CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente Andrés Manuel López Obrador envió ayer a la Cámara de Diputados una iniciativa de Ley de Amnistía, que beneficiará a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, porque son consumidores acusados de narcomenudeo, o porque por pobreza o amenazas participaron en ilícitos. También beneficiará a personas presas por robo simple sin violencia; mujeres criminalizadas por haber tenido un aborto y médicos o parteras acusados de participar en éstos, a personas indígenas que no tuvieron una adecuada defensa, y a presos políticos o de conciencia, “acusados por delitos inverosímiles”. En ningún caso -de acuerdo al comunicado dado a conocer- se liberará a personas señaladas por delitos graves, que hayan causado daños graves a las personas; que su sentencia sea por homicidio, lesiones o secuestro o que hayan utilizado armas de fuego. La iniciativa fue presentada ayer en conmemoración de la liberación, en 1810, de personas injustamente presas, y como un compromiso del gobierno federal por aliviar la falta de acceso a la justicia por pobreza y corrupción, explicó el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara, Mario Delgado Carrillo. El Diputado recordó que ayer, en un aniversario más del Grito de Independencia, en algunas entidades del país son indultados presos cuya culpabilidad es dudosa o poco el monto por el cual se les señala. Pero en el caso de la iniciativa enviada y que será presentada por Morena, expuso Delgado Carrillo, se plantea amnistía, no indulto. De acuerdo a la propuesta, la liberación está condicionada a que no se trate de reincidentes y que no se trate de delitos graves relacionados en el artículo 19 Constitucional, es decir, atañidos con delincuencia organizada, violación, trata de personas o ilícitos cometidos con medios violentos como explosivos. Se propone que la Fiscalía General de la República vigilará que se dé cumplimiento de esas condiciones y la Secretaría de Gobernación hará lo propio respecto de los “presos políticos”, se informó. Se propone que el Ejecutivo Federal integre una Comisión que dará seguimiento y vigilará la aplicación de la Ley de Amnistía, y ese grupo podrá solicitar el beneficio de la Ley cuando existan casos que lo ameriten.
