consecuencia de la masacre de 16 personas –ahora cuentan 15, oficialmente–, 13 de las cuales eran adolescentes o jóvenes menores de 20 años, en Ciudad Juárez, y de otra que ocurrió en Torreón, el mismo domingo antepasado, donde se habla de hasta 40 víctimas extraoficialmente y no de 10 como maneja el gobierno de Coahuila, ambos ataques perpetrados por cárteles del narcotráfico, la estrategia de la administración federal en el combate a la delincuencia organizada ha sido de nuevo puesta en entredicho y bombardeada desde la oposición.
Dos son las ópticas desde donde se cuestiona la estrategia gubernamental. De una parte, el pueblo que observa impotente cómo la sangre ha corrido, con más de 18 mil muertos desde que el gobierno de Felipe Calderón comenzó esta guerra, de los cuales mil al menos fueron víctimas no relacionadas con el hampa, como las de los precitados dos casos recientes, o elementos de las Fuerzas Armadas que participaban en el combate. De otra, los partidos políticos de oposición que critican las acciones del gobierno panista, pero no ofrecen alternativa alguna, salvo las inviables de legalizar las drogas y la de negociar con los cárteles para que actúen en paz, delinquiendo pero sin disparar balas. De estas dos opciones, una la aporta una izquierda mínima y la otra un sector del priismo, que aunque no lo afirma abiertamente sí lo insinúa.
Desde la perspectiva de la administración federal, se admite la necesidad de modificar la estrategia, pero pretende que se le reconozca que los 18 mil muertos han sido del lado del hampa, es decir, narcotraficantes que se han matado entre sí o han caído bajo la metralla gubernamental. E incluso aventura la tesis de que están movidos por la desesperación de verse atacados por policía, Ejército y Marina.
Una cosa es cierta: los cálculos del gobierno fueron demasiado optimistas al considerar que el ataque militar a los cárteles –que no tienen posiciones fijas– bastaría para arrasarlos. En consecuencia, no previó otras acciones y lanzó, sin más, a la milicia a las calles. Si bien es verdad que las bajas en el hampa han sido muchas y considerables, también lo es que son insuficientes para mermar de fondo el casi medio millón de delincuentes que viven del narcotráfico en el país, conforme a cifras de especialistas.
La administración federal ha omitido atacar el lavado de dinero, lo que debiera hacerse con la intervención directa de la Secretaría de Hacienda, respaldada por elementos del Ejército en cada actuación. Hoy, eso es posible con las reformas que al respecto se le hicieron a las leyes fiscales. El blanqueamiento de dinero es uno de los cimientos de la fuerza del narco.
Por otra parte, la PGR tiene, en los hechos, varias cabezas, de modo que no actúa unificadamente. Así, sólo la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) puede intervenir directamente contra el narcotráfico, mientras las delegaciones de la PGR no mueven un dedo en los estados para ese fin.
Lo mismo ocurre con las fuerzas del orden. Hay una gran dispersión, sin mando unificado. El Ejército, la Marina, la Policía Federal, además de las corporaciones estatales y municipales, trabajan, si lo hacen, cada cual por su cuenta. El cercamiento y muerte del capo Arturo Beltrán Leyva, en diciembre del año pasado, así lo demostró.
Hasta ahora, el gobierno federal no ha podido limpiar internamente las fuerzas del orden, infiltradas por el crimen organizado mediante sobornos y amenazas. Tampoco ha creado una policía nacional capacitada que supla al Ejército para que éste regrese a los cuarteles en condición de reserva última y para casos de emergencia en apoyo a esa policía.
En los estados ocurre algo parecido. Las policías judiciales, preventivas y municipales actúan cada cual por su lado y son más fáciles de infiltrar por las mafias. Los gobernadores argumentan que el narcotráfico es un delito federal y que por tanto nada pueden hacer. Ése es un buen pretexto para cruzarse de brazos y para que algunos mandatarios estén en abierta o soterrada colusión con el hampa. Como son auténticos caciques en sus entidades, intocables hasta ahora, pueden hacer lo que les venga en gana.
De otro lado, las aduanas, que fueron depuradas y las plazas de vistas aduanales ocupadas por elementos del Ejército en todo el país, siguen dejando ingresar contrabando de toda clase, especialmente drogas o precursores químicos para la elaboración de las sintéticas. Los equipos de detección son insuficientes en puertos y aeropuertos, de modo que por cada envío interceptado muchos más podrían estar pasando sin mayor problema.
Es una obviedad que sin la complicidad de elementos de las fuerzas del orden y sin respaldo de algunos políticos, sean municipales, estatales o federales, los cárteles de las drogas no durarían mucho en sus delitos. Ésa es una de las claves a atacar, al mismo tiempo que el combate al lavado de dinero y el castigo a quienes desde el poder político resguardan al narco o se enriquecen con sobornos a cambio de dejar actuar a sus anchas al hampa en sus jurisdicciones.
Es verdad que la acción de la administración federal ha omitido muchos recursos no militares para combatir al crimen organizado. Pero también lo es que la oposición carece de un plan estructurado y da la impresión, muy certera, de que con sus críticas a la estrategia gubernamental sólo pretende sacar raja política, mostrando al gobierno como absolutamente ineficiente.
Lo que debieran hacer los opositores es sentarse a dialogar con la administración federal, a proponer tácticas y estrategias, pero no en los medios de comunicación y en entrevistas de banqueta que nada aportan, sino con seriedad argumentar qué consideran que está mal en el combate al narcotráfico y cómo debiera hacerse. Participar con ideas, no sólo tratando de destruir al adversario político sin que les importen las consecuencias que terminan por fortalecer al narco y desesperar más al pueblo.
Los políticos mexicanos son proclives a la crítica ligera y a la escasez de propuestas. La lucha a la delincuencia organizada requiere mucho más. Se necesita una visión de Estado, y el Estado mexicano no es sólo el gobierno, sino sus Fuerzas Armadas y el resto de instituciones, entre las que se cuentan, de manera especial, los partidos políticos. Se requiere que a la grilla la suplan la inteligencia y la visión de Estado, ya basta de politiquería, porque quien está padeciendo es el pueblo, no su casta política.

Reprobaría una auditoría

EL análisis de su declaración patrimonial y una auditoría a su gobierno son dos pruebas que evidentemente el exgobernador Silverio Cavazos no pasaría para tratar de justificar su repentino enriquecimiento.
Tras las denuncias del diputado federal panista Leoncio Morán Sánchez de dos propiedades de Cavazos Ceballos, una casa al norte de la ciudad con un valor superior a los 12 millones de pesos y un rancho de 13 hectáreas en Cuauhtémoc, cuyo costo, según expertos en valuación de construcción, supera los 22 millones de pesos, ha quedado al descubierto que, por más ahorrativo que dice ser el bárbaro de Tecomán, no le ajustaría el dinero devengado en toda su vida para tener los bienes que posee.
Silverio Cavazos declaró en una entrevista en mayo de 2009 que luego del descuento del pago de sus impuestos le quedaban como 70 y tantos mil pesos de sueldo. Eso coincide con una información publicada por la organización México Abierto de junio de 2007, que señala que el mandatario de Colima recibía al mes 73 mil 318 pesos.
Así, en un cálculo sencillo, si Silverio fue gobernador durante 56 meses con un sueldo de 73 mil pesos, habría acumulado, sin gastar un solo centavo, la cantidad de 4 millones 88 mil pesos, a lo que habría que agregar los aguinaldos. Si consideramos 90 días de aguinaldo, son 219 mil pesos por año, que multiplicados por 5 años serían un millón 95 mil pesos. Sumado entonces nos darían 5 millones 183 mil pesos.
Ésos serían los ingresos de Cavazos y nada más que eso podría haber ahorrado, tomando en cuenta que siempre declaró que no tenía ningún otro negocio y que su esposa, la señora Idalia González, como presidenta del DIF estatal no recibía sueldo, porque el puesto es honorario.
Entonces, es imposible que con esos ingresos de poco más de 5 millones de pesos el exmandatario tenga ahora propiedades como la casa de esta ciudad con valor superior a los 12 millones de pesos y el rancho de Cuauhtémoc de más de 22 millones de pesos. Simple y sencillamente, las cuentas no cuadran y por más ahorrador que resulte ser Silverio, no puede justificar esas posesiones.
Todo se resume al hecho de que la Contraloría General del Estado de Colima informara, según las declaraciones patrimoniales de Cavazos, con cuánto dinero y bienes entró al cargo de gobernador y con cuánto salió para comprobar si los valores declarados corresponden a los reales. El problema es que ese órgano, como otros que deben fiscalizar el manejo adecuado de los recursos públicos, están encabezados por gente que fue colocada ahí por el mismo exmandatario, y dependen orgánicamente de la oficina del gobernador en turno. Ni modo que el contralor general, Luis Gaitán Cabrera, quien como legislador no fue más que un tapete y tapadera de las anomalías de Silverio, lo vaya a exhibir y sancionar ahora.
Porque si algo hizo el exgobernante fue manejar a su antojo y enredar a su partido (el PRI), al Congreso local y la Contaduría Mayor de Hacienda, dependiente de este último, para que le cubrieran sus irregularidades. Utilizó y sigue utilizando a personajes como los exdiputados Francisco Ánzar y Luis Gaitán (secretarios de Planeación y de la Contraloría), al presidente estatal del PRI, Martín Flores, y a los actuales legisladores locales Itzel Ríos y Rigoberto Salazar, y a Arturo Flores García, excontador Mayor de Hacienda; todos ellos le deben mucho a Silverio Cavazos y por eso hicieron y harán lo que esté a su alcance para tratar de proteger al rico nuevo tecomense.
Sin embargo, toda esa red de complicidades no le alcanza al depredador tropical para esconder lo evidente, pues el otro examen que de ninguna manera pasaría sería una auditoría de verdad a su administración estatal. Por ello es preciso recalcar que sí es necesario que se le practique una auditoría al gobierno del estado que encabezó Cavazos Ceballos para saber dónde está el dinero que llegó a la entidad y, evidentemente, no se aplicó en las obras y acciones para las que estaba destinado; es decir, se lo llevaron. ¿A dónde? Hay huellas y evidencias que una auditoría podría seguir y esclarecer.
Hay que decirlo con claridad: el mejor despacho contable del mundo no podría justificar las cuentas de la administración estatal anterior. Por más que se maquillen las cifras, se estiren presupuestos y se hagan malabares para ajustar los números, no les saldrían, entre otras cosas, porque el silveriato se caracterizó por la ausencia de obras importantes, de tal forma que no se puede explicar, mucho menos demostrar, cómo es que tantos millones de pesos se esfumaron.
Habrá que esperar al análisis de la cuenta pública del segundo semestre de 2009, que corresponde a los cuatro últimos meses del silveriato y los dos primeros de Mario Anguiano, y darle el beneficio de la duda a la auditora superior del estado, María Cristina González Márquez, para ver si le encuentra algo irregular a la administración del exgobernador, sin embargo, es previsible que nada pasará, y si hace observaciones, serán menores.
Precisamente por esa costumbre de cubrir las anomalías de los funcionarios es que organismos como el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental o la Comisión de Hacienda del Congreso del Estado deberían ser presididas por opositores al gobierno, no para fomentar una cacería de brujas, sino para que las auditorías lleguen a fondo y se vigile con lupa el manejo de los recursos públicos.
Silverio Cavazos se protegió, no sólo durante su mandato, sino que colocó a incondicionales en puestos claves de la actual administración, con lo que el gobernador Mario Anguiano está copado, y lo estará hasta que él quiera, pues de nadie más depende desvincularse de su antecesor, lo que seguramente hará, pues ya ha dado señales y además tiene el mandato y una responsabilidad que cumplir con los colimenses que es, entre otras cosas, garantizar el adecuado manejo de los recursos públicos y llegará el momento en que salgan a la luz pública las tropelías de su predecesor. De hecho, cada día se avanza más en ese sendero.

Papa caliente

DESDE que en diciembre pasado el diputado federal Leoncio Morán pidió entrevistarse con el gobernador Mario Anguiano han ocurrido diversas situaciones enmarcadas en la exigencia de transparencia que el legislador panista ha llevado, incluso, ante la Cámara de Diputados federal, de la que forma parte. En esa ocasión en que Locho presentó un punto de acuerdo en San Lázaro, pedía que la Contaduría Mayor de Hacienda exhortara al Congreso local a que investigara el proceso de venta del terreno de La Boquita, en una exclusiva playa manzanillense, que el exmandatario Silverio Cavazos entregó a un precio por debajo del real a un grupo de empresarios norteamericanos. De igual modo, solicitaba indagar el procedimiento de donación “a título gratuito” del predio al sur de la capital, al grupo Puerta de Hierro, para la construcción de un hospital privado.
A lo largo de varias semanas, y luego de la negativa a recibir a Morán Sánchez por parte de Anguiano Moreno, se verificaron cuatro reuniones entre el gobernante y los partidos políticos, con la finalidad expresa, también, de que el Ejecutivo estatal informara sobre la situación financiera que recibió de su predecesor. De hecho, el propio Locho afirmó que encabezaría un movimiento social y luego llevaría a cabo un proceso legal en torno, también, a la deuda dejada por Silverio y a su enriquecimiento escandaloso. Todo ello en caso de que no quedara satisfecho con los encuentros que Mario sostuvo con los abanderamientos políticos en la entidad.
El clamor de los colimenses por aclarar las cuentas que heredó Anguiano Moreno finalmente lo capitalizó el diputado Morán Sánchez, quien para reforzar su posición exhibió fotografías de la mansión lujosa de Cavazos Ceballos en una zona residencial al norte de la capital, y más adelante difundió también gráficas de un rancho no menos ostentoso propiedad de la familia que gobernó Colima en la anterior administración. Ambos inmuebles suman, según peritos valuadores, casi 35 millones de pesos, cantidad que no pudo percibir en sus años al frente del gobierno estatal el referido exmandatario, como lo anotamos líneas atrás, y menos aún acumular tal cifra a lo largo de sus 23 años de trabajo en la burocracia menor y en dos cargos importantes, como él ha sostenido.
Tres días después de que Locho exhibiera las fotos del palacete de Silverio, éste respondió diciendo que no valía 10 sino 7 millones de pesos la finca, con lo que el exgobernador cometió uno de sus peores errores: admitir el hecho y confiar en su presunta impunidad. En realidad, se estima que esa residencia, que todavía aparece registrada por un prestanombres, tiene un costo superior a los 12 millones de pesos, pues incluye un menaje ampuloso.
En cuanto al rancho de Cavazos en el municipio de Cuauhtémoc, éste ha sido valuado en más de 22 millones de pesos, pues cuenta con caballerizas, lago artificial y un acceso de 300 metros de superficie empedrada, entre otros aditamentos como dos albercas, canchas, casa principal, vialidades internas de concreto hidráulico, terrazas y un extenso y valioso terreno de 13 hectáreas. Esta revelación ya no tuvo respuesta por parte del exmandatario, mientras el gobernante Mario Anguiano evadió declarar en torno a ella, con lo que confirmó que el asunto ya es indefendible.
Así, al clamor levantado por Leoncio Morán siguieron las adhesiones en pro de la auditoría de parte de la diputada federal perredista Indira Vizcaíno, del legislador local Nicolás Contreras, del Panal, lo mismo que del líder estatal solaztequista, Francisco Rodríguez, y del dirigente panista, Fernando Antero. Hasta Olaf Presa, tribuno del PT, junto con el líder de esas siglas, Joel Padilla, se agregaron a la denuncia popular, pidiendo auditoría a la administración de Cavazos o exigiendo pagos que dejó pendientes.
A Mario Anguiano no le quedó más alternativa que agendar un encuentro con Locho. No habrá revelaciones mayores en la plática, pero el actual gobernador ya no defendió a Cavazos como lo hizo con el caso de la residencia al norte de la capital, y más bien le recomendó a Leoncio que acudiera ante el Congreso local o federal para el tema del desvío de recursos en contra de Silverio, y al Ministerio Público estatal en lo referente al enriquecimiento ilícito del exmandatario. O en su defecto a la PGR, para denunciarlo por este mismo delito, pero en lo referente a recursos federales. Y cabe destacar algo importante: hasta el viernes, el legislador dijo no haber recibido todavía invitación alguna.
Si en la instancia estatal se presenta la denuncia y se abre la averiguación, el Ministerio Público no encontrará, seguramente, evidencias de delito alguno, por lo que Locho podría apelar, en un término de 15 días, ante el procurador Arturo Díaz Rivera, sólo para que éste termine confirmando lo dicho por el MP e intente archivar el expediente. Morán Sánchez apelaría al juez de lo penal y en caso de no conseguir su objetivo, procedería de igual forma, ahora ante el Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en donde el fallo del magistrado correspondiente agotará, definitivamente, los recursos. Un callejón sin salida, pues todos los funcionarios en esta cadena son incondicionales de Silverio Cavazos. La alternativa es acudir ante la PGR, donde el proceso se iría a los tribunales federales, con todas las posibilidades de tener éxito.
A Mario ya le quemó la papa caliente de las irregularidades cometidas por Silverio y la reunión con Leoncio es una confirmación de ello. Al gobernador no le conviene social ni políticamente solapar a su predecesor.
Si Locho consigue un mayor respaldo de su partido, el PAN, y de sus compañeros legisladores federales y locales, podrá avanzar en su lucha, que tiene amplia resonancia social, sobre todo porque su intención es recuperar los fondos desviados y hacer que el exmandatario regrese el dinero extraviado y sea sancionado conforme a Derecho.
Quedan para la historia las inútiles reuniones de los partidos con Mario Anguiano. Una pérdida de tiempo a puerta cerrada, pese a que se trata de asuntos que le competen a la sociedad. Por eso los abanderamientos cada día están más desprestigiados. Leoncio Morán, como diputado federal, quien ha iniciado una campaña denominada "Sí exijo transparencia", ha hecho más que todos ellos juntos hasta ahora, aunque todavía es insuficiente.

DAP: sin salida

SI algo ha distinguido al Partido de la Revolución Democrática desde hace muchos años es su tendencia a los temas coyunturales como asunto político. El más reciente es sobre el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP). Desde hace 2 semanas el nuevo grupo Movimiento Popular Colimense del PRD exhortó a los ciudadanos colimenses a ampararse contra el pago del DAP que se incluye en los recibos de luz, para, a través de las mesas de trabajo del partido negroamarillo, difundir los formatos de amparo para evitar este cobro.
En realidad no están descubriendo el hilo negro sobre este derecho. En los archivos hay antecedentes de jurisprudencias del DAP que datan desde 1979, pero pasa que nadie se ampara o no se ha amparado por diversas razones. La mayoría, por el desconocimiento de la jurisprudencia; otros, porque sus pagos de luz son mínimos y prefieren evitar el gasto extra como realizar el trámite con algún abogado. Algunos más no lo hacen porque consideran que es un asunto de responsabilidad a pesar de ser inconstitucional, debido a que advierten riegos sociales como los cortes o suspensión del servicio de energía eléctrica, luego del daño que genera a las arcas de los municipios por no percibir este dinero, como se ha registrado en otros estados del país como Tlaxcala.
En este tenor el alcalde de Colima, Ignacio Peralta, la semana antepasada hizo la sentencia terminante a los ciudadanos para señalar que si no se efectuaba el pago del DAP, se apagarían las luminarias de las calles en el municipio, ya que con lo que se percibe la comuna da mantenimiento a las mismas y paga el alumbrado público a la CFE, que en realidad es quien lo retiene a razón de 10 por ciento del precio del consumo de energía eléctrica de cada usuario. Sin embargo, a Peralta Sánchez le hizo falta justificar con sensatez la necesidad de cobrar este derecho.
Además, como lo acaba de señalar el presidente del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA), Guillermo Ruelas Ocampo, “es inconstitucional el cobro”, y todos los tribunales del país tienen la obligación de acatar la jurisprudencia al respecto. El cobro del Derecho de Alumbrado Público está basado en un porcentaje del consumo, no es por el servicio prestado, sino porque el DAP grava ese mismo consumo. Desde hace varios años la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió jurisprudencia definida y avalada por la propia Constitución General de la República, y tiene la validez de una ley porque la integran cinco fallos iguales consecutivos de los tribunales federales como la SCJN y los Tribunales Colegiados de Circuito. Por ende, los tribunales deben resolver a favor de quienes presenten una demanda. El presidente del TCA, Guillermo Ruelas, destacó que cualquier persona a quien le afecte el cobro del DAP puede presentar demanda ante el tribunal que él preside.
Ya hay varios registros de empresas particulares e instituciones que han iniciado un juicio en contra del pago del DAP y han conseguido una sentencia a su favor, entre ellas, la Universidad de Colima.
El caso más actual es el juicio de amparo que interpuso la cadena comercial Ley contra el pago del DAP, mismo que fue perdido por el ayuntamiento de Colima y ahora tendrá que devolver a esas tiendas de autoservicio más de un millón de pesos. Aunque el juicio fue iniciado desde el mes de febrero de 2008, los abogados posteriormente solicitaron la nulidad del pago y un juez federal les concedió la suspensión definitiva. Pese a que la comuna recurrió a una instancia superior como el Tribunal Colegiado, les ratificaron la sentencia que dictó el juez de Distrito.
Por lo tanto, si en la capital el corte de la luz es automático debido a que el ayuntamiento no tendría los recursos para pagar a la Comisión Federal de Electricidad, Ignacio Peralta debe extender una explicación precisa para convencer a los ciudadanos a efectuar el pago. De lo contrario, tendrá que buscar la manera de que el DAP pueda ser cobrado por el ayuntamiento sin ser inconstitucional. Para ello, como lo dijo el director de Asuntos Jurídicos de la comuna, Ricardo Alfaro de Anda, se deberán derogar por los Congresos estatales y el federal las disposiciones que dan origen a la inconstitucionalidad del cobro, y establecer las disposiciones para que los ayuntamientos lo puedan cobrar. De acuerdo a Alfaro de Anda, la comuna cobra el DAP porque la ley así se lo marca y no hacerlo sería una omisión.
El problema es que ya se han resuelto 16 juicios a favor de usuarios y grandes tiendas departamentales, y esto generará una reacción en cadena de forma masiva entre los colimenses para ampararse. En los últimos 3 años, entre asesores jurídicos y legales de las grandes tiendas y otros establecimientos, como Oxxo, Liverpool, Hotel Ceballos, y otros más, se han interpuesto 16 inconformidades ante un juez federal mediante amparos indirectos; y otros recursos de juicios de nulidad presentados ante el TCA en el estado.
Las inconformidades que surjan tendrán que ampararse a partir del contrato del servicio en un lapso de 15 días, luego del primer recibo, que en el argot jurídico a esto se le conoce como relatividad de la sentencia. Ricardo Alfaro señala que si un juez federal ordena que ya no se cobre el DAP y se le reintegre el dinero al contribuyente, es un beneficio particular para el que se inconforma, pero tampoco significa que se debe eliminar en el resto de los contribuyentes. La resolución del juez sólo beneficia a quien interpone la inconformidad.

La "negociación"

UNA reportera de la prensa alineada y oficiosa, léase Ecos de la Costa, cumpliendo su orden de trabajo interrogó a Mario Anguiano: "¿Descarta también una negociación con el DIARIO?”, a lo cual el mandatario contestó: "No, absolutamente. No se trata de negociación, no hemos llegado ni a acuerdos con el DIARIO DE COLIMA, se trata de aprovechar las potencialidades de las personas, en este caso del licenciado Victórico, pero de ninguna manera está vinculada con algún acuerdo o negociación, (;) los acuerdos que lleguemos a tener les aseguro que serán transparentes y la población los conocerá. Muchas gracias". Le aclaramos al gobernante que esta Casa Editora no establece acuerdos políticos ni económicos; solamente sostenemos relaciones institucionales y comerciales. En cuanto al presidente del Consejo de Administración del Ecos, no tendría caso preguntarle si él hizo una "negociación" con el gobierno del estado, pues es evidente que la tiene desde la administración anterior, como todo Colima lo sabe.