Burócratas se aferran a su salario; prevén gran número de amparos
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Lunes 19 de Noviembre de 2018 5:28 pm
+ -Funcionarios de confianza de 297 entes públicos contactan a despacho de abogados para asesorarse ante una inminente reducción de su pago
Personal de confianza de 297 entes de la administración pública federal
contactó al despacho de abogados Trusan & Roma para asesorarse en busca de
un amparo que impida la reducción de su salario.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
establece que los funcionarios no podrán ganar más que el presidente electo
(108 mil pesos netos al mes) y que ya no habrá compensaciones.
“Servidores públicos de la administración actual federal y del Poder
Judicial de la Federación están con una grave preocupación”, afirmó Rodolfo
Martínez, experto en derecho constitucional y socio de la firma Trusan &
Roma.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener
mayor información de su propuesta de amparo”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza,
según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
Alistan amparos por baja salarial
Funcionarios federales de al menos 297 entes analizan cómo protegerse
ante la reducción de ingresos o de prestaciones.
Personal de confianza de al menos 297 entes de la administración pública
federal ya contactó a la firma de abogados Trusan & Roma para explorar la
posibilidad de ampararse ante una inminente reducción de su salario a partir de
la primera quincena de enero de 2019.
La nueva Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos
elimina las compensaciones e impide a los funcionarios ganar más que el
Presidente, y como Andrés Manuel López Obrador anunció que su salario mensual
será de 108 mil pesos netos, se verán afectados los funcionarios que tienen
sueldos de entre 140 mil y 220 mil pesos al mes.
Desde que dicha ley se publicó el 5 de noviembre en el Diario Oficial de
la Federación (DOF), los teléfonos de la firma de abogados Trusan & Roma no
paran de sonar, las visitas de los servidores públicos a las instalaciones no
cesan y la bandeja de correos está saturada.
En una reunión en Trusan & Roma en la que decenas de servidores
públicos solicitaron información para obtener un amparo y evitar con ello una
disminución de sus salarios o sus compensaciones.
Quienes ganan menos de 108 mil pesos mensuales están buscando ampararse
para no perder sus compensaciones, como seguros de gastos médicos mayores,
seguros de vida y de separación individualizado, mientras que los directivos
que sí ganaban más de esa cantidad están buscando jubilarse de manera
anticipada o de plano exigen su liquidación.
“Si me preguntas en cuáles dependencias se está viviendo más
incertidumbre, yo te diría que la respuesta es: en todas. Todos los servidores
públicos de la administración actual federal y del Poder Judicial de la
Federación están con una grave preocupación por ver reducidas sus
remuneraciones”, afirmó Rodolfo Martínez, experto en derecho constitucional, de
la Facultad de Derecho de la UNAM, y socio de la firma Trusan & Roma.
Son cientos de correos los que Trusan & Roma está recibiendo. Entre
ellos hay uno de un empleado de la Secretaría de Relaciones Exteriores, que
labora en el extranjero, y le solicita a la firma que videograbe alguna de las
próximas dos reuniones que habrá con servidores públicos.
En un correo del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares
informan de una “colectividad de 40 servidores públicos interesados en tener
mayor información de su propuesta de amparo, pero de viva voz”.
Algunas dependencias operan con más de 70% de trabajadores de confianza,
según datos del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y
Protección de Datos Personales.
La Secretaría de la Defensa Nacional tiene a 100% de su personal como de
confianza, al igual que la Procuraduría General de la República y la Secretaría
de la Función Pública.
En la Secretaría de Gobernación tienen esa condición 90% de los
trabajadores, en Hacienda y Crédito Público, 75%, al igual que en Trabajo y
Previsión Social, mientras que en la de Energía es 71 por ciento.
TRANSMITEN MIEDO
Entre los empleados de dependencias como Petróleos Mexicanos circulan
mensajes de WhatsApp con supuestos tabuladores, cuyo origen nadie conoce, según
los cuales los salarios quedarían disminuidos desde un 18%, en el caso de los
trabajadores especializados, y en porcentajes progresivos hasta el director
general.
“Lo que hay entre todos los empleados aquí en Pemex es pánico”, dijo uno
de los trabajadores de la petrolera, al mostrar a Excélsior los supuestos
nuevos tabuladores, que circulan en redes sociales.
La primera pregunta con la que llegan los servidores públicos de
confianza a Trusan & Roma es: “¿en serio van a disminuir nuestros
salarios?”. Luego cuestionan si pueden hacer algo para impedirlo y, por último,
si pueden ampararse ante una situación así.
De acuerdo con el Censo de Gobierno 2017 del Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi), hay 318 mil empleados que ocupan puestos de
confianza y que representan 20.3% del total de la administración pública
federal.
El escenario que prevén es el de ver disminuidos sus salarios y la
posibilidad de que las instituciones judiciales luchen por mantener los
derechos laborales, que aseguran les han costado mucho trabajo ganar.
Ante ello ya salieron a la luz algunos despachos, entre los que están
Trusan & Roma, que se presentan como una alternativa para que los
funcionarios puedan ampararse.
“Trusan & Roma te ofrece promover para ti un amparo indirecto contra
leyes; específicamente contra el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019,
así como contra la Ley de Austeridad Republicana que en estos momentos está en
dictaminación en el Congreso de la Unión, las cuales expresamente disminuirán
tu salario y cancelarán tus seguros”, redacta la firma de abogados en su correo
electrónico que está llegando a todos los servidores públicos federales.
“Creo que, ahora, el Poder Judicial vive el reto más importante de su
historia y su papel será proteger a todo aquel que el nuevo gobierno intente
violar sus derechos humanos, como en este caso en que se pretende tomar medidas
regresivas en perjuicio de los servidores públicos de confianza”, señaló
Martínez.
Piden renuncias
De acuerdo con Rodolfo Martínez, a funcionarios federales que pertenecen
al Servicio Profesional de Carrera (SPC) de la Secretaría de Energía, Gobernación,
Función Pública y del Registro Agrario Nacional, a través de la Secretaría de
la Función Pública, les está solicitando el acta de entrega recepción y su
carta de renuncia, sin importar el cargo que ocupen, incluso aunque sean parte
del personal operativo.
En la administración pública federal existen 32 mil 834 funcionarios del
SPC, quienes para ocupar su puesto deben continuar tomando capacitación y
presentando evaluaciones para mantener su contrato, y para obtener su
nombramiento debieron concursar y demostrar su competencia.
En 2014, la Auditoría Superior de la Federación señaló que los
principales motivos para crear una Ley del Servicio Profesional de Carrera en
la Administración Pública Federal (LSPCAPF) eran evitar la pérdida de
servidores públicos experimentados, terminar con la falta de continuidad en las
políticas públicas, eliminar el compadrazgo, la corrupción, discrecionalidad y
el arribismo de funcionarios.
“Lo primero que le digo a los funcionarios del Servicio Profesional de
Carrera que me consultan sobre si incurrirían en un desacato al no presentar su
renuncia, como se les está solicitando, es que no, ¡no renuncien! Que se las
pidan va contra la propia ley”, comentó Martínez, de Trusan & Roma.
“El artículo 44 de los Lineamientos Generales para la regulación de los
procesos de entrega-recepción y de rendición de cuentas de la administración
pública federal sólo obliga a los titulares, directores generales o aquellos
que manejen fondos a realizar este procedimiento, en caso de que se separen del
cargo”, explicó.
Para Martínez, la actual administración está llevando acciones que en
todo caso deberían de ser tomadas por el nuevo gobierno una vez que tome
posesión.
A la firma de abogados también se han acercado empleados de confianza
del Servicio de Administración Tributaria (SAT) quienes señalaron a Excélsior
que desde la primera quincena de noviembre comenzaron a sufrir efectos
negativos en sus bolsillos.
Denunciaron que el gobierno federal dejó de pagar el porcentaje
proporcional de un subsidio al que aún tienen derecho, pues está previsto en el
Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, y que cada quincena recibían con
motivo de su Seguro de Separación Individualizado, que es equivalente a una
liquidación.
ORGANISMOS AUTÓNOMOS, EN LA LISTA
El Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de Derechos
Humanos (CNDH) son dos organismos autónomos en los que hay funcionarios con
salarios superiores a 108 mil pesos al mes.
Los 11 consejeros del INE reciben en promedio 308 mil pesos mensuales
como salario bruto, lo que se convierte en poco más de 172 mil pesos netos.
El secretario ejecutivo suma percepciones por 278 mil pesos brutos.
Alrededor de 125 funcionarios electorales del INE perciben más de 108
mil pesos mensuales.
En tanto, en la CNDH hay 31 funcionarios que perciben un sueldo bruto
superior a ese monto.
El presidente del organismo, Luis Raúl González, tiene un sueldo base de
29 mil 52 pesos mensuales, más una compensación de 169 mil 589 pesos, percibe
en total 198 mil 641 pesos brutos al mes.
