Concluye el proceso de fiscalización 2017 de organismos de agua potable
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Viernes 21 de Septiembre de 2018 3:29 pm
+ -El Congreso del Estado concluyó el proceso de revisión y fiscalización de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los organismos operadores de agua potable de los municipios de Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería.
El Congreso del Estado concluyó el proceso de revisión y fiscalización
de los resultados de la cuenta pública del ejercicio fiscal 2017 de los
organismos operadores de agua potable de los municipios de Comala, Coquimatlán,
Cuauhtémoc, Ixtlahuacán y Armería.
Las cuentas públicas de los cinco entes fiscalizados tuvieron
observaciones en materia de responsabilidades, según se desprende de los
dictámenes elaborados por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización
de los Recursos Públicos.
Al evaluar la gestión financiera de los cinco organismos operadores del
servicio de agua potable, los informes de Resultados de la Revisión y
Fiscalización de la Cuenta Pública 2017 del Órgano Superior de Auditoría y
Fiscalización Gubernamental, señalan que 121 observaciones no fueron
solventadas.
La Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Comala sumó 13 observaciones sin solventar;
la de Coquimatlán, 38; Cuauhtémoc, 24; Ixtlahuacán, 19, y Armería, 27.
Al igual que con las cuentas públicas de los municipios y los poderes
Judicial y Legislativo, en las de los organismos de agua potable el Osafig determinó que en general, y
respecto de las muestras auditadas, los entes fiscalizados cumplieron con las
disposiciones normativas aplicables, excepto por los resultados de las
observaciones no solventadas.
Derivado del estatus que guardan las observaciones y por el
incumplimiento a la atención de las acciones promovidas para su solventación,
los servidores públicos responsables por las presuntas irregularidades podrán
ser acreedores a sanciones administrativas.
De acuerdo a lo establecido en la Constitución del Estado de Colima, las
faltas administrativas graves serán investigadas y substanciadas por el Osafig
y los órganos internos de control y serán resueltas por el Tribunal de Justicia
Administrativa del Estado.
En tanto, las faltas y las sanciones administrativas no graves
corresponderá investigarlas a los órganos internos de control.
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