Ninguna situación extraordinaria justifica iniciativa sobre PEF: PRI
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Sábado 25 de Abril de 2020 8:14 pm
+ -La bancada tricolor dijo que la iniciativa, propuesta por el Ejecutivo, fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que está en contra de que una persona decida el destino de los recursos.
El grupo
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de
Diputados aseguró que ninguna situación extraordinaria o de emergencia
justifica la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador, para
modificar por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF).
Al fijar su
posición, la bancada que encabeza René Juárez adelantó que no avalará ninguna
concentración y abuso de poder como se pretende hacer con la iniciativa de
reforma a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, con la
que se pretende la destrucción de los contrapesos al Ejecutivo Federal, mermar
la división de poderes y violar la Constitución. Refirió que el siguiente paso
sería la dictadura.
Cabe recordar
que este jueves, sin precisar recortes o aumentos a dependencias, el presidente
Andrés Manuel López Obrador envió su iniciativa para modificar el artículo 21
Ter. de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria para poder
modificar el PEF sin restricciones, en caso de que se presentan
emergencias económicas en el país.
En su
documento de seis hojas, explica que los "recortes" o
"reorientaciones" los hará cada dependencia y la Secretaría de
Hacienda concentrará los recursos para mantener la ejecución de proyectos y
acciones necesarios, ya que son prioritarios para la Administración Pública
Federal atender emergencias de salud y programas en beneficios de la sociedad.
Por esto, el
PRI aseguró que "ninguna situación extraordinaria, ni el pretexto de una
crisis económica, justifica la iniciativa del Ejecutivo Federal para modificar
por sí mismo el Presupuesto de Egresos de la Federación, ya que es facultad
exclusiva de la Cámara de Diputados".
La bancada
tricolor aseguró que con esta iniciativa de reforma, propuesta por el Ejecutivo
Federal, se fomenta la discrecionalidad del gasto y elimina facultades de
fiscalización de la Cámara de Diputados, por lo que el grupo parlamentario del
PRI está en contra de validar que una sola persona decida el destino de los
recursos de las y los mexicanos en situación de emergencia; estos actos sólo se
prestan para el mal manejo de los recursos, la arbitrariedad, la falta de
transparencia y el abuso de poder.
Incluso, cabe
señalar que la Ley ya establece el marco de actuación cuando se presentan estas
contingencias. La Secretaría de Hacienda tiene facultades para la aplicación de
normas de disciplina presupuestaria cuando disminuyen los ingresos; no se
requiere dotar mayores facultades a esa dependencia, por encima de las
responsabilidades legales de la Cámara de Diputados.
Por otra
parte, para el grupo parlamentario del PRI dijo que ningún "ajuste al
cinturón" del sector público debe violar los derechos de los trabajadores.
Preocupa la probable afectación a los derechos laborales de los servidores
públicos; hay que recordar que, el artículo 127 de la Constitución, establece
claramente que sus remuneraciones serán irrenunciables y determinadas
anualmente, por lo que es imposible disminuirla durante ese periodo.
"Este
inmerecido castigo a los servidores públicos es una verdadera injusticia, al
eliminar los aguinaldos de los trabajadores del sector salud, que son quienes
hoy están en la primera línea de batalla de la crisis sanitaria.
"La
disminución de ingresos afectará gravemente a las Entidades Federativas, y en
la iniciativa no se considera ni una sola medida de contención y apoyo a los
estados y municipios, por el contrario, se les quiere quitar el Fondo
Metropolitano que es detonador de desarrollo local", destacó la bancada.
El Fondo
Metropolitano ya cuenta con reglas de operación claras para que sus recursos se
destinen a programas y proyectos de infraestructura; de aprobarse la
iniciativa, se desviarían esos recursos al otorgamiento de créditos y apoyos,
podría dejar a un lado la cobertura constitucional del derecho a los servicios
básicos, infraestructura vial, movilidad urbana, espacios públicos, entre
otros.
