El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Movilidad, informa que la modalidad de motocicletas adaptadas, conocidas como mototaxis, no se encuentra incluida en la Ley de Movilidad Sustentable para el estado Colima, como una opción de transporte público. Mediante boletín de prensa, se informó que esto es debido a estudios técnicos nacionales e internacionales que especifican que la propia estructura física de la unidad representa un riesgo inminente para las personas usuarias. El estudio dice que el eje delantero es muy inestable, no cuentan con cinturón de seguridad y la velocidad que alcanzan es muy alta para la carencia de carrocería. De acuerdo a organismos internacionales como el Instituto de Recursos Mundiales (WRI por sus singlas en inglés), la inclusión de las motos adaptadas al sistema del transporte público genera mayores problemas que beneficios. Sobre la regularización de estas unidades motorizadas, WRI en su estudio Panorama del Mototaxismo en México, revela que “las experiencias internacionales demuestran contundentes impactos negativos sobre la seguridad vial, la salud, el medioambiente, la economía y la estructura social. Cabe mencionar que en los artículos 121 y 122 de la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima, se establecen los diferentes tipos de transporte público individual, que se divide en motorizado y no motorizado. En el primer grupo se encuentran el taxi convencional, taxi mixto, taxi ejecutivo, taxi estándar y taxi ecológico. En los no motorizados está la bicicleta pública y la bicitaxi. La Ley de Movilidad no contempla las mototaxis. Además, la Secretaría de Movilidad expone que las acciones realizadas por la dependencia, como operativos, se basan en la Ley de Movilidad Sustentable para el Estado de Colima. Al ser una unidad administrativa, la Secretaría se encarga de aplicar la Ley, mas no de modificarla, ya que esto es un trabajo del Congreso del Estado. Por lo anterior, mientras la Ley de Movilidad no considera estos vehículos, el Gobierno de Colima tiene la obligación constitucional de hacer valer el marco jurídico de la entidad.
_(1)2.jpg)
