y Actualización, y de 8 a 15 años de prisión cuando el mencionado monto o daño patrimonial causado excede de un importe equivalente a 4 mil Unidades de Medida y Actualización”.

Como se aprecia, el artículo derogado señalaba explícitamente ese delito, mientras que el peculado es más general e impreciso en la ilegalidad que habrían cometido los ex alcaldes de Colima, Villa de Álvarez y Tecomán.

Antes de acudir al Congreso, la Federación de Sindicatos debió recurrir a la Fiscalía General del Estado, para conocer el destino de las querellas presentadas y no permitir que les den carpetazo, pues la salida que plantea León Alam es volver a empezar el trámite por otro tipo de delito, que puede o no configurarse y que seguirá un camino más engorroso.

Hizo mal el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez en ordenar la publicación de la derogación del decreto 233 Bis 2 para que quedara sin efecto, en lugar de vetarla. Tampoco se ha visto bien el alcalde de Colima, Leoncio Morán Sánchez, al no proceder legalmente contra su antecesor, Héctor Insúa, por ésta y tantas irregularidades más que cometió en la administración municipal. Hace una semana que Locho tomó posesión del Ayuntamiento capitalino, ha transcurrido poco tiempo, es verdad, pero ¿hasta cuándo va a proceder penalmente, como él mismo lo prometió en campaña y en el proceso de entrega-recepción?

Si no hay castigo para los ex alcaldes que están en capilla, las nuevas autoridades municipales estarían solapando a sus antecesores y podrían repetir la misma historia.

 

Morena, tropiezos

 

Apoco más de 3 meses de haber ganado la elección del 1 de julio, la coalición Morena-PT-PES empieza a resquebrajarse en Colima, pues se han presentado diferencias entre los diputados locales de ese frente y en el Cabildo de Manzanillo.

La lucha por el poder ha confrontado a los otrora aliados, sin que surja el líder o dirigente que los concilie y una; de continuar por el camino que han tomado, terminarán pronto peleados y separados; las divisiones empezaron desde antes de tomar posesión de sus cargos.

Inclusive, dentro de Morena crecen las diferencias entre los legisladores y también de los regidores con la alcaldesa de Manzanillo, Griselda Martínez.

La mayoría absoluta que tendría la coalición Morena-PT-PES en esta Legislatura está prendida con alfileres, por lo que si no logra zanjar sus desacuerdos, será difícil que avance en el trabajo legislativo y en la calificación de las cuentas públicas.

El primer desencuentro fuerte que tuvieron los legisladores de esa coalición fue por la presidencia de la Comisión de Gobierno Interno, pues el coordinador de los diputados del PT, Carlos César Farías, a pesar de pertenecer a un grupo minoritario, pretendía ocuparla, lo cual no lo permitió la bancada de Morena y designó a Miguel Ángel Sánchez, quien también es su líder.

La semana pasada, en la quinta sesión ordinaria hubo otro desencuentro de Morena, PT y PES, por la asignación de comisiones. Farías Ramos acusó a Sánchez Verduzco de violentar los acuerdos y negociar en lo “oscurito” con la fracción del PAN para dejarle la Comisión de Hacienda.

En respuesta, Miguel Ángel Sánchez acusó a Carlos César Farías de intentar sobornarlo a él y a las diputadas Araceli García Muro y a Claudia Aguirre durante la campaña para que dejaran la candidatura y aseguró tener pruebas de lo que acusaba.

Al responder, Farías Ramos señaló que esas acusaciones eran falsas y le exigió presentar las pruebas. Al final se aprobó la integración de las comisiones con 15 votos a favor de Morena, Movimiento Ciudadano, Verde Ecologista y Acción Nacional, y 10 en contra del PT, PRI y los del PES, que desde la primer sesión se declararon independientes y formaron la fracción Por la Transformación de Colima.

La fracción morenista argumentó que cedió la Comisión de Hacienda porque “se privilegió el voto de confianza a la fracción de Acción Nacional, considerando que Morena cuenta a la fecha con el mayor número de presidentes municipales, por lo que se busca garantizar un criterio de neutralidad, apostando a la objetividad e imparcialidad”.

En el Congreso, Morena mantiene la mayoría simple con 11 diputados; el PT, tres; PRI, tres; PAN, tres; PES, tres; PVEM, uno, y MC, uno.

Morena no es un partido formal, no funciona como tal, por lo que será difícil que a corto plazo logre acuerdos y consensos. La división que se está dando no es sólo con sus aliados electorales, también se está agudizando entre los propios morenistas.

El Movimiento Regeneración Nacional en realidad es Andrés Manuel López Obrador, por lo que ese abanderamiento requiere convertirse en un partido político, organizado y estructurado.

Tiene una militancia de casi 320 mil personas en el país, sin embargo, carece de una base partidaria y de mandos efectivos en los barrios, colonias y comunidades rurales.

Se convirtió en la fuerza mayoritaria porque ganó la Presidencia y la mayoría de curules en el Congreso de la Unión, además de gubernaturas, alcaldías y Congresos locales, pero le falta organización partidaria.

Morena necesita construir su estructura de cara a las elecciones de 2021, cuando nuevamente se renovará el Congreso federal y, en el caso de Colima, la gubernatura, las alcaldías y la Legislatura local. Para ese tiempo, ya no tendrá el motor que significó Andrés Manuel López Obrador; inclusive, se desconoce si el tabasqueño será una fortaleza o un lastre.

Para el movimiento obradorista le puede resultar cómodo haber ganado y después construir el partido, cuando casi siempre es al contrario: primero se trabaja para fundar un instituto político, se participa en comicios y posteriormente se empiezan a cosechar triunfos.

En el caso de Colima, el dirigente de Morena, Sergio Jiménez Bojado, reconoció que se fracturó la coalición de su partido con el PT en el Congreso del Estado, sobre todo luego de lo que pasó en la sesión de la noche del jueves y la madrugada del viernes, cuando se repartieron las comisiones legislativas.

Si bien acotó que buscará retomar la buena relación con el PT, lo cierto es que la división entre diputados morenistas y petistas cada vez es más grande, por lo que Jiménez Bojado debe apresurarse en intervenir certeramente para resolver el conflicto, si es que, como él dice, es posible la reconciliación y el mutuo “acompañamiento”.

 

Basura, gran problema

 

POR las repercusiones que tiene en materia de salud pública, es muy grave el problema del deficiente servicio de recolección de basura que las anteriores administraciones municipales dejaron y hoy les explota en las manos de los actuales alcaldes.

En Colima, Villa de Álvarez, Tecomán y Manzanillo, los ediles han denunciado que encontraron un parque vehicular inservible, lo que ha provocado que en algunos casos colapse el servicio.

En la capital del estado el problema se presentó desde los últimos meses del anterior Ayuntamiento, donde la basura se acumulaba en escuelas, colonias y hasta hospitales, ante la negligencia del entonces alcalde, Héctor Insúa García, por resolverlo.

Lo mismo pasó en Villa de Álvarez, donde una de las primeras acciones del edil Felipe Cruz Calvario fue arrendar camiones recolectores para garantizar el servicio, en lo que tienen dinero para la compra de nuevas unidades.

En Tecomán, el presidente municipal, Elías Lozano Ochoa, denunció que su antecesor, Guadalupe García Negrete, dejó los camiones “para llorar”.

En Manzanillo, el delegado de El Colomo, José Romero, ventiló la semana pasada, el mal servicio que se da en esta materia, lo mismo pasa en otras delegaciones como Salagua.

Es una irresponsabilidad que los anteriores alcaldes no hayan tomado las precauciones para prever el desgaste de los camiones recolectores, repararlos, y a lo largo de la administración ir adquiriendo nuevos.

En éste como en otros asuntos de interés público, las autoridades municipales mostraron una visión corta para atender el servicio de recolección y dejar a sus sucesores que les reventara el problema.

El tratamiento de los residuos sólidos es la solución, pero además podría servir de ayuda para mejorar las finanzas municipales, pero la miopía de los ediles ha impedido realizarlo y sacarle provecho.

A ver si ahora que el Gobierno del Estado se haga cargo de la administración del relleno sanitario de Villa de Álvarez, que antes era manejado por el Ayuntamiento de Colima, mejore el servicio y construya una planta de tratamiento de residuos sólidos.

Desde hace muchos años se ha mencionado la posibilidad de integrar un proyecto viable para tener acceso a recursos federales del Fondo Metropolitano para, de una vez por todas, construir una suficiente planta de tratamiento de residuos sólidos, que además de combatir el grave problema de contaminación, le deje dinero a los municipios.

La misma visión metropolitana debe haber para adquirir camiones recolectores que garanticen un buen servicio y no estar padeciendo la crisis actual con la chatarra que dejaron las comunas salientes.

Si hay una buena relación de los alcaldes de la zona conurbada Colima-Villa de Álvarez, Leoncio Morán Sánchez y Felipe Cruz Calvario, respectivamente, se espera que se pongan de acuerdo y convenzan a los otros ediles del norte del estado para que, a través del gobierno estatal, se elabore un proyecto ejecutivo sobre el tratamiento de los residuos sólidos y se presente al Gobierno Federal para que aporte los recursos necesarios para su construcción, sin costo para los colimenses.

Porque las deficiencias no son únicamente en las grandes urbes, sino que en cada comunidad, pueblo y rincón de los 10 municipios se padece la falta de ese y otros servicios públicos de calidad.

Desde hace tiempo, se ha dicho que el relleno sanitario cumplió su vida útil y funciona como un tiradero al aire libre, en el que frecuentemente hay incendios por el mal manejo de los residuos, lo que se traduce en otro problema grave de contaminación, además del escurrimiento diario de lixiviados.

El sitio está rebasado y es tiempo de que las autoridades de los tres niveles de gobierno lo resuelvan y, al mismo tiempo, los Ayuntamientos garanticen una buena recolección de basura en sus respectivas demarcaciones, como la sociedad lo demanda.