Texas aprueba ley que prohíbe “ciudades santuario”
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Jueves 27 de Abril de 2017 2:26 pm
+ -La Cámara de Representantes de Texas aprobó, de manera preliminar, una iniciativa de ley que prohíbe las “ciudades santuario”, con ello los departamentos de policía y sheriff locales están autorizados a preguntar sobre el estatus migratorio a las personas detenidas por cualquier motivo.
La Cámara de Representantes de Texas aprobó, de manera preliminar, una iniciativa de ley que prohíbe las “ciudades santuario”, con ello los departamentos de policía y sheriff locales están autorizados a preguntar sobre el estatus migratorio a las personas detenidas por cualquier motivo.
Después de más de 16 horas de debate, que provocó lágrimas en algunos legisladores, la Cámara de Representantes otorgó la madrugada de este jueves una aprobación preliminar a la iniciativa SB 4 con una votación de 94 a favor con 53 en contra.
Más de 170 enmiendas fueron presentadas al proyecto de ley, y el proceso concluyó alrededor de las 03:00 horas locales de este jueves cuando los legisladores acordaron poner fin al debate.
Entre las enmiendas aprobadas, se incluyó una que permitirá a todos los policías locales poder preguntar sobre el estatus migratorio a toda persona que haya sido detenida por cualquier motivo, incluyendo las rutinarias paradas de tráfico, además les otorga mayor poder para aplicar la ley federal de migración.
Con esa enmienda como parte de la SB4, Texas adoptará un estatuto similar a la previsión de la controvertida ley de Arizona SB1070, que es conocida como “muéstrame tus papeles”, al autorizar a los policías el poder cuestionar sobre el estatus migratorio.
El Senado ya aprobó el proyecto de ley SB4 en febrero pasado, por lo que ahora un comité integrado por legisladores de ambas cámaras, se reunirá para negociar las diferencias en las versiones de los dos organismos legislativos antes de obtener la aprobación final.
La SB4 tiene como objetivo prohibir que los gobiernos locales adopten políticas consideradas "santuario" para los inmigrantes indocumentados, al impedirles el negarse a acatar las leyes federales de migración.
Bajo la iniciativa, los gobiernos locales y los departamentos de policía que se nieguen a acatar las leyes federales de migración podrían dejar de recibir millones de dólares en fondos públicos y enfrentar multas y otras sanciones.
El proyecto de ley también sancionaría a los sheriffs, policías y jefes de policía por no cooperar con las autoridades federales o por no atender las solicitudes de detención de los agentes de migración para mantener retenidos a migrantes sujetos a la deportación.
La iniciativa fue clasificada como prioritaria por el gobernador de Texas, Greg Abbott, que ha recortado fondos públicos al Departamento del Sheriff del Condado de Travis, por su decisión de no retener en la cárcel a los inmigrantes indocumentados sin delitos pendientes para que pudieran ser deportados por autoridades federales.
Los demócratas han advertido que el proyecto de ley podría abrir la puerta a la elaboración de perfiles raciales.
Los opositores, entre ellos muchos jefes de policía y dirigentes empresariales, están preocupados de que la medida perjudique a la economía y amplíe el temor en los inmigrantes, tanto legales como indocumentados, lesionando las relaciones con la policía local y haciendo a las comunidades menos seguras.
Los opositores también temen que la medida fomente el perfil racial entre los agentes que quieren evitar ser acusados de no cumplir con las leyes federales de migración.
Los jefes de policía de algunas de las ciudades más grandes de Texas, incluyendo Houston, San Antonio y Austin, se han opuesto a la legislación.
Legisladores demócratas, organismos empresariales y otros opositores entre ellos algunos funcionarios públicos, amenazaron con interponer demandas para solicitar a las cortes que frenen la SB4, al considerarla violatoria de derechos en varios de sus aspectos.
La propuesta se aprueba dos días después que un juez federal en California negó al presidente estadunidense Donald Trump la posibilidad de imponer sanciones a ciudades que se declaren santuario.
El juez federal de distrito William Orrick de San Francisco dictaminó que el presidente estaba excediendo su autoridad constitucional al tratar de castigar a los gobiernos locales que no estaban de acuerdo con sus políticas de migración.
