Ricardo Anaya prevé amparos por ley 3 de 3
Foto Agencia
Viernes 17 de Junio de 2016 3:03 pm
+ -Esta nueva legislación sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex; y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas
El dirigente del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, auguró una serie de amparos en contra de la Ley de Responsabilidades Administrativas, conocida como ley 3 de 3, que obliga a particulares que hacen negocio con la administración pública a hacer su declaración patrimonial, fiscal y de intereses y publicitaria.
Si bien es cierto, dijo Anaya, que la corrupción suele involucrar a un político y a un particular, esta decisión legislativa no se basa en reflexión seria alguna.
“La idea de hacer obligatoria la declaración 3 de 3 para los ciudadanos no está basada en ninguna reflexión seria, ni en experiencias internacionales. Lo que busca es que se activen amparos en contra de la Ley y así frenar el ímpetu de la exigencia ciudadana hacia la clase política”, expresó a través de un comunicado.
Dijo que la redacción del inciso b) del nuevo artículo 32 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pretende, en el fondo, descarrilar el movimiento cívico a favor de la Ley 3 de 3, al convertir las declaraciones no en una obligación de la clase política, sino en un “nuevo trámite” para becarios, pensionados y todo tipo de beneficiarios de programas sociales.
Esta nueva legislación, detalló, sería aplicable a casi 35 millones de personas, como podrían ser los beneficiarios de Prospera y Proagro pensionados del IMSS, ISSSTE y Pemex; y becarios de Conacyt, entre otros grupos que reciben apoyo de instituciones públicas.
“Lo decimos con claridad: es una trampa vil. No sólo es una aberración técnica, es un franco intento por torpedear el Sistema Nacional Anticorrupción”, aseveró Anaya Cortés.
El queretano subrayó que con esta decisión de aplicar el 3 de 3 a particulares se desvirtúa el propósito del Sistema Nacional Anticorrupción y se hace un enorme daño al país.
