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El mexicano Anastasio Hernández fue golpeado y torturado por 12 policías fronterizos en mayo de 2010

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Sábado 25 de Febrero de 2017 11:44 am

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El mexicano Anastasio Hernández fue golpeado y torturado por 12 policías fronterizos en mayo de 2010


El gobierno de Estados Unidos acordó pagar un millón de dólares a los cinco hijos que sobreviven al mexicano Anastasio Hernández, para poner fin a la demanda contra los agentes que lo mataron en 2010, informó el abogado de la familia.

El acuerdo fue alcanzado en un tribunal federal en Arizona, a donde el caso se trasladó para evitar conflicto de intereses en San Diego, donde el indocumentado vivió por 27 años; iba a ser deportado.

La muerte de Anastasio ha sido una de las más polémicas a manos de agentes fronterizos estadunidenses.

El 28 de mayo de 2010 una docena de agentes golpeó y aplicó repetidas descargas eléctricas contra Hernández, quien estaba esposado a la espalda, con el rostro contra el piso, sometido por una rodilla que le presionaba por la nuca.

El inmigrante de oficio albañil murió en Chula Vista, California, en un hospital a donde llegó con muerte cerebral. La golpiza fue grabada al menos con dos celulares. El médico forense del condado de San Diego determinó con la autopsia que la muerte de Anastasio Hernández fue un homicidio.

El caso se encontraba retenido indefinidamente en la novena Corte de Apelaciones, en San Francisco.

Eugene Iredale, abogado de la familia, explicó que “no era conveniente que el gobierno de Estados Unidos se negara a compensar a la familia, especialmente ante la posibilidad de una demanda prolongada que, como implica el monto que se ofrece, reconoce que fue una muerte injustificada”.

El acuerdo alcanzado fuera de tribunales establece que se pagará a los cinco hijos un millón de dólares, a los que hay que restar casi un cuarto de millón en honorarios de abogados y gastos en el proceso.

El convenio aún debe ser aprobado por un magistrado federal posiblemente a principios de marzo, cuando la corte presida una audiencia en Phoenix, Arizona.

Aunque el caso pasó a Derechos Humanos del Departamento de Justicia y al FBI, a finales de 2015 se determinó que no se presentarían cargos criminales en contra de los 12 agentes implicados.

AGENCIAS



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