De Lozoya a Duarte, así fueron las extradiciones de estos políticos
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Jueves 16 de Julio de 2020 5:32 pm
+ -Aunque alguna vez gozaron del poder varios ex gobernadores y funcionarios terminaron detenidos en el extranjero.
Al igual que
la extradición y comparecencia de Emilio Lozoya, ex director de Pemex, ante un
juez mexicano, las extradiciones y audiencias de los ex gobernadores de
Veracruz, Javier Duarte y de Quintana Roo, Roberto Borge, generaron mucha
expectativa en México por ser los primeros altos funcionarios acusados de actos
de corrupción en llegar a juicio.
La
preparación para la llegada de estos personajes no sólo ocurrió al interior de
las autoridades mexicanas sino también entre los medios de comunicación.
JAVIER DUARTE
En julio de
2017, el ex gobernador de Veracruz Javier Duarte fue detenido en un hotel de
lujo en Guatemala y a los pocos días inició su proceso de extradición.
En El Gran
Diario de México el fotógrafo Luis Cortés publicó la histórica foto del ex
gobernador tirado e impotente en una jaula móvil utilizada por la policía de
Guatemala para trasladar a los imputados.
Las
audiencias en Guatemala fueron transmitidas en tiempo real por internet e
incluso los periodistas de aquel país tuvieron oportunidad de entrevistar al ex
mandatario quien enfrentaba acusaciones por lavado de dinero y delincuencia
organizada.
De esas
entrevistas se hizo famoso el video de: "paciencia, prudencia, verbal
contingencia, dominio de ciencia, presencia o ausencia, según
conveniencia"; en el que se vio a un Javier Duarte despreocupado y casi
ajeno a lo que estaba por ocurrir.
El 17 de
julio a las 09:43 de la mañana las autoridades guatemaltecas entregaron
legalmente al ex mandatario a la Procuraduría General de la República (PGR) y
llegó a México en medio de un operativo de seguridad en el que también
participó la Policía Federal, alrededor del mediodía.
Al descender
del avión, el ex mandatario lucía una imagen diferente al look hípster
observado en las audiencias de Guatemala.
Sin barba y
sin copete estilo "hípster" se presentó con un rostro duro y serio
ante las autoridades mexicanas que le realizaron un examen para certificar su
estado de salud antes de ser trasladado al Reclusorio Norte.
Además, le
fue notificada la ejecución de la orden de aprehensión federal librada por el
juez de control Gerardo Moreno García.
A diferencia
de lo que ocurrió en Guatemala, en México los medios de comunicación estuvieron
limitados por las autoridades a no acercarse al imputado y a conformarse con
las imágenes difundidas por la PGR en las que se cubrió el rostro del ex
mandatario estatal para no violar su presunción de inocencia.
La camioneta
que llevó a Duarte al Reclusorio llegó al lugar a las 14:30 horas
aproximadamente desde donde se informó que casi al mismo tiempo llegó su
abogado Marco Antonio del Toro quien desde ese momento anunció que la jornada
sería larga.
El juez de
control fijó para su audiencia inicial las 17:00 horas de ese día para dar
tiempo a que Duarte ingiriera alimentos y se entrevistara con su abogado.
Más de 20
medios de comunicación esperaban entrar a la diligencia, razón por la que los
reporteros interesados hicieron guardia afuera del Reclusorio Norte desde las
12:00 horas para lograr entrar.
El Consejo de
la Judicatura Federal logró que el juez autorizara la utilización de una sala
alterna para garantizar el acceso a todos.
La audiencia
duró aproximadamente seis horas en las que la PGR expuso los datos de prueba
que tenía contra el ex gobernador para fincarle delincuencia organizada y
operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su abogado
Marco Antonio del Toro solicitó la duplicidad del término constitucional y el
juez fijó las 10:00 del sábado siguiente para continuar y permitir que la
defensa expusiera sus argumentos.
Javier Duarte
pactó con la PGR para llevar su procedimiento abreviado a cambio de una
sentencia mínima, para ello la Procuraduría modificó uno de los delitos que le
imputó de delincuencia organizada a asociación delictuosa.
El 26 de
septiembre de 2018, Duarte fue sentenciado a nueve años de prisión por lavado
de dinero y asociación delictuosa.
ROBERTO BORGE
En enero de
2018 México recibió al segundo ex gobernador acusado por conductas de
corrupción, se trató de Roberto Borge Angulo a quien la PGR imputó
"lavado" de dinero.
Borge fue
detenido en Panamá y luego de 214 días fue enviado a México dond lo recibió su abogado Antonio Collado.
Desde el
Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, a donde llegó el 4 de enero de
2018 a las 14:00 horas, Borge fue trasladado al Centro de Justicia Penal
Federal de Nezahualcóyotl, Estado de México donde desde una noche antes le
esperaban diversos medios de comunicación.
Esto, debido
a que el CJF informó que las instalaciones del Centro de Justicia únicamente
tenía capacidad para 10 personas dentro de la sala de audiencias y otras 10 en
la sala contigua a reserva de que el juez determinara que no permitiría el
acceso a medios de comunicación.
La fila
afuera del Centro de Justicia comenzó desde el 3 de enero a las 22:00 horas y
aunque la audiencia de Roberto Borge estaba programada para las 15:00 horas del
4 de enero, los policías que lo trasladaron se equivocaron de lugar y la
diligencia se retrasó para las 17:00 horas.
Al lugar no
sólo llegaron los abogados de Borge y medios de comunicación, la PGR envió un
equipo de más de 10 ministerios públicos para auxiliar a quienes comparecieron
y para observar la diligencia.
Más de 30
personas permanecieron paradas o sentadas en el piso y el de la sala contigua
habilitada por el CJF para los reporteros.
La defensa de
Roberto Borge pidió al juez decidir ahí mismo la situación jurídica de su
cliente lo que resultó en que la diligencia durara 16 horas.
Aproximadamente
a las 7:00 horas, la audiencia terminó con el ex gobernador de Quintana Roo
vinculado a proceso por "lavado" de dinero de un desvío millonario
que según la PGR se calculó por más de 900 millones de pesos, mayor al
presupuesto anual de 2017 asignado al pago de nómina de los 273 mil elementos
de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Su juicio no
ha logrado avanzar debido a que existe un amparo pendiente de resolución en el
que su defensa impugnó la vinculación a proceso.
