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Reciben diputados a adultos mayores; ofrecen total respaldo a este sector



AGENCIAS

Lunes 26 de Noviembre de 2018 2:22 pm

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Fueron casi un centenar de adultos mayores de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán, recibidos en el Recinto Legislativo


Encabezados por las Diputadas Jazmín García Ramírez y Araceli García Muro, presidentas de la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y la Comisión de Niñez, Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, respectivamente, así como del Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, legisladores recibieron a adultos mayores encabezados por su líder Antonio Suástegui Rentería y el abogado Benjamín Luna Alatorre, para escuchar inquietudes y establecer compromisos que impulsarán desde el Poder Legislativo.

Fueron casi un centenar de adultos mayores de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán, recibidos en el Recinto Legislativo por las Diputadas Jazmín García Ramírez, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro, Martha Alicia Meza Oregón y Lizet Rodríguez Soriano, junto con los Legisladores Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Francisco Rodríguez García, Julio Anguiano Urbina y Rogelio Rueda Sánchez, quienes ofrecieron su pleno respaldo este sector tan vulnerable de la sociedad.

Antonio Suástegui Rentería, dirigente del Movimiento de Adultos Mayores y Discapacidad (Mamdis), denunció los actos injustos e inhumanos del Gobierno del Estado en contra de 2 mil 800 adultos mayores de la entidad a quienes les retiraron su apoyo económico y gracias a la presión que hizo la agrupación que preside se restituyó dicha pensión a 250 personas; exigió que el IAAP se deje de utilizar como caja chica y agencia de colocación como pago de compromisos políticos.

Solicitó el respaldo del Congreso local para destinar una partida mayor y suficiente para el desarrollo social de la entidad, pues de 4 millones de pesos anuales que se tienen a la fecha se requieren 19 millones anuales para pensiones y otros programas; así como presupuesto para la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores, cuyo decreto data del 2013 y cinco años después aún no se pone en funcionamiento por parte del Gobierno del Estado.

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