Admiten demandas contra “decreto Nahle”
Lunes 13 de Julio de 2020 1:51 pm
+ -El pasado 2 de julio, Nacho Peralta afirmó que las decisiones de Sener y el Cenace atentan contra la salud pública y la transición a energías limpias
Un Ministro de la Suprema Corte de Justicia admitió hoy
controversias constitucionales de los estados de Jalisco y Colima para impugnar
la Política de Confiablidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema
Eléctrico Nacional (SEN), publicada el 15 de mayo por la secretaria de Energía,
Rocío Nahle.
El Ministro Luis María Aguilar, reiteró suspensiones para
congelar dicha política, tal y como hizo en controversias promovidas por el estado
de Tamaulipas y por la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En el caso de Colima, el Ministro también suspendió todos
los efectos y consecuencias del Acuerdo de 29 de abril del Centro Nacional de
Control de Energía (Cenace), por el cual se pretendió bloquear la interconexión
de nuevas centrales eólicas y solares al SEN.
Tanto la Política de Sener como el Acuerdo de Cenace han
sido suspendidos también, desde mayo pasado, por los dos jueces Especializados
en Competencia Económica, como parte de amparos promovidos por decenas de
empresas de energías renovables.
El gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro; y de Colima, José
Ignacio Peralta, ya habían advertido que acudirían a la Corte por este tema.
El 2 de julio pasado, Nacho Peralta afirmó que las
decisiones de Sener y el Cenace atentan contra la salud pública y la transición
a energías limpias.
Los Gobiernos estatales se basan en una invasión de Sener a
las facultades locales en materia de protección al medio ambiente, mientras que
Cofece sostiene que la Política de Nahle se entromete en su esfera de
atribuciones como órgano regulador en materia de competencia y libre
concurrencia.
De resultar fundada, la controversia de Cofece invalidaría
por completo la Política de Sener, mientras que las demandas estatales
probablemente solo tendrían efectos en sus territorios.
El trámite de las controversias usualmente toma más de un
año, aunque el Ejecutivo Federal puede solicitar trámite prioritario, que de
ser aprobado, reduciría a unos meses el tiempo para que se dicte sentencia de
fondo.
La Política de Confiabilidad sujeta a juicio, establece que
los permisos de interconexión que soliciten generadores de energía solar y
eólica pueden ser rechazados si se considera que las redes eléctricas están
saturadas o no tienen suficiente generación firme para darles respaldo.
Cámaras empresariales acusaron que el decreto es un ataque
frontal a la certeza jurídica para las inversiones, además de que favorece a la
Comisión Federal de Electricidad y perjudica a los consumidores mexicanos.
