Inconstitucional que FGR investigue cuentas bancarias sin orden judicial
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Jueves 20 de Junio de 2019 4:34 pm
+ -La SCJN desechó el proyecto del ministro Eduardo Medina Mora, quien proponía declarar constitucional dicho precepto, al argumentar que no viola el derecho a la privacidad.
La Suprema
Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional el artículo 142,
fracción I, de la Ley de Instituciones de Crédito, que le permitía a la
Fiscalía General de la República (FGR) solicitar información a la Comisión
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) sin previa orden judicial.
Por mayoría
de seis votos, el pleno del Alto Tribunal desechó el proyecto del ministro
Eduardo Medina Mora, quien proponía declarar constitucional dicho precepto, al
argumentar que no viola el derecho a la privacidad.
Los votos a
favor estuvieron a cargo de los ministros Luis María Aguilar, Jorge Pardo,
Eduardo Medina Mora, Javier Láynez, Yasmín Esquivel; mientras que en contra
votaron ministros Arturo Zaldívar, Norma Piña, Alfredo Gutiérrez, Juan Luis
González Alcántara, Alberto Pérez Dayán y Fernando Franco.
Al hablar a
favor, el ministro Jorge Pardo Rebolledo aseveró que el criterio de la Corte de
declarar inconstitucional dicho artículo podría poner en riesgo las
investigaciones que realiza el Ministerio Público Federal.
“Porque en
automático a partir de que ese criterio sea notificado, publicado, se van a
convertir en pruebas ilícitas toda la información, todas las solicitudes de
información bancaria sobre las cuales se estén tramitando investigaciones
incluso ya procedimientos penales sobre delitos, insisto, de toda índole no nos
fijemos solamente en los fiscales o en los de lavado de dinero de toda índole”.
Advirtió que
este criterio afectará a todas las investigaciones por cualquier delito
realizadas hasta ahora, en la que se hubiera accedido a datos bancarios.
Por otra
parte, el presidente de la Corte, Arturo Zaldívar destacó que el combate al
delito se tiene que apegar a la Constitución y al marco legal.
“El Estado
mexicano tiene la obligación de ser eficaz en el combate a la delincuencia
respetando la Constitución y si esto es así a mí me parece que el punto a
determinar es si el derecho a la intimidad y a la vida privada puede ceder
frente a una atribución del ministerio público para sin intervención judicial
acceder a cuentas y a información bancaria”.
Será hasta la
sesión del próximo lunes, cuándo el máximo tribunal del país discutirá los
alcances que tendrá está resolución, es decir, se tendrá efectos retroactivos o
no. En caso de que se le den efectos retroactivos, estarían en riesgo algunos
casos emblemáticos como los de los ex gobernadores Javier Duarte y Roberto
Borge o el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin.
Este tema fue
abordado por primera vez el 27 de noviembre de 2018, cuando el ministro José
Ramón Cossío Díaz propuso declarar inconstitucional dicho precepto y otorgar un
amparo a Pedro Guillén Mariscal, quien en 2012 no declaró ingresos por 1.4
millones de pesos.
La Corte solo
se pronunció sobre la facultad de la FGR, pero el artículo 142 también ordena a
los bancos entregar información a las Fiscalías estatales, la Auditoría
Superior de la Federación, la Secretaría de la Función Pública, el SAT y
autoridades fiscales locales, y la Procuraduría de Justicia Militar, todos sin
orden judicial.
El amparo
otorgado hoy a Pedro Guillén Mariscal, acusado por fraude fiscal de 5 millones
de pesos, no invalida el artículo 142, fracción 1, de la LIC, pero garantiza
que se concederán amparos a los investigados si la FGR lo sigue aplicando.
El Pleno
discutió el caso de Guillén en noviembre de 2018, pero no hubo pronunciamiento,
pues se desechó un proyecto del ministro José Ramón Cossío, quien ya se retiró.
Todo indica
que Guillén no será absuelto, porque el tribunal colegiado que revisó la
condena en su contra, consideró que había pruebas adicionales a los reportes
bancarios, que confirman su culpa.
La Corte ya
había suprimido, desde 2017, la facultad de la FGR para bloquear cuentas
bancarias y otros activos de sospechosos, y en 2018, declaró inconstitucional la
misma atribución de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), oficina de la
Secretaría de Hacienda.
En este
último caso, sin embargo, el Congreso no ha reformado el artículo 115 de la
LIC, por lo que la UIF sigue bloqueando cuentas.
El pasado 21
de mayo, el Consejo de la Judicatura Federal anunció que las solicitudes de la
FGR sobre cuentas bancarias será revisadas por los seis jueces adscritos al
Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de
Investigación, que operan en virtual secreto en un edificio de Insurgentes Sur,
y resuelven las solicitudes por internet.
El Acuerdo
del CJF aclara que los jueces serán competentes para procesar solicitudes del
MPF “desde el inicio de la etapa de investigación inicial, durante la misma y
hasta antes de que se judicialice el asunto”, pero no hace referencia a la UIF.
