NUNCA en la historia de Colima, un gobernante, al concluir su mandato constitucional, había sido tan cuestionado en lo que respecta a la honestidad con que administró los recursos de su pueblo. Nunca tampoco, había sido tan diametral un cambio en su estilo de vida, a tal grado que provocara la indignación de los ciudadanos y motivara que líderes calificados de su mismo partido y de la oposición, así como importantes representantes de la comunidad colimense alzaran la voz y a nombre de esa colectividad inconforme, exigieran la rendición de cuentas y, en su caso, la restitución del daño. Es evidente que cuando caiga el primer golpe sobre el árbol que se ha venido a tierra, los hachazos crecerán exponencialmente, pues de todos es sabido que, en política, el deporte favorito de los mexicanos es hacer leña del árbol caído, y la sociedad, cuando se siente ultrajada, no tiene consideración con quien considera su victimario. Recuérdese si no, las agresiones públicas al expresidente José López Portillo, primero, haciéndole el vacío en los restaurantes y otros lugares donde el exmandatario se presentaba; después, imitando el ladrido de los perros, en alusión a la defensa que ofreció para blindar el peso mexicano, o insultándolo a grito abierto en lugares públicos.
En el caso de nuestra entidad, deberíamos pensar que no son los 7 o los 10 millones que cuesta la excepcional casa de la discordia, lo más significativo del despilfarro gubernamental; ni será lo más indignante de tal derroche, los 8, 15 ó 20 millones, que seguramente le serán asignados como valor aproximado al rancho ya señalado por la opinión pública como propiedad del exgobernante; como tampoco será lo más trascendente el valor de otras propiedades, reales o ficticias, que se le atribuirán como de su propiedad al hoy exgobernador. No, lo más grave y que debería sacudir esta indolencia social que padecemos, es la carencia total de una conducta íntegra; de principios morales en un servidor público que, nada más y nada menos, dirige los destinos de un estado. Es precisamente la ausencia de escrúpulos y valores éticos, lo que ha provocado la desconfianza en las instituciones públicas y lo que propicia comportamientos inmorales que incrementan la corrupción, el abuso de autoridad, el tráfico de influencias y sobre todo, la impunidad; impidiendo, como consecuencia, se alcancen las metas y objetivos institucionales.
Las diversas cantidades que se manejan como valores aproximados de las propiedades arriba citadas, aún cuando son millones de pesos, son cifras que al establecerlas como porcentajes del monto total de recursos financieros asignados a una administración durante los seis años de su mandato, son tan de poco monto, que se da uno cuenta de lo factible que es desaparecerlas. México es hoy, como nunca antes, víctima de una corrupción desbordada, protegida por un halo de impunidad en todos los niveles, que permite, ante la ausencia de fiscalización por parte de la federación, que los gobernadores, en todos los estados, ejerzan el gasto público con una discrecionalidad que se convierte en cinismo, ante la falta de controles y mecanismos, que obliguen a la rendición de cuentas.
No importa si el gobernador que administra un estado, proviene del PRI, PAN o PRD. La opacidad que priva en las leyes de los estados, así como en las instancias federales para exigir cuentas claras a los gobiernos estatales, ha convertido a los gobernadores en reyezuelos regionales, sin contrapeso político alguno por parte de la Presidencia de la República; a diferencia de lo que ocurría hasta el año 2000, cuando el cargo que ostentaban los gobernantes se lo debían al presidente de la nación y, éste podía, por el motivo que él quisiera y en el momento que así lo decidiera, retirarlo del puesto sin que los Congresos locales, argumentando la soberanía de los estados, se atrevieran a refutar dicha orden.
En política no hay vacíos, y hoy, todo eso es parte de la historia. A partir del año 2000 en que el PAN arribó al poder, ante la ausencia de un presidencialismo excesivo, que permaneció vigente durante 70 años y al cual estaban sometidos los gobernantes, se desencadenó un vacío de autoridad en los estados, que no atinaba a llenarse, pues los gobiernos estatales, sea cual fuera su origen partidista, esperaban que el nuevo gobierno central marcara las directrices. No fue así. Cuando el presidente Fox expresó en su toma de gobierno: “A partir de hoy, el Presidente propone, y el Congreso dispone”; en ese mismo instante la palabra le fue tomada, y a partir de entonces, el Congreso y los partidos se adueñaron del vital espacio político, que el gobierno federal literalmente abandonaba y, lógicamente, los gobernadores hicieron lo propio en los estados.
Por eso, cuando el gobernador Mario Anguiano le dice al diputado Leoncio Morán, que “en lo concerniente a la desviación de recursos estatales, si tiene pruebas acuda al Congreso local”, pareciera a lo menos una actitud imprudente y hasta grosera, pues de todos es sabido que aquí en el estado, como en muchos otras entidades, sin importar el partido de donde provengan, los gobernadores son inmunes al control legislativo y ministerial, pues son ellos quienes controlan dichos poderes, en lugar de rendirles cuentas. Lo menos que podría esperarse del gobernador ante un tema que sin presupuesto alguno ha rebasado ampliamente a sus publicitadas 100 acciones de gobierno ante la opinión pública; serían expresiones juiciosas, reflexivas, que alentaran en la ciudadanía la certeza de que su gobierno será sensato, honesto y transparente, opuesto a una administración que, apenas concluida, sufre el descrédito casi absoluto de los ciudadanos.
Quienes aconsejan al gobernador, deberían hacerlo reflexionar en que el diputado Morán, (Locho), a pesar de ser en estos momentos el más exigente de los ciudadanos que exigen rendición de cuentas del ex obernador Cavazos, no es el único. Debe recordar que de los 600 mil habitantes que formamos el estado de Colima, sólo recibió el voto de 137 mil. A todos los que votaron por él y a los que no lo hicieron, les ofreció un gobierno transparente, apegado al estado de derecho. Locho sólo exige cumplir la ley.
ALEJANDRO Y ARELY DANIELA, por fin concretaron su sueño de unir sus vidas para siempre. La alegría del vino, que el querido padre Nati bordó en la hermosa homilía, previa a la bendición de su matrimonio en el templo del Espíritu Santo, también estuvo presente en la espléndida fiesta que Griselda Díaz, madre, con “M”, de Arely, con el apoyo de Irma Patricia González Rodríguez y Carlos Alejandro Miller Rivera, padres de Alex, organizó en los patios centrales de la esplendorosa Exhacienda del Carmen. Quienes conocemos a Arely y Alex, seguros estamos que honrarán sus vidas para siempre, así como las de los hijos que Dios les conceda. ¡Muchas felicidades!
P.D. Gusta opinar: lo espero en Las Mentadas….

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