Registro Civil, instancia para resolver problema de identidad
Miércoles 11 de Septiembre de 2019 8:51 am
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El Registro Civil del Estado de Colima podría regularizar por la vía administrativa situaciones de doble identidad, generadas por la variación del nombre de una persona en documentos oficiales. Juan Carlos Carrasco Fernández, director del Registro Civil del Estado, explicó en entrevista que de prosperar una iniciativa enviada por el gobernador José Ignacio Peralta Sánchez al Congreso del Estado, se le dotaría de facultades a la instancia que representa para resolver ese tipo de situaciones. Detalló que existen situaciones donde una persona varía su nombre en documentos o instancias oficiales, distinto al que se le registró de nacimiento, lo que le genera problemas de identidad. Indicó que la propuesta del Ejecutivo es una reforma al Código Civil del estado para facultar al Registro Civil estatal y “resolver la utilización de un nombre distinto al que está asentado de manera primigenia en tu acta de nacimiento”. Ejemplificó que en ocasiones la persona abrevió su nombre en un documento oficial, diferente a como aparece en su acta de nacimiento, lo que le genera una doble identidad. “Pues puede suceder que si está registrada la persona como Ma. de Jesús, pero toda su vida se identificó como María de Jesús, ahí se tendría la posibilidad de rectificar el nombre por la vía administrativa”, sostuvo entre los ejemplos más marcados. Señaló que la iniciativa se envió a inicios de septiembre y espera sea analizada por comisiones, para después se presente al pleno del Congreso local, se discuta y, en su caso, se vote. Detalló que la regularización de la identidad de una persona son casos recurrentes que actualmente se llevan por la vía judicial, alrededor de 500 al año, y que además de representar un lapso de un año para resolverse, las personas erogan cerca de 15 mil pesos. Con la reforma propuesta, dijo, se busca resolver en un máximo de 3 días y reducir el costo a mil 200 pesos el trámite de regularización de identidad, bajo un proceso administrativo y no judicial, lo que representaría un beneficio social directo en tiempo y gasto.
