Reciben diputados a adultos mayores; ofrecen total respaldo a este sector
AGENCIAS
Lunes 26 de Noviembre de 2018 2:22 pm
+ -Fueron casi un centenar de adultos mayores de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán, recibidos en el Recinto Legislativo
Encabezados por
las Diputadas Jazmín García Ramírez y Araceli García Muro, presidentas de la
Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, y la Comisión de Niñez,
Juventud, Adultos Mayores y Discapacidad, respectivamente, así como del
Diputado Guillermo Toscano Reyes, Presidente de la Mesa Directiva del Congreso
del Estado, legisladores recibieron a adultos mayores encabezados por su líder Antonio
Suástegui Rentería y el abogado Benjamín Luna Alatorre, para escuchar
inquietudes y establecer compromisos que impulsarán desde el Poder Legislativo.
Fueron casi un centenar de adultos mayores de Colima, Villa de Álvarez, Comala, Coquimatlán, Cuauhtémoc, Armería y Tecomán, recibidos en el Recinto Legislativo por las Diputadas Jazmín García Ramírez, Blanca Livier Rodríguez Osorio, Araceli García Muro, Martha Alicia Meza Oregón y Lizet Rodríguez Soriano, junto con los Legisladores Guillermo Toscano Reyes, Vladimir Parra Barragán, Francisco Rodríguez García, Julio Anguiano Urbina y Rogelio Rueda Sánchez, quienes ofrecieron su pleno respaldo este sector tan vulnerable de la sociedad.
Antonio Suástegui
Rentería, dirigente del Movimiento de Adultos Mayores y Discapacidad (Mamdis),
denunció los actos injustos e inhumanos del Gobierno del Estado en contra de 2
mil 800 adultos mayores de la entidad a quienes les retiraron su apoyo económico
y gracias a la presión que hizo la agrupación que preside se restituyó dicha
pensión a 250 personas; exigió que el IAAP se deje de utilizar como caja chica
y agencia de colocación como pago de compromisos políticos.
Solicitó el respaldo del Congreso local para destinar una partida mayor y suficiente para el desarrollo social de la entidad, pues de 4 millones de pesos anuales que se tienen a la fecha se requieren 19 millones anuales para pensiones y otros programas; así como presupuesto para la Procuraduría de la Defensa de los Adultos Mayores, cuyo decreto data del 2013 y cinco años después aún no se pone en funcionamiento por parte del Gobierno del Estado.