Reformarán la Ley para sancionar con severidad violencia sexual en escuelas
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Viernes 02 de Agosto de 2019 4:21 pm
+ -Protegerán a niñas, niños y adolescentes, para evitar que sean ultrajados.
La legisladora Ana Karen
Hernández Aceves propuso en el Congreso del Estado una iniciativa de reforma a
la Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en nuestra entidad,
tendiente a proteger a quienes son menores de edad y evitar que sean víctimas
de violencia sexual en las escuelas.
La propuesta busca
reformar las fracciones XI y XII del artículo 58 de esa ley, para quedar así:
“Conformar una instancia multidisciplinaria responsable que establezca
mecanismos para la prevención, atención y canalización de los casos de
maltrato, perjuicio, daño, agresión, abuso, violencia sexual o cualquier otra
forma de violencia contra niñas, niños y adolescentes que se suscite y/o
detecte en centros educativos”.
Igualmente, para que se
elaboren protocolos de actuación sobre situaciones de acoso, violencia escolar
y violencia sexual que afecte a niñas, niños y adolescentes, para guiar la
actuación del personal en las escuelas, y para quienes ejerzan la patria potestad,
tutela o guarda y custodia.
De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud, la violencia sexual es todo tipo de acto
sexual o tentativa de consumarlo, comentarios o insinuaciones sexuales no
deseados, acciones para comercializar o utilizar la sexualidad de una persona
mediante coacción por otra persona, independientemente de su relación con la
víctima, en cualquier ámbito, incluidos el hogar y el lugar de trabajo.
La OMS ha reconocido que
la violencia sexual afecta a millones de personas en todo el mundo; que
representa un problema grave de salud pública global y constituye un problema
de derechos humanos de las víctimas y de justicia social, y uno de los grupos
más vulnerables ante este tipo de violencia son las niñas y niños.
“Una violencia cuya
magnitud y consecuencias son amplias, pero sobre la que poco se ha incidido
para contener y atender de manera efectiva”, estableció la legisladora
manzanillense.
Para el Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el abuso sexual infantil o
infanto-juvenil es una forma de violencia a la infancia que ocurre con mayor
frecuencia de la que se piensa, que constituye desde el minuto cero un delito,
con graves consecuencias que pueden durar toda la vida.
Medir la magnitud de la
violencia sexual y del abuso sexual infantil no es tarea fácil pues se estima
que respecto a este fenómeno no existen estadísticas confiables, pues es un
problema que no se detecta a tiempo o es ocultado, sin llegar a la denuncia.
Según cifras de la OMS,
150 millones de niñas y 73 millones de niños han sido sexualmente violentadas y
violentados en el mundo; una de cada cuatro mujeres y uno de cada seis hombres
será abusado sexualmente antes de sus 18 años; y hasta 20% de mujeres refieren
antecedentes de abuso sexual infantil.
De acuerdo con datos
recopilados por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, entre 2010 y
2015, se integraron 6 mil 300 averiguaciones previas en materia de abuso sexual
infantil en quince estados de nuestro país. No obstante, esta Comisión estima
que existe una "cifra negra" superior al 94% en lo que hace a los
delitos sexuales.
Por su parte, la
organización “Save the Children” reporta que cuatro personas en cada diez
delitos sexuales son en menores de edad. En México, cada año se cometen al menos
600 mil delitos sexuales. Más de 28 mil personas figuran como víctimas en
averiguaciones previas registradas entre 2010 y 2015 por casos relacionados con
violencia sexual hacia niñas menores de 15 años de edad.
En el mismo periodo
fueron atendidas 317 mil 996 niñas y adolescentes hasta 15 años de edad por
casos de violencia sexual y las personas que agreden a las niñas y niños
generalmente forman parte de su círculo “de cuidado” y convivencia inmediata:
padres, padrastros, hermanos, abuelos, primos y personas conocidas de la
familia.
Karen Hernández dijo que
fuera de la familia suelen ser otros cuidadores o personas con las que se
relacionan: docentes y personal de instituciones educativas, niñeras,
entrenadores deportivos, sacerdotes, líderes de grupos y otros; figuras de
autoridad y contacto frecuente con las y los niños agredidos.
Concluyó que como
maestra, sabe que la comunidad escolar es espacio central para prevenir y
detectar las diferentes formas de violencia sexual que pudieran estar viviendo
niñas y niños, dado el contacto cotidiano y directo, así como el nivel de
conocimiento que pueden tener las y los docentes y otros actores educativos
respecto a cada una de las y los menores a su cargo.
“En ese sentido, es
pertinente que las y los adultos cuidadores sepan qué hacer ante un caso de
abuso sexual infantil. En especial, las y los docentes deben contar con una
ruta o protocolo de actuación ante esta forma de violencia”, concluyó la
diputada manzanillense.
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