Proponen diputados reforzar mecanismos de protección a periodistas
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Martes 25 de Febrero de 2020 5:53 pm
+ -Legisladores propusieron triplicar a los funcionarios que analizan los riesgos y definen medidas de protección a defensores de derechos humanos y periodistas; además, duplicar a los que reciben los casos y les dan trámite.
Debido al
incremento en el número de agresiones y amenazas a periodistas y defensores de
derechos humanos, diputados federales propusieron triplicar a los funcionarios
que analizan los riesgos y definen medidas de protección, y duplicar a los que
reciben los casos y les dan trámite.
Según la
iniciativa de reformas a la Ley de Protección de personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, dada la carga de trabajo se requiere fortalecer
al actual Mecanismo de Protección, pero modificar su marco legal para que deje
de ser la Secretaría de Gobernación la responsable de su operación y se
convierta en órgano desconcentrado, sectorizado de esa dependencia.
Con ese
cambio, entre otras cosas se busca que el Mecanismo cuente con presupuesto
etiquetado desde la Cámara de Diputados.
De acuerdo
con la propuesta publicada en la Gaceta Parlamentaria aumentarían de 5 a 15
personas las integradas a la Unidad de Evaluación de Riesgos, que analiza y
propone medidas de protección para periodistas o activistas en riesgo, así como
su temporalidad.
En tanto, la
Unidad de recepción de casos y reacción rápida, que es la instancia auxiliar
que recibe las solicitudes de incorporación al Mecanismo de protección y define
los casos que serán atendidos, sería reforzada con un aumento de 5 a 10
integrantes.
Se pretende
sacar esta reforma en el presente periodo ordinario de sesiones, junto con
otras 12 enmiendas legales que integran la agenda en materia de libertad de
expresión anunciada hace unos días por la diputada presidenta de la Comisión de
Gobernación, Rocío Barrera.
La propuesta
fue suscrita por todas las bancadas integrantes de la Comisión y entre las
novedades se propondrá que además de medidas preventivas y de protección se
proporcionen a los periodistas y defensores beneficiarios "medidas
sociales".
Estas son
para garantizar la estancia de la persona en riesgo en lugar distinto de su
residencia: vivienda, alimentación, salud, trabajo, lo que permitirá que no
sólo se proteja la vida de los activistas o periodistas amenazados, sino que
garanticen para él o ella y su familia calidad de vida y que puedan seguir
desarrollando sus actividades, lo que hoy no hace factible la ley.
En estas
medidas serán responsables de colaborar instituciones federales, estatales y
municipales.
Otro cambio
consistirá en el reconocimiento de actividades que se realizan no sólo en
prensa escrita o en medios electrónicos, sino en "entorno digital"
que usa tecnologías de información para la difusión y el intercambio de textos,
documentos y contenido gráfico o audiovisual.
Respecto a la
estructura del Mecanismo, se proponen algunas modificaciones para que pueda
analizar más casos, coordinarse mejor con estados y municipios, tener
lineamientos para la toma de decisiones y para medir sus resultados.
Como hoy, ese
Mecanismo se integrará por tres instancias, una Junta de Gobierno (responsable
de decretar o modificar medidas preventivas y del que se propone excluir a la
representación de la Fiscalía General de la República FGR), un Consejo
Consultivo y una Coordinación Ejecutiva Nacional (CEN) -donde están las
Unidades citadas-.
Esta CEN,
(que aumentaría de 3 a 6 unidades) coordinará con las entidades, las
dependencias y organismos autónomos el funcionamiento del mecanismo.
La integran
la Unidad de Recepción de Casos y Reacción Rápida –que hoy es de 5 y se
proponen 10 integrantes- la Unidad de Evaluación de Riesgos y la Unidad de
Control y Seguimiento de las medidas -que aumentaría de 5 a 15, 4 de ellas al
menos expertas en derechos humanos y 4 en periodismo- , la Unidad de Enlace
Institucional, la Unidad Administrativa y la Unidad de Asuntos Jurídicos y
Transparencia.
Otros cambios
son que en el Fondo para la aplicación de las medidas podrá estar
representantes de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.
