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Viernes 28 de Septiembre de 2018 8:02 am

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EL ex gobernador Mario Anguiano Moreno fue condenado ayer por el Congreso del Estado a devolver 515 millones 174 mil 928 pesos que durante su administración desvió de las arcas públicas.

EL ex gobernador Mario Anguiano Moreno fue condenado ayer por el Congreso del Estado a devolver 515 millones 174 mil 928 pesos que durante su administración desvió de las arcas públicas.

Además, los diputados lo inhabilitaron para ocupar cargos públicos durante 14 años. También fueron inhabilitados el ex secretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos, y la ex secretaria de Finanzas y Administración, Isabel Ávalos Fernández –quienes fungieron en esos cargos en el anguianato–, por 5 y 4 años, respectivamente.

El dictamen de la Comisión de Responsabilidades fue votado en el Pleno por 21 diputados a favor, tres abstenciones y cero en contra. A la sesión se presentó Nabor Ochoa López, pero la abandonó poco antes de la votación. Llamó la atención que se abstuvieran las panistas Martha Sosa, Norma Padilla y Edith Velázquez, lo que incrementa la sospecha de la cercanía del PAN con Mario Anguiano en la elección de Gobernador, en 2015.

Esta sanción se deriva del uso indebido de un crédito de 638 millones de pesos que Anguiano Moreno contrató para fines distintos a los que manifestó al Congreso local para que le aprobase adquirirlo, esto es, también mintió.

Mario Anguiano usó 515 millones de pesos en fines distintos de los 638 millones autorizados del empréstito, que le sirvieron para cubrir el hoyo financiero de un crédito previo impagado.

Ese es el mérito del gobernador José Ignacio Peralta Sánchez: haber puesto orden riguroso en las finanzas públicas estatales que recibió devastadas, a punto de colapso, luego de varios años de saqueo.

Es meritorio que Peralta Sánchez haya procedido contra Anguiano Moreno investigando por sí mismo y aportando al Osafig información recabada por auditorías gubernamentales (el Libro Blanco). Y lo es también en el caso del Congreso, que finalmente procedió, luego de que el ex gobernador recurrió a marrullerías para posponer acciones jurídicas en su contra.

Hay más actuaciones legales pendientes contra el ex mandatario, derivadas de otras irregularidades. El caso aún continúa.

Editorial



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