Por unanimidad, aprueba Congreso del Estado Sistema Estatal Anticorrupción
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Miércoles 15 de Febrero de 2017 8:29 pm
+ -Contempla nuevas instituciones y mecanismos para castigar a funcionaros deshonestos; busca evitar la impunidad; deberá expedir el Congreso ley que establezca la coordinador del este Sistema
Los diputados integrantes del Congreso del Estado aprobaron de manera unánime la creación del Sistema Estatal Anticorrupción, mediante la cual buscan evitar actos fuera de la ley de los servidores públicos.
Con las reformas y adiciones a 25 artículos de la Constitución Política del Estado de Colima, se crean dependencias y figuras para combatir la corrupción y evitar la impunidad de quienes la cometen.
El dictamen mediante el cual se crea el Sistema Estatal Anticorrupción propone crear una Fiscalía Anticorrupción y un Tribunal de Justicia Administrativa para castigar a los funcionarios deshonestos.
Tal dictamen incluyó las iniciativas del gobernador Ignacio Peralta Sánchez, así como de la presentada por Martha Sosa Govea y otros integrantes de la fracción del PAN en el Congreso local.
Además, tiene como objetivo homologar la Constitución del estado de Colima con la federal, misma que fue modificada para crear el Sistema Nacional Anticorrupción.
La enmienda aprobada en la sesión ordinaria del día de ayer, establece que el Sistema Estatal Anticorrupción estará integrado por un comité coordinador y un comité de participación.
El comité coordinador estará integrado por un ciudadano, el Auditor superior del estado, el titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción, el presidente del INFOCOL y el presidente del Supremo Tribunal de Justicia.
Mientras que el comité de participación se integrará con cinco ciudadanos que tengan trayectoria en la promoción de la transparencia y la rendición de cuentas en la entidad.
La reforma también contempla la sustitución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TAE) por un Tribunal de Justicia Administrativa, para sancionar a funcionarios que cometan faltas administrativas graves.
Igualmente propone la creación de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, misma que será la encargada de investigar y perseguir los actos de corrupción que deriven en delitos.
Se amplían las facultades del Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG), con la finalidad de que puedan realizarse auditorías en tiempo real, sin atender principios de posterioridad y anualidad.
Con la reforma constitucional aprobada ayer por los diputados integrantes del Poder Legislativo, se ampliará la prescripción de las faltas administrativas graves, de tres hasta siete años.
El dictamen correspondiente a la reforma establece que la meta del Sistema Estatal Anticorrupción es que todas las autoridades realicen sus funciones dentro del marco de la ley.
De igual forma que los ciudadanos estén protegidos contra las arbitrariedades de sus gobernantes, y se garantice la justicia. “Busca convertir la corrupción en un acto de alto riesgo y bajos rendimientos”.
Para lo anterior, en la Constitución local se impondrá la obligatoriedad de que todos los funcionarios presenten su declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
También se prevé que a partir de la emisión de leyes reglamentarias, puedan imponerse a los servidores públicos que incurran en faltas administrativas, sanciones que van desde la amonestación hasta la inhabilitación.
Así como sanciones económicas, mismas que deberán fijarse de acuerdo con los beneficios económicos y en los perjuicios patrimoniales que haya causado el responsable.
El dictamen leído en tribuna añade que “parte medular de la reforma consiste en erradicar la impunidad, es decir que ninguna persona cometa actos de corrupción que afecten a la hacienda pública”.
A partir de la aprobación de esta reforma constitucional, el Congreso del Estado deberá expedir la ley que establezca las bases de coordinación del Sistema Estatal Anticorrupción.
En sus artículos transitorios, el dictamen señala que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo continuará funcionando, en tanto el Poder Legislativo no emita las leyes de coordinación e integre el Tribunal de Justicia Administrativa.
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